Opinión
“Necesitamos mejorar la trazabilidad” ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Y es que la pandemia -que parece no tener intenciones cercanas de terminar- nos ha puesto ante la necesidad urgente de desarrollar herramientas para frenar su propagación. Una de ellas es la ya mencionada trazabilidad y el uso de tecnologías, fundamentalmente asociadas a los teléfonos móviles, como una aliada para combatir el virus. Esta idea no es nueva, surgió a propósito de la influenza H1N1 y se ha vuelto a instalar como una posible ayuda en el control del Covid-19.
Existen varios ejemplos en el mundo: las aplicaciones WeChat y Alipay, que son originalmente plataformas de pago, están siendo usadas para el combate de esta pandemia, o bien las aplicaciones Trace Together, de Singapur; Aarogya Setu, de India; NHSX, de Oxford; o CovidSafe, de la Universidad de Washington. Las diferencias entre una y otras radican en si almacenan o no cierta información, cómo la localizan; si la guardan de manera centralizada o descentralizada; si la app es de uso voluntario u obligatorio; la tecnología usada, entre otros.
En Chile, la legislación establece que los datos recopilados, registrados y utilizados por este tipo de tecnologías son personales y sensibles, y están protegidos por la ley. Por otra parte, se puede interpretar que el uso de estas aplicaciones implica atención en salud, lo que obligaría al uso del consentimiento informado. Pese a lo anterior, este marco normativo es insuficiente para brindar una protección robusta a la privacidad, pues no establece un orden claro para estas tecnologías ni una protección jurídica relevante de la privacidad.
Con el propósito de orientar los procesos de deliberación sobre si aplicar o no una política pública de estas características, en nuestro artículo “El valor de la privacidad en el combate al COVID-19 en Chile: análisis de las tecnologías de trazabilidad”, publicado por el Centro de Políticas Públicas UC, proponemos a la autoridad realizar un análisis en tres niveles. En el primero de ellos, sugerimos hacerse preguntas sobre la utilidad de este tipo de herramientas y considerar si es proporcionado o no en el contexto actual respecto de los riesgos que atañe. En segundo lugar, hay que cuestionarse sobre la viabilidad política de este método de trazabilidad. Es decir, revisar si existe una legislación robusta que aplique a estas tecnologías, analizar si hay un estado de derecho que garantice la separación de poderes, que las acciones de los poderes públicos se encuentran sometidas al derecho y al control de las instancias respectivas, y considerar la necesidad de una estabilidad política que permita contar con un marco institucional que funcione y regule la vida social de manera óptima.
Por último, proponemos detenerse a revisar ciertas cuestiones prácticas de la aplicación en cuestión: si será voluntaria o no, si es transitoria o permanente, si los datos son anónimos, si se solicita consentimiento para el uso de la información, entre otros.
En cualquier caso, se requiere que la autoridad satisfaga dos requerimientos éticos: en primer lugar, la promesa de mantener la confidencialidad de los datos; y, por otro lado, asegurar que los derechos puestos bajo excepción se restaurarán una vez que finalice el estado de emergencia. No está de más insistir en que aquí está en juego la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones públicas, la cual hoy está lejos de los niveles óptimos.
Fernando Arancibia-Collao, Facultad de Filosofía UC
Ernesto San Martín, Facultad de Matemáticas UC
