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Contra el medio ambiente

por 24 diciembre, 2020

Contra el medio ambiente
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Los ruidos urbanos están regulados, entre otros, por el Decreto 38/2011, dictado por Ministerio del Medio Ambiente. Esa norma contiene aspectos positivos que, con voluntad política, permitirían disminuir notablemente los ruidos de las zonas urbanas sin reducir las actividades económicas. Esa regla prohíbe los ruidos impropios de una ciudad, a fin de tolerar los propios de la vida doméstica y de las actividades laborales urbanas. El Decreto 38 protege la vivienda, la salud y el trabajo. Sin embargo, desde el ministerio encargado de ponerlo en práctica, no se ha hecho. ¿Por qué?

Porque desde allí se ha pretendido sustituir justamente las dos palabras en que se sustenta la fuerza jurídica del Decreto. Dos vocablos cambian todo: donde la norma dice “propio”, la subsecretaría ha interpretado “para”; donde dice “vivienda”, interpreta “patio”.

Con el trastrocamiento de esas dos palabras, se elimina todo límite a los ruidos. La subsecretaría desatiende al Código Civil, que impide sustituir palabras y obliga a respetar su sentido natural y obvio de una ley, aunque sea odioso. Los consecuencias de su doctrina son lamentables. Un ejemplo: conforme con ella, un motor de explosión, sin silenciador, y que emite en promedio 107 dB (produce daño al oído), sería admisible cotidianamente en la ciudad.

Los ruidos propios de la ciudad son los de la coordinación oral del trabajo y teletrabajo, del murmullo de un motor con silenciador, de la conversación familiar, de los platos y de las sartenes de las cocinas, de las reparaciones domésticas –no industriales–, de la algarabía de las fiestas, de los gritos que alientan a los deportistas, del trino de tordos y zorzales, del paso de las páginas del libro más apreciado, de los bebés, del piano en una habitación aislada, de los teclados informáticos, de las clases por teleconferencia: esos son los ruidos laborales y domésticos para la ciudad y propios de ella.

En cambio, son impropios de una ciudad los estruendos que impiden la coordinación entre quienes trabajan o teletrabajan, son impropias las trepidaciones de demoliciones y construcciones que ya no permitan estudiar, leer o crear, es impropio que en las tiendas a la calle los vendedores tengan que hablar a gritos, que los truenos de motores sin silenciador ensordezcan, que los parlantes de un bar se escuchen a trecientos metros en la madrugada: es impropio de un ministerio subvertir una ley para mantener un flujo insalubre y continuo de ruidos urbanos.

Esa política esconde la decisión de expulsar de la ciudad a sus habitantes y así despejar los lugares con más servicios para grandes empresas, instaladas en inmuebles estúpidos, como son aquellos en que por el ruido externo no se puede abrir la ventana y requieren ventilación mecánica, con los consiguiente costos ambientales. La subsecretaría nos lo dice claramente: ¡fuera los habitantes!

La sustitución de esas dos palabras es el infortunio de trabajadores y clases medias. Basta preguntar a los obreros que trepidan los muros con el cango y perdieron la audición, a los colegiales que fracasaron en sus exámenes porque el estruendo del negocio inmobiliario les impidió estudiar, basta con interrogar al alza de horas médicas en los consultorios por estrés, a los jardineros con motosopladoras de hojas que se están volviendo sordos, a los desprotegidos conductores de pizza-motos cuyos oídos comienzan a fallar, a los profesionales insomnes por el bar cercano, a convalecientes y discapacitados que, desde su camas, sin poder levantarse, han de soportar golpeteos que dañan a sus oídos e impiden la recuperación. Hay falta de sensibilidad social en la sustitución de esas dos palabras.

Nada, ni en el Decreto, ni en leyes adyacentes, ni en las actas de tramitación, permite transformar “propio” en “para” y “vivienda” en “patio”. Es pura arbitrariedad, puro empobrecer a la ciudad. Se dirá que una palabra no importa, pero no es así. No equivale un Ministerio del Medio Ambiente a otro Contra el Medio Ambiente.

¿Qué ministerio es aquel que, impropiamente, cambia el texto de la ley para anular la protección a la vida urbana ofrecida por el Decreto 38 de 2011? ¿Qué negocios son aquellos que valen más que la salud y la vida? ¿Qué “crecimiento” se  busca? ¿De qué, de quién?

Las palabras que la ley le ordena obedecer no son intercambiables; la voluntad de una subsecretaría se opone a la del país. Recientemente, la Contraloría General de la República ha dado la oportunidad a la subsecretaría de enmendar el error. Es necesario que se pueda trabajar y vivir en la ciudad. Señor subsecretario, acepte el ofrecimiento de la Contraloría, silenciosamente. Cese de substituir palabras en la ley.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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