La caída del gendarme que vendía protección a reos en Valdivia

El ministro Iván Poduje vino a Valdivia y dejó dos frases para la colección local. Una sobre la Ley de Humedales, que volvió a presentar como una traba para construir viviendas y que terminó en un cruce con el senador Alfonso De Urresti: “¿Ocho años le parece algo decente por esta locura que dice este senador?”, dijo durante una reunión en Valdivia. La otra fue sobre el puente Cochrane, donde ironizó con que habría que traer a Indiana Jones para completar los estudios de fauna marina, patrimonio y arqueología que siguen condicionando una obra largamente esperada.

De Urresti no se guardó nada. “Confundir agilidad con negligencia es condenar a las familias a vivir inundadas“, le respondió.

Siendo Valdivia la primera Ciudad Humedal de Chile, reconocimiento del cual los valdivianos se sienten orgullosos, la discusión promete seguir escalando de conflicto técnico a controversia política. Es el campo donde le gusta moverse al ministro Produje. En entrevistas recientes con este mismo medio, la alcaldesa Carla Amtmann ya había salido a disputar ese diagnóstico del ministro. Amtmann dijo que Valdivia tiene más de 140 hectáreas disponibles dentro del radio operacional y que habilitar suelo sobre humedales sería una mala decisión ambiental y económica.

Con ese debate abierto, esto es lo que preparamos para esta edición:

• Documentos internos del Gobierno Regional muestran cómo una revisión abierta -a partir del caso Fagalde– terminó frenando buena parte del concurso de Seguridad Ciudadana 2025. La indagación administrativa detectó errores en la información enviada a Fiscalía, cotizaciones repetidas, cambios de criterio en la evaluación y problemas de admisibilidad. Resultado: 75 de los 84 proyectos adjudicados deberán volver a revisión.
• Una sentencia del Tribunal Oral de Valdivia condenó a ocho años de cárcel al exgendarme Harold Momberg. El fallo describe cobros a internos, venta de protección y violencia administrada dentro del módulo 42 del penal.
• En Paillaco, una demanda laboral abrió un flanco en la Oficina de Vivienda: un exfuncionario acusó acoso laboral tras ser reincorporado por un avenimiento judicial y cuestionó la contratación de una profesional que identifica como pareja del director de Dideco. El municipio negó los hechos y el caso terminó en un nuevo acuerdo.
• El proyecto Aguas Quietas sigue en etapa de estudio: una consultoría de más de $ 610 millones evalúa si es viable construir una pista de remo con estándar internacional en Valdivia. Aunque es una obra deportiva, depende del MOP y busca no perder prioridad presupuestaria.

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El desorden interno que obligó a rehacer concurso de seguridad del GORE

Primero vino la querella. En octubre pasado, el caso del Fondo Vida en Comunidad del Gobierno Regional de Los Ríos llegó a la justicia con una acción penal por presunto fraude. La diligencia judicial apunta al empresario Eduardo Fagalde, exjefe de división del GORE, y a una funcionaria activa del organismo. Según esa acción, distintas postulaciones habrían incorporado cotizaciones de empresas vinculadas a Fagalde o de proveedores repetidos.

• La arista penal corre por una vía distinta. Pero documentos internos del Gobierno Regional a los que tuvo acceso Aquí Los Ríos muestran que el caso abrió, además, una hebra administrativa: una revisión que terminó invalidando buena parte de la Subvención de Seguridad Ciudadana 2025, que consideraba un presupuesto total de $800 millones para las provincias de Valdivia y del Ranco.

El desenlace llegó el 27 de febrero. Ese día, la gobernadora regional subrogante, Marila Barrientos Triviños, firmó una resolución que dejó sin efecto cuatro actos anteriores y ordenó retrotraer el concurso a la etapa de admisibilidad administrativa. La medida afecta a 75 de los 84 proyectos adjudicados y obliga a revisar nuevamente las postulaciones.

La revisión comenzó luego de que la Fiscalía de Valdivia pidiera al GORE antecedentes sobre proyectos eventualmente vinculados a Fagalde. Para revisar esos antecedentes, el Gobierno Regional creó una Comisión Especial de Trabajo, distinta de la comisión evaluadora original del concurso. En su primera revisión, esa comisión detectó un error: los 41 proyectos informados inicialmente a Fiscalía no correspondían a los proyectos vinculados a Fagalde.

Ese no fue el único problema. Al revisar los 84 proyectos adjudicados, la comisión detectó grupos de iniciativas con cotizaciones repetidas. El bloque más numeroso incluía 42 proyectos con antecedentes relacionados con Gestiones y Logística SpA y Producción y Publicidad Social RAIN SpA, ambas vinculadas a Fagalde. Pero también aparecieron otros conjuntos de proyectos, agrupados por comunas y proveedores, con cotizaciones coincidentes en servicios de difusión, operación, sistemas de vigilancia o alarmas comunitarias.

