Opinión
Crédito foto: Revista Santiago
Rosabetty Muñoz es una profesora de castellano de la ciudad de Ancud, en la isla de Chiloé, que viene escribiendo y publicando poesía desde inicios de los años ochenta. Su nombre suena como posible galardonada para el premio nacional de literatura de este año.
En una entrevista reciente señaló que después del 18 de octubre de 2019 sintió un remecimiento profundo de su armonía vital. El estallido social la empujó a entender, abruptamante, a sus 60 años, que este era su tiempo, un instante irrepetible en que a pesar del dolor y la miseria que percibía en la convivencia nacional, era el momento preciso para hacerse las preguntas centrales de la vida y hacer un ejercicio de revisión personal y abrirse a lo nuevo.
Es a propósito de esta bella idea que vale la pena preguntarse acerca de si querrá Chile verdaderamente hacerse las preguntas críticas que están pendientes de respuestas atrevidas e inteligentes después de octubre del año pasado con respecto a las prácticas y el modo profundo de la calidad de la convivencia urbana en el país.
Es urgente saber si tendremos el arrojo de hacer el ejercicio de revisión personal y colectivo para sostener las conversaciones incómodas necesarias para dar respuestas urgentes a la desigualdad territorial que por acción u omisión ha promovido el Estado y sus políticas que han dado como resultado una ciudadanía de segunda clase para los habitantes de vastas áreas de las ciudades del país. Hoy apremia ser creativos y audaces para elaborar respuestas plausibles para muchísimas familias que intentan vivir allí en donde campean el estigma criminal, el empleo esquivo o inexistente, los servicios públicos deficientes, el espacio público degradado, la carencia de vivienda digna, la ausencia de áreas verdes o el descuido ofensivo de estas, las modalidades de transporte ineficientes e humanas, los gobiernos locales que funcionan con lógicas abusivas y clientelares, el acceso a educación y cultura denegados, la violencia y los modos de acción social del narcotráfico que generan más cohesión de la que es capaz de ofrecer el Estado, la relación con las fuerzas policiales absolutamente podrida, etc.
Por lo tanto, transparentar y construir colectivamente cuál será la orientación que las nuevas políticas públicas de planificación y desarrollo urbano habrán de tener para hacer frente adecuadamente a lo que quedó al descubierto con una brutalidad inusitada desde Octubre del año pasado – y que la actual crisis sanitaria no ha hecho más reforzar –, es insoslayable.
Algunos de estos temas se comenzaron a discutir desde Diciembre del año pasado en el seno del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU). La discusión dio origen a una Agenda Social Urbana cuyo resultado fue proponer algunas medidas destinadas a promover mayor equidad urbana e inclusión social, entre las cuales la más respaldada fue apoyar el proyecto de Ley de Integración Social del gobierno (actualmente en discusión en el Congreso Nacional). Huelga decir que algunos actores con voz en la discusión sobre ciudades consideran que este proyecto de ley no constituye la vía adecuada para resolver la segregación social y urbana de nuestras urbes pues yerra el foco al poner el énfasis en los mecanismos de mercado como medio para la integración social otorgando incentivos que no se vinculan a una obligación para los actores ni a una meta en términos de integración social para las ciudades.
Recientemente, el mismo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha convocado y organizado dos nuevos grupos de trabajo relativos a los temas de ciudad; uno, denominado grupo de trabajo “Ciudad y Cambio Climático”, y el otro, denominado grupo de trabajo “Regeneración Urbana y Reactivación Económica”. Ambos grupos se encuentran debatiendo para formular sus propuestas.
A lo anterior se debe sumar que desde marzo de 2018 se encuentra funcionando una iniciativa de inversión pública denominada “Fondo de Infraestructura” de miles de millones de US$ que se encuentra organizada bajo la modalidad de una sociedad anónima estatal. Su misión es desarrollar proyectos de infraestructura pública que apunten a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El principal aporte a este fondo millonario lo constituyen los bienes nacionales de uso público y bienes fiscales, como rutas y carreteras, es decir al valor económico de los bienes que pertenecen a todos los chilenos y chilenas, que la autoridad ha decidido concesionar a privados generando flujos de dinero que permitirán hacer nuevos proyectos. Este fondo cambió de nombre y hoy se llama “Desarrollo País”, pero se supone que el foco sigue siendo el mismo: dotar a la población de infraestructura que promueva la equidad.
Entre los entendidos se discuten por estos días muchas ideas nuevas que apuntan a saldar una injusticia histórica sufrida por la inmensa parte de la población urbana del país, aquellos grupos comprobadamente olvidados por la planificación urbana de Chile que en su mayoría no gozan la ciudad, sino que apenas la sobreviven. Muchas de estas propuestas suenan verdaderamente magníficas: la ciudad de los 15 minutos, materialización de infraestructura multimodal para facilitar y democratizar la movilidad, adaptar la ciudad con criterios de diseño para que acoja la vida saludable, propugnar una densidad equilibrada, inversión pública en proyectos con mixtura social, servicios públicos básicos (salud y educación) de escala media, implementación de soluciones urbanas basadas en la naturaleza, materialización de equipamiento barrial perdurable, oferta de vivienda social en propiedad y en arriendo digna y bien localizada, disponibilidad amplia de bienes públicos de carácter urbano que al mercado no le interesa satisfacer, espacios públicos sensibles a las peculiaridades de la tercera edad, el género, los pueblos originarios, los migrantes, la discapacidad y los niños, etc.
Es pertinente entonces hacerse la pregunta relativa a si las todas y cada una de las importantes incitativas que el Estado está actualmente propiciando (Agenda Social Urbana, grupos de trabajo sobre “Ciudad y Cambio Climático” y “Regeneración Urbana y Reactivación Económica” – todos estos del CNDU –, fondo de infraestructura “Desarrollo País”, proyecto de ley de Integración Social, etc), que necesariamente conllevan una cantidad enorme de dinero público para ser invertido en mejor ciudad, apuntan o no verdaderamente hacia hacerse cargo de una buena vez y en serio de la realidad urbana de país para desactivar esa verdadera fábrica de desesperanza instalada en el territorio.
Es a raíz de lo dicho anteriormente que hoy es legítimo y acuciante plantear lo siguiente: ¿Está presente en la agenda de los actores fuertes que articulan y animan las instancias mencionadas seguir haciendo más de lo mismo para profundizar la brecha que separa en el territorio de nuestras ciudades a unos chilenos con otros? ¿Buscan las iniciativas aludidas fundamentalmente proponer más subsidios, más localización de vivienda social en la periferia de las ciudades, continuar consumiendo suelo rural que expande la ciudad hasta la ingobernabilidad, persistir en el fallido modelo de desarrollo con condiciones, continuar su obsesión con las áreas metropolitanas abandonando a su suerte las ciudades intermedias y menores, ofrecer incentivos para la inversión urbana que el promotor inmobiliario siempre encuentra la manera de burlar transformando el mecanismo en un multiplicador de beneficios que captura para si malogrando el objetivo de hacer mejor ciudad para todos, seguir construyendo infraestructura pública mayoritariamente para la industria y el capital, continuar hipnotizados felicitándonos con las planillas Excel que contienen el detalle de los metros cuadrados construidos y las toneladas de cemento y fierro que ponemos en carreteras urbanas y edificios, persistir en que la principal vocación de nuestras ciudades es ser siempre y más “innovadoras”, “competitivas”, “inteligentes” y “las mejores que otras para hacer negocios”?
O podría ser aún peor. Podría ser que por una parte las instancias involucradas en el tema anuncien con satisfacción que se van a introducir cambios sustanciales en la manufactura duradera de nuestro entorno construido pues finalmente han sido advertidas las brechas vergonzosas que existen en la vida urbana del país. Pero por otra parte, que las decisiones determinantes de la autoridad evidencien justamente lo contrario; es decir que una vez más alguien se saldrá con la suya para que el Estado y sus actores sigan introduciendo algunas modificaciones aquí, ciertos subsidios allá, incentivos un poquito más acá para que el mercado y la reconocida sabiduría de sus representantes tradicionales relativa a qué es lo que verdaderamente necesitamos vuelva a vendernos ese viejo producto ya conocido que, con un nuevo envoltorio, contiene todos los atributos del hábitat urbano que dada nuestra ubicación en la escala social nos merecemos. Si eso ocurre, aparte de ser una farsa repugnante, nos estaríamos farreando imperdonablemente nuestra posibilidad de construir las ciudades del país que la mayoría de los/as chilenos/as queremos.
Se nos viene en los próximos meses un proceso constituyente inédito para Chile. Lo que está en juego es convocar a toda la ciudadanía a participar y construir un ideario compartido que refleje muestro nuevo contrato social para los próximos 50 o 100 años. Si nuestras propuestas para mejorar la calidad de vida y construir ciudad siguen ancladas en los paradigmas de un pasado muy reciente, el proceso político que deseamos llevar adelante con resultados de más largo aliento para todos los habitantes del país está rotundamente destinado al fracaso, pues es en los barrios desventajados de municipios de clase media, en las extensas agrupaciones de vivienda social, en las comunas populares y en la ciudad olvidada del país en donde la gran mayoría de la población hace carne y vive los resultados de los arreglos de la política, de toda política, no solo de aquella específicamente urbana.
Como ha quedado en evidencia, el tema de la ciudad está en el corazón mismo de la política. La ciudad es por definición política porque el uso y la función del espacio están inextricablemente unidas al poder. De ahí que el debate abierto y transparente sobre cómo utilizar ese poder para convocar o por el contrario confundir a la audiencia sobre el quehacer y los objetivos que entraña construir ciudad para todos es tan crítico en el actual estado del debate público nacional.
En un libro de conversaciones con poetas chilenos destacados Rosabetty Muñoz decía que “hay un sujeto poético que se hace cargo de una historia despedazada y siente que en la palabra es posible una reconstrucción que no sea el remedo de lo que fue, sino un nuevo orden enriquecido; la memoria está compuesta no solamente por lo que realmente ocurrió, sino también por lo que uno quisiera que hubiera sido”.
Hoy es el momento de construir ciudad nueva en Chile.
