Opinión
La nueva Constitución de Chile regirá, si fuere aprobada en el plebiscito de salida, en el contexto de lo que se ha denominado la Cuarta Revolución Industrial. Lo anterior -sin duda- es una tremenda oportunidad para acelerar la transformación digital y modernización, especialmente del Estado de Chile, y así poder cumplir con las altas expectativas ciudadanas y demandas sociales existentes. Surge en consecuencia, la necesidad de explorar que materias, derechos o principios podrían incorporarse en el texto constitucional o servir de fundamento para la elaboración y consagración de la nueva Constitución.
Con una economía cada vez más digital, creemos necesario un compromiso renovado con la educación y las habilidades digitales. Tenemos que garantizar que los sistemas para la preparación, capacitación y reentrenamiento de la fuerza de trabajo actual y futura aseguren la inserción de los trabajadores en el Chile del futuro. Según la OCDE, solo un 6% de la población tiene las habilidades necesarias para enfrentar los cambios tecnológicos que se presentan, y un 42% de la población general ni siquiera tiene las habilidades básicas. En los próximos cinco años, estimamos que la fuerza laboral global puede absorber alrededor de 149 millones de nuevos empleos orientados a la tecnología.
Respecto de la conectividad aún existen grandes brechas en nuestro país, mientras en zonas urbanas la conectividad llega a un 76,1% de la población, en zonas rurales sólo alcanza al 49%. Se necesita reformar la regulación y empujar políticas para estimular programas que amplíen el acceso a internet. Las inversiones estatales en infraestructuras deberían incluir fondos específicos que permitan ampliar la cobertura en zonas rurales que actualmente carecen de acceso a banda ancha. En los casos en los que las fuerzas del mercado por sí solas no lleven el acceso a la banda ancha a las comunidades rurales, estos fondos deberían estar disponibles para su uso por parte de múltiples tecnologías sobre la base de la más rentable disponible, incluyendo la fibra, la tecnología inalámbrica fija, TV White Spaces y el uso de satélites.
El Estado de Chile debe modernizarse para ser más eficiente. Prestar trámites presenciales cuesta al gobierno hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio equivalente en una plataforma digital. La computación en la nube permite a las organizaciones gubernamentales adaptarse con agilidad a las nuevas demandas y desafíos. Los servicios que antes requerían grandes inversiones de capital y largos despliegues pueden lanzarse en cuestión de semanas o incluso días. Por ello, valoramos la aprobación de la Ley de Transformación Digital del Estado que modifica las bases de los procedimientos administrativos para su digitalización; buscando que todo procedimiento administrativo se exprese a través de medios electrónicos. Además, debemos entrenar a los funcionarios públicos en el uso de estas nuevas tecnologías y asegurar altos niveles de compromiso cultural en favor del cambio y la transparencia.
En relación con la sostenibilidad, para el sector tecnológico, se visualizan dos vertientes. En primer lugar, aumentará la presión sobre las empresas para que el uso de la tecnología sea más sostenible. Dado que los centros de datos que alimentan la nube se encuentran entre los mayores consumidores de electricidad del mundo, las empresas tendrán que actuar con mayor rapidez que en los últimos años para utilizar más y mejor energía renovable, al tiempo que aumentan el trabajo para mejorar la eficiencia eléctrica. Además, el progreso hacia la reducción de la contaminación global por carbono requiere objetivos audaces y planes detallados.
En el ámbito de la Seguridad Nacional no podemos olvidar el rol que jugará la Ciberseguridad. Como las amenazas en el ciberespacio no se detienen en las fronteras nacionales, es esencial que los gobiernos enfoquen sus incentivos de ciberseguridad reconociendo esa realidad; e integrar en ellos las normas y estándares internacionales, con el mayor alcance posible, teniendo en mente la meta de la armonización. Asimismo, los gobiernos tendrán que adaptar sus políticas para garantizar la seguridad y resiliencia de sus sistemas. La creación de una agencia encargada de la ciberseguridad es crítica, aunque no es necesario que tenga rango constitucional para que logre funcionar adecuadamente, enfoque consistente con el derecho comparado.
Un tema central son los datos personales. Creemos que la privacidad es un derecho humano fundamental, y a medida que las personas dependen más de la tecnología para operar sus negocios, relacionarse con amigos y familiares, buscar oportunidades y gestionar su salud y sus finanzas, la protección integral de este derecho se hace más importante que nunca. Chile necesita una legislación transversal y de reglas claras en materia de privacidad, que resuelva las necesidades de este siglo mejor que la actual ley de protección de datos. El año 2017 se presentó a discusión en el Congreso de Chile un proyecto de ley para modificar la actual ley de protección de datos N° 19.628; estableciendo una estructura que avanza en la misma línea de las legislaciones más maduras del mundo. En esa misma línea, actual Constitución Política de Chile recogió la protección de los datos personales como una garantía constitucional el 2018. Creemos que esta norma constitucional debe mantenerse y no vemos que la nueva autoridad de datos personales deba tener rango constitucional, lo que es consistente con el derecho comparado.
En materia de Inteligencia Artificial el principal desafío en Chile y el mundo es ganarse la confianza de las personas y la sociedad en general. Creemos en un enfoque centrado en el ser humano, con diseños de sistemas basados en valores universales y atemporales, y que su desarrollo y despliegue se guíen por principios profundamente arraigados en las libertades fundamentales. Dados los casi infinitos escenarios y dominios en los que puede desplegarse en IA, será importante que cualquier regulación, ya sea la promulgación de leyes nuevas o interpretación de las existentes, responda a los riesgos que busca mitigar, pero sin restringir los usos beneficiosos de la IA ni socavar los incentivos para la innovación o impedir el desarrollo de su vasto potencial. Entendemos que, en algunos casos, incluso puede ser apropiado que la tecnología de IA continúe desarrollándose y madurando antes de que se puedan crear reglas o regulaciones y determinar si, y cómo, gobernar mejor su uso o establecer límites en su desarrollo y adopción.
Todo este gran desarrollo que anticipamos requiere de una sólida estrategia de datos abiertos. Sin datos, no hay desarrollo de IA. Los sistemas de IA dependen del acceso a bases de datos para funcionar correctamente.
Como se puede advertir, la oportunidad que tiene Chile es gigantesca y la discusión de una nueva Constitución es una instancia única para que podamos dar un salto y poder así insertarse en la lista de los países más competitivos, más inclusivos, más desarrollados, más modernos y justos. No obstante, lo contrario es lo que ha venido ocurriendo, Chile se hundió hasta su peor posición histórica en el tradicional Informe de Competitividad Global del IMD. Este año Chile se ubicó 44 en el ranking, descendiendo seis lugares respecto a la versión del año. Por lo anterior es que debemos actuar con responsabilidad y sentido de urgencia para revertir esta tendencia y volver a liderar la región. La nueva Constitución puede darnos esa fuerza para poder despegar desde una plataforma más sólida y cohesionada, que así sea.