• La revisión mostró que el problema no estaba solo en las cotizaciones. También se constató que durante la evaluación técnica se modificó el criterio de “cobertura”, uno de los parámetros establecidos en las bases. Ese cambio alteró los puntajes finales y el orden de prioridad con que se definían los proyectos técnicamente elegibles. Para el Gobierno Regional, esa modificación vulneró una regla básica de cualquier concurso público: respetar las bases.

La resolución también apuntó a otra falla en la línea de Sistemas de Vigilancia. Según el documento, esa línea fue revisada y reevaluada en octubre, con resultados distintos a los aprobados originalmente. En esa revaluación participó una persona que no integraba formalmente la comisión evaluadora y además carecía de un acto administrativo que la incorporara ni existía una delegación válida de atribuciones. Antes, el propio GORE ya había debido corregir un error de tabulación en la línea de Prevención de Violencia Escolar, que clasificó incorrectamente como elegibles dos proyectos.

La comisión también abrió una hebra sobre la subvención de Medio Ambiente. Aunque la invalidación principal se concentró en Seguridad Ciudadana, las actas dejaron constancia de cotizaciones reiteradas en tres de sus cuatro líneas y de proyectos idénticos postulados por distintas organizaciones. En una de sus sesiones, además, la comisión consignó que tres proyectos ambientales seleccionados como financiables tenían problemas: uno había sido evaluado sin considerar un componente exigido en las bases; otro era inadmisible; y un tercero, presentado por la Agrupación del Adulto Mayor Gabriela Mistral de Valdivia, tenía, según la propia acta, una cotización falsa.

En la etapa final, la comisión revisó en detalle otros 15 proyectos de Seguridad Ciudadana. Ahí aparecieron problemas de admisibilidad: organizaciones cuyo objeto social no coincidía con la actividad postulada, anexos sin firma de puño y letra, y rendiciones de cuentas observadas u objetadas. La resolución incorporó parte de esas observaciones como un vicio propio del proceso: proyectos que habían sido declarados admisibles pese a que, según la revisión posterior, no cumplían con los requisitos exigidos por las bases.

La resolución incorporó al procedimiento invalidatorio a 75 iniciativas, entre ellas juntas de vecinos, comités de agua potable rural, organizaciones de adultos mayores, comunidades indígenas, centros de padres, clubes deportivos y agrupaciones comunitarias de distintas comunas de la región. De ellas, 45 respondieron dentro del plazo legal y pidieron que la invalidación no siguiera adelante. Alegaron, entre otros puntos, que el GORE no había fundamentado suficientemente la medida, que habían actuado de buena fe y que confiaron en la validez de un concurso en el que el propio Gobierno Regional las había declarado admisibles o adjudicadas.

La resolución no acogió esos argumentos y mantuvo la invalidación. Al mismo tiempo, excluyó nueve iniciativas del procedimiento, al estimar que su evaluación no dependía del criterio cuestionado. El concurso deberá volver a la etapa de admisibilidad administrativa.

La caída del gendarme que vendía protección en el penal de Valdivia

Harold Lallo Momberg, 42 años, casado, apareció por Zoom el jueves 24 de abril. Libre, desde su departamento en Avenida Circunvalación Sur. Al otro lado de la pantalla, la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia le leyó la sentencia: ocho años de presidio efectivo. Cinco años y un día por dos delitos de cohecho, y tres años y un día por dos delitos de apremios ilegítimos. A la condena se le descontarán los 260 días que ya estuvo privado de libertad por esta causa.

Hasta antes de esa resolución, Momberg había sido cabo segundo de Gendarmería en el Complejo Penitenciario de Valdivia. Según la sentencia, su caída comenzó en el módulo 42, donde el tribunal dio por acreditado que convirtió su posición en un sistema de cobros, favores y violencia administrada. El fallo habla de un “ecosistema de corrupción y control arbitrario”. Otro pasaje de la sentencia, a la que tuvo acceso Aquí Los Ríos, menciona “una práctica institucionalizada de venta de protección y gestión de la violencia”.

El caso había comenzado mucho antes de la sentencia. En agosto de 2019, un funcionario de la Oficina de Seguridad Interna recibió la declaración de un recluso que denunciaba a Momberg y a otros gendarmes por tráfico de favores, ingreso de droga y cobro de rentas. Envió el oficio directamente a la Fiscalía, sin informar al jefe de la unidad. Si la denuncia se filtraba, declaró, al informante “podrían matarlo”. Un testigo explicó la lógica carcelaria detrás de ese temor: el recluso que delata a un gendarme corrupto les quita a los demás los beneficios que obtienen de esa corrupción. Por eso los delatores son considerados “sapos” y se exponen a ser agredidos.

Uno de los episodios que el tribunal tuvo por acreditado ocurrió en enero de 2020, cuando un interno del módulo 42 fue sorprendido con un celular. Según el fallo, Momberg le pidió $ 50 mil para dejarlo conservar el aparato. Como el pago no llegó en el plazo convenido, el gendarme encargó a otros internos que lo agredieran. El ataque le dejó una herida cortante de dos centímetros en la espalda.

