Opinión
A raíz de los incendios forestales, una de las discusiones que ha cobrado fuerza es el debate que busca prohibir el emplazamiento de proyectos inmobiliarios y empresas de diversa índole en terrenos siniestrados. Es así que la semana pasada un grupo de senadores presentó una moción legal que pretende prohibir por 50 años el cambio de uso de suelo donde hubo bosque nativo siniestrado, tal como ocurre en países europeos.
Si bien no existe evidencia sobre la intencionalidad de quema de predios para su posterior compra, es cierto que luego de un incendio forestal, la tasación de un terreno puede variar hacia la baja, lo que, sin duda, beneficia al comprador. Por este motivo, es importante avanzar en regular el cambio de uso de suelo, pero además impulsar el desarrollo de políticas públicas preventivas con una mirada multifactorial.
En esa línea, es sustancial que se aborde el enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático, que incluya una real planificación para recuperar o restaurar ambientes naturales y así frenar el avance del desierto que se presenta en Chile central. Otro aspecto es la regulación de los espacios periurbanos. El aumento en la demanda de vivienda provoca el establecimiento de casas en espacios –muchas veces– no regulados, donde familias emplazan sus hogares a orillas de predios colindantes a matorrales, plantaciones y bosques, lo que propicia el riesgo frente a incendios y, con ello, una tardía respuesta de los equipos de rescate.
Por otro lado, las empresas agrícolas y forestales deben contribuir, de manera obligatoria, en la combinación de plantaciones con vegetación nativa, para así romper la homogenización del paisaje y contribuir con el retardo en el avance de los incendios forestales. Un aspecto importante, dadas las características de retención de humedad que presenta este tipo de vegetación frente a los monocultivos.
En la misma línea, el Estado debe aumentar el control y fiscalización para la implementación de vegetación nativa en al menos 30 metros desde la orilla de ríos, quebradas y cuerpos acuáticos. Esta medida contribuye a la protección de los recursos hídricos, evita erosión, propende a regular microclima, incluso el establecimiento y desarrollo de corredores biológicos y generación de diversos servicios ecosistémicos.
Por su parte, los municipios deben generar ordenanzas que regulen el traslado de “la urbe” hacia sectores rurales. Las familias deberían respetar el diseño predial considerando los trabajos de zonas de interfaz que genera Conaf.
La utilización –de forma directa o indirecta– del bosque como medio de calefacción es otra de las causas que aumenta la presión de uso y con ello el deterioro de espacios boscosos. Por este motivo, hay que definir –de forma responsable– qué entendemos por energías limpias. Categorizar a los pellets para la combustión como una energía renovable a la par de la energía solar, es un error.
Desde Conaf, se podría impulsar el establecimiento de brigadistas permanentes, quienes –en los meses libre de incendios– podrían apoyar las labores de prevención, como por ejemplo, los trabajos en zonas de interfaz.
Por último, es necesario propiciar espacios de educación ambiental en los distintos niveles de educación actuales, donde se aborden temas relacionados con los impactos y prevención de los incendios forestales.
En un escenario global donde los megaincendios y su magnitud aumentan año tras año producto de la acción humana y la incidencia del cambio climático eleva los factores que inciden en la ocurrencia, debemos impulsar con mayor ímpetu la educación y concientización hacia la ciudadanía y así propender a tener toda una comunidad informada y preparada frente a estos desastres.
