Huracán de vanidades

La perfección no existe, qué duda cabe, ni en lo social (colectivo) ni en lo humano e individual. El fin de vivir en comunidad es ser feliz y cuidar la armonía y la paz social, quien la rompe merece un reproche adecuado, en materia penal el Estado ejerce la acción punitiva con estándares que implican respeto irrestricto a la ley y los principios que subyacen al ser un representante de la acción punitiva estatal. Un fiscal debe ser un ejemplo en ello, ni más ni menos, y debe ejercer su acción como un servidor público con intelecto y sencillez.

Desde hace algunos días tenemos nuevos dirigentes en la Asociación de Fiscales de Chile, el suscrito –entre otros– ha dado un paso al costado, dejando la actividad gremial luego de más de una década. Ha coincidido aquello –literalmente– con el verdadero huracán de vanidades que algunos han puesto sobre la mesa para denostar a un colega o a determinada autoridad. Desde tiempos remotos la abogacía, como la otrora profesión más antigua, no han tenido la mejor fama, se dice que quien jura o promete como abogado posee un orgullo y una alegría que solo su madre comparte.

En esta profesión están los intelectuales, los obreros del derecho y los carroñeros jurídicos, aquellos que son capaces de vender a la propia pareja por conseguir algunos pesos más en una cuenta corriente. Hay otros que tenemos cierta vocación, que estamos orgullosos de ser abogados y muchos nos honramos de ser servidores públicos. En nuestra carrera gremial tuvimos sinsabores y a ratos discrepancias insalvables con nuestras autoridades, pero ahí, siempre primó la máxima de toda entidad que se precie de tal: “Nadie, ningún fiscal, es más importante que la Fiscalía». Y ninguno tiene derecho a zaherir su honor y se observa claramente el dolor de ver expuestos nuestros símbolos de probidad y rectitud, con pena, rabia y malestar.

Más de setecientos fiscales en todo Chile hoy lo padecen en silencio. Hemos tenido que bajar la cabeza en signo de congoja y es hora de que la levantemos, nadie merece, de nuestros centenares de colegas a lo largo del país, que sean juzgados por el descriterio de algunos, máxime si las motivaciones son estrictamente personales.

No es interés del suscrito dar reglas de solución, pues en una República madura aquello les cabe a las autoridades constitucionalmente facultadas para ello. Solo puedo decir que la tristeza es el corolario de la pena de centenares de colegas (hombres y mujeres) que injustamente han visto mancillado el honor de ser fiscal; personas que, en cualquier parte del país, litigan por y para la comunidad, con angustias personales por no poder llegar con el mejor insumo probatorio en un sistema que Chile se ha dado y donde, a altas horas de la noche, nuestras colegas se retiran y muchos llegan al alba o sacrifican fines de semana, con estudio y empeño, no para que un par de letrados se saquen los ojos en nombre de una supuesta justicia, arrastrando a una institución que ha estado y estará en favor de la comunidad.

Hoy por hoy, tenemos pena y tristeza en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que la herida ha de cicatrizar con dolor y sacrificio, pero también entendemos que desde nuestra trinchera interna se entregó a quien quisiera oír, por doquier, reyertas personales y egos que solo buscan un triunfo individual y no colectivo. Los 747 fiscales estamos todos trabajando por un Chile mejor, litigando por nuestras comunidades, actuando con probidad y transparencia, con rectitud y lealtad al país, porque no hay nada más hermoso para un abogado que luchar por la justicia con las armas más nobles que da la ley y el derecho. El resto es música que no queremos escuchar.

Debemos ser, antes que todo, servidores públicos. Entre las labores que un abogado puede realizar en el marco del sistema penal, está la de transitar por la vereda de las víctimas, buscando justicia, lo que coloquialmente se llama “el lado bueno” del rubro y esto se materializa al ser fiscal del Ministerio Público. Representando los intereses de la comunidad, un letrado aboga técnicamente por otro, donde el fin es aplicar el mandato social y ser un representante de la sociedad, buscar el justo reproche para quien ha infringido la norma.

La acción de los fiscales ha de enmarcarse en determinados principios, entre ellos, la probidad y la legalidad, también la sensatez y la prudencia. El persecutor del Estado debe actuar con cordura y especial celo, comprometido con los valores superiores del país, afectivamente neutro, ha de dar cuenta en su conducta ministerial que no posee banderas propias que le resten objetividad, ha de ser prudente en sus opiniones que pudieren coartar las acciones en las materias que trata, ni ha de comentar detalles respecto de casos que están en la órbita de sus labores privativas, pues ejerce por mandato legal el monopolio de la acción penal y ello de suyo es una gran responsabilidad.

Ello, empero, no implica que –respetando la máxima constitucional de manifestarse en “términos respetuosos y convenientes”– no puedan abordarse diversas materias –siempre respetando el principio de jerarquía y autoridad–, sobre todo las que desarrollan conforme a la ley. Tal opción debe ser ejercida con madurez, discreción, sabiduría y mucha responsabilidad, es una forma de dar cuenta del derecho humano a la libertad de expresión que enriquece a una sociedad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la “libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”. Por otra parte, no basta la frase “compromiso con el servicio público”, el Estado debe proveer sus cargos con respeto a la igualdad de oportunidades y sin hacer uso de prebendas u otros medios, ni informar de falsas situaciones que no existen salvo en la adulación fácil de los escoltas del poder de turno.

Hay quienes han asumido algunos cargos sin conocer el giro de la actividad y van demostrando en sus acciones la falta de calidad moral y profesional para el rol. Callar frente a ello y tolerarlo, también es una forma de faltar a la probidad. En esto no debe tampoco existir “vista gorda”, la tarea de las asociaciones gremiales es más que relevante, ya que muchos seres humanos, en la medida que algo no les afecta, decaen en su interés.

Una sociedad no solo debe buscar reglas de conducta para solucionar conflictos, también ha de establecer mínimos estándares de probidad y premiar el esfuerzo de millares de personas que, careciendo de vínculos sociales o familiares, logran superarse en la vida. Un verdadero Estado de derecho democrático, asegura que las individuos tengan iguales oportunidades para desarrollarse, siendo el mérito, y no otro concepto o linaje, el vehículo de movilidad social, con la bandera de la justicia unida al respeto a la autoridad y la sensatez a la hora de manifestarse, recordando que, en el caso del Ministerio Público, nadie es más importante que la Fiscalía de Chile.