Opinión
Palabras con marcada connotación negativa, tales como “peligro”, “delincuencia” o “amenaza a la estabilidad de Chile”, vienen siendo usadas en forma reiterada por el Gobierno y sus autoridades a la hora de referirse a los inmigrantes. Este cargado enfoque es recogido sobre todo por la TV, reforzando a través de titulares de dudosa objetividad, un potencialmente dañino sentir: “Preso extranjero dedicado al microtráfico” –se afirma–, como si los detenidos por esa causa fueran preferentemente foráneos o se tratara de algo que los connacionales no realizamos en absoluto.
Por eso es tan importante conocer y comprometerse con una perspectiva de respeto a los Derechos Humanos, que son intrínsecos, sin excepciones; no solo cuando conviene o agrada hacerlo, sino en un sentido mucho más profundo: el reconocimiento del otro como persona, cuyos derechos deben ser respetados, y así su dignidad, por su sola condición humana.
Hace una semana, el abogado Francisco Cox presentó un informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en relación con el caso de Venezuela, y en una entrevista en Canal 13 recalcó que “la gracia de los DDHH es que se defienden con independencia del color político”, debido a su carácter universal e imprescriptibilidad, por lo que no deben usarse como una táctica política a conveniencia de partes. Asimismo, advirtió que vivir en un régimen democrático no garantizaba el respeto a los DDHH en sí, pues “todos los regímenes que operan bajo la idea de superioridad moral, tienden a invadir, traspasar límites, financiar golpes de Estado, etcétera, y todo eso nos trae muy malos recuerdos”.
Como sabemos, Chile adhirió hace ya varias décadas a la Declaración Universal de los DDHH, además de otros pactos y tratados del mismo orden y, por lo tanto, nuestro país reconoce que “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en (esa) Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (art. 2°). Ello significa que todos los estados firmantes se comprometieron a adoptar acciones “hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en articular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.
Más aún, dentro de los tratados en DDHH que Chile ha ratificado se establece que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar, la alimentación, la vivienda, la educación, el trabajo y otros derechos considerados básicos para la vida. Y muy particularmente, la igualdad ante la ley. Esto significa, entre otras cosas, el no ser arbitrariamente detenido o procesado, el derecho a la presunción de inocencia, además del derecho a ser oído por tribunales independientes e imparciales.
¿Pero cuánto se respetan la igualdad y la dignidad cuando se trata de personas inmigrantes? Al parecer en los últimos años, en nuestro país, poco. Hemos sido testigos de cómo, en particular la Subsecretaría Interior –de la que depende gran parte de la política sobre inmigración–, ha estado abocada a separar o categorizar distintas “clases” de inmigrantes, en vez de crear e implementar políticas comprometidas con usar “el máximo de los recursos (…) para lograr la plena efectividad” de esos derechos a los que adhirió Chile.
Hace una semana justamente, el diario La Tercera publicaba: “Gobierno decide expulsar a 53 extranjeros detenidos en la crisis social”. En la nota se explicaba que a un 68% de los extranjeros que fueron arrestados por saqueos a supermercados y tiendas, se les decretó la expulsión del país; mientras que, por los mismos delitos, a los connacionales se les decretó prohibición de acercarse a lugares, acercarse a las víctimas, o arraigo en territorio nacional, entre otras medidas. Una evidente asimetría.
El ser humano, desde que existe, se mueve de un territorio a otro. Esa ha sido una constante en la historia de la humanidad. Y esa movilidad o desplazamiento es lo que ha permitido alcanzar los niveles de desarrollo que muchos en el mundo, lamentablemente no todos aún, pueden disfrutar. La reciente globalización ha acelerado ese proceso, donde las mercaderías sí que gozan de libre tránsito, pero no así las personas.
Este doble estándar economicista, cuya primicia recalca el libre tránsito para el comercio, pero no para los seres humanos, ha desembocado en una máxima que desconoce al otro como un igual en dignidad y lo ubica como “un algo” en el que confluyen varios males propios de las mismas sociedades que los señalan convenientemente como culpables. Sin embargo, esa idea entraña un peligro de discriminación, y por qué no decirlo, de potencial racismo.
Pero si hablar de DDHH y de dignidad humana para algunos pudiese resultar lejano, baste con subrayar que –según la información del Servicio Jesuita Migrante, basada en la Dirección de Presupuesto–, la población extranjera aportó cerca de 397 mil millones de pesos por concepto de pago de impuestos y multas el año pasado; mientras que el Estado realizó transferencias monetarias directas por solo 17.744 millones. Esto es, los inmigrantes aportaron 22 veces más de lo que se gastó en ellos. Así, nuevamente, el problema de fondo nos lleva a una discriminación y política desigual en ciernes.
Por lo anterior, no debe extrañar que el Centro de Estudios Públicos (CEP) haya decidido lanzarse a la piscina y desmitificar las pesadas etiquetas que se le han venido colocando al proceso migratorio en Chile, agregando un nuevo capítulo fundamental a su libro Migración en Chile, una mirada multidimensional, en el que se leen algunas importantes conclusiones.
Frente a la pregunta CEP de si “los migrantes elevan la criminalidad”, esa cifra crece de un 37% a un 43%, entre 2003 y 2017 (año en que la inmigración aumentó significativamente en el país). Ello equivale a pensar que se está instalando esa percepción negativa. Pero, en contraste, el análisis estadístico de distintas bases de datos de imputados y condenados revisadas muestra que solo 2,57% del total de extranjeros son condenados; es decir, de cada 100 extranjeros en Chile, menos de 3 son condenados por algún delito. Y para quienes desconfíen de la efectividad de la justicia nacional, valga señalar que –de ser cierto–, ella sería, en tal caso, poco certera para todos por igual.
El estudio recalca que en el único delito donde hay mayor presencia de foráneos es por Ley de Drogas, específicamente en el Norte Grande. Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que “la representación de extranjeros (en este delito) muestra una tendencia a la baja en todo el país y también en el Norte Grande”.
Por eso, se puede inferir, siguiendo los resultados del CEP, que también se produce una discriminación en el respeto a los DDHH de los inmigrantes. El caso de la aplicación de la prisión preventiva no puede ser más ilustrativo: por delitos vinculados a las drogas, se muestra que al 2017 la prisión preventiva se decretó en un 80% de los casos que involucraban a extranjeros, pero solo en un 30% de ellos al tratarse de connacionales. En delitos sexuales, el 50% de los extranjeros quedó en prisión preventiva, mientras que por igual razón solo al 25% de los chilenos se le impuso esta medida. Y como guinda de la torta, en delitos económicos y tributarios, el 15% de los extranjeros quedó en prisión preventiva y apenas cerca del 2,5% de los nacionales lo hizo.
Es peligroso construir un cerco de discriminación en torno a la inmigración: ya vemos sus consecuencias en Europa que, por cierto, enfrenta un fenómeno mucho más masivo y complejo que el nuestro. Pero lo es no solo por “buenismo”, sino por lo desolador que resulta la no promoción y defensa de los derechos fundamentales de toda persona sin excepciones. Finalmente, nadie abandona feliz su país, sometiéndose a una dura incertidumbre, dejando a los suyos y todo aquello que reconoce como propio, solo por la frívola idea de hacer “turismo laboral”, como creen algunos.