La agresión no cerró el cobro. Al día siguiente, cuando Argel debía ser reclasificado, Momberg le pidió otros $ 50 mil para ubicarlo en un módulo considerado más seguro. El interno accedió. Temía por su vida.

El otro episodio probado ocurrió el 5 de noviembre de 2019. Ese día, nueve reclusos, trasladados desde otros penales, fueron ingresados al módulo 42, pese a que, según el tribunal, Momberg sabía que podían ser atacados. Un testigo describió el sector como un “módulo de perros”, donde los internos que venían de otros recintos eran golpeados al llegar. Al menos tres resultaron con lesiones atribuibles a elementos contundentes. Momberg, según el fallo, los ingresó y cerró la reja.

Esa decisión fue uno de los puntos centrales del juicio. Un mayor de Gendarmería declaró que, cuando ingresa un grupo numeroso de internos, los funcionarios deben entrar con ellos al módulo. Gendarmería, dijo, es garante de la vida de las personas privadas de libertad. Todos los funcionarios reciben capacitación obligatoria en derechos humanos: “Nadie podría alegar ignorancia al respecto”. El mismo testigo reconoció que, cuando Momberg estuvo en Valdivia, existía el rumor de que era corrupto.

Pero la sentencia no acogió toda la acusación de la Fiscalía. Momberg fue acusado por cuatro hechos y condenado solo por dos. El tribunal lo absolvió del cargo más ambicioso: enriquecimiento ilícito por un incremento patrimonial de $ 11.820.157, materializado en 95 depósitos de 27 personas distintas –familiares de internos, exreclusos y personas no identificadas–, mientras su sueldo total en el período era de $ 14,9 millones. La defensa argumentó que parte de esos depósitos correspondía a préstamos informales, una dinámica que varios testigos confirmaron que existía al interior del penal. El tribunal estimó que la prueba no logró descartar esa explicación.

También fue absuelto de un cohecho por tolerar el ingreso de droga. La acusación sostenía que Momberg había coordinado con un interno el lanzamiento de un envoltorio con marihuana desde el exterior, a cambio de $ 100 mil, transferidos por la pareja del recluso. Pero el relato de la Fiscalía situaba el hecho en agosto de 2019 y la transferencia se realizó en diciembre, cuatro meses después. Además, el testigo principal se retractó en el juicio oral y nunca se incautó droga vinculada al episodio.

El tribunal dio por acreditados dos cobros y dos episodios de violencia. Lo demás, los depósitos, los rumores internos, la acusación de enriquecimiento ilícito y la sospecha de una red más amplia, quedó fuera del fallo.

Paillaco: demanda laboral abre flanco en Oficina de Vivienda

Luis Eduardo Medel Riffo, ingeniero comercial, trabajó a honorarios en la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Paillaco hasta el 31 de diciembre de 2025. Su llegada no fue una contratación convencional: estaba allí en cumplimiento de un avenimiento judicial celebrado en la causa RIT O-6-2025, en el que el municipio se comprometió a reincorporarlo hasta esa fecha, pagarle $ 1.251.600 mensuales y abonarle $ 7 millones en cinco cuotas. El 24 de noviembre de 2025, el alcalde Cristian Navarrete le envió una carta, recordándole que su contrato vencía el 31 de diciembre. Medel firmó el acuse de recibo.

En enero de 2026, Medel demandó al municipio. En un complemento de demanda presentado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Paillaco, sostuvo que desde su reincorporación fue sometido a acoso laboral por el encargado de la Oficina de Vivienda, Víctor Manuel Paredes Rosas. Según su relato, Paredes lo privó de funciones que antes desempeñaba, lo excluyó de reuniones de trabajo, incluso estando presente en la oficina, y les prohibió a sus compañeros que le consultaran sobre temas propios de su cargo. Medel demandó $ 30 millones por daño moral y afirmó haber sido evaluado por médicos que determinaron daño emocional y psicológico.

Su abogado, Ricardo Fuentes, dijo a Aquí Los Ríos que esa exclusión es una forma en que puede expresarse el acoso laboral: “Cuando a uno se le empiezan a quitar funciones, se le aparta de labores que normalmente hacía, se le excluye de reuniones de trabajo”. Lo graficó como “una especie de ley del hielo” y sostuvo que, en este caso, esas conductas se habrían producido desde el superior jerárquico directo de Medel.

Pero el punto que más tensión genera no es solo el acoso, sino lo que vino después de su salida. En el mismo escrito judicial, Medel sostuvo que el municipio habría invocado falta de presupuesto como razón para no renovarlo y que, sin embargo, desde el 26 de enero de 2026 mantuvo o contrató en la misma Oficina de Vivienda a una funcionaria que identifica como pareja y conviviente de Diego Cumián, director de Desarrollo Comunitario (Dideco). Según registros del Portal de Transparencia municipal incorