Opinión
El delicado momento que vivimos traspasa aspectos sustantivos de la vida, la dimensión económica ampliamente analizada, la política con gran notoriedad y, aunque menos relevada, la social. Destaca así la creciente precariedad a la que se encaminan muchísimas personas y los magnos quiebres que se trazan en sus cursos de vida individuales y familiares, que conllevarán efectos aún más amplios.
Silenciosamente se reformulan aspectos sociales: empleo, emprendimiento, salud, cuidado, protección social, servicios sociales, etc., por lo que debemos detenernos a reflexionar y repensar en los agentes del desarrollo y su rol actual y futuro, así como en la configuración social que permita el ejercicio de los derechos sociales.
Ya a inicios del año 2020, la prensa nacional advertía el impacto de la crisis por COVID-19 en el financiamiento de las diversas organizaciones de la sociedad civil, peligrando no solo prestaciones sociales, sino también los 310 mil empleos que este sector aporta, según lo informado por Sociedad en Acción. Ante la coyuntura económica que impone la actual pandemia, se recortan gastos, cesan donaciones y reenfocan recursos a la atención de aspectos críticos derivados de ella.
La precariedad financiera de organizaciones no gubernamentales no son algo nuevo. La excesiva dependencia de fondos estatales, y más aún concursables, ausencia de modelos de recaudación sostenibles, baja capacidad de ahorro, aunado a una débil cultura de responsabilidad social empresarial y en ocasiones poca integración de objetivos y acciones inter y multisectoriales, amplían el problema.
Según CEPAL, gran parte de las medidas de protección social adoptadas por países de la región, cuentan con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. El desafío es entonces fortalecerlas, encaminarse a la profesionalización, tecnologización, innovación y generación de retornos económicos, incorporando diversas fuentes de ingresos.
Discretamente, se cuentan algunas experiencias que pretenden apoyar a organizaciones no gubernamentales, para mejorar su estructura financiera, asesorarlas en el desarrollo de proyectos orientados al enfoque de “inversión circular”, respaldando iniciativas sostenibles que permitan ciclos de reinversión, como ruta a una autonomía creciente, combinado con ingresos percibidos a través de prestación de servicios de mejor calidad.
El reto es dejar atrás el modelo de ingresos dependientes y responder –aún en momentos difíciles– a aquellos sectores de la población que dependen de las intervenciones derivadas del tercer sector. La notable fuga de donativos y mayores necesidades en un escenario de creciente incertidumbre, que torna aún más difícil la tarea de captación de nuevos socios o benefactores, debe motivar el giro hacia el logro de mayor competitividad a nivel de indicadores sociales y económicos, para no volver a desatender a las cada vez más recurrentes crisis glocales.
* Berta A. Sepúlveda Gálvez, directora Carrera de Trabajo Social. Universidad Autónoma de Chile, sede Talca
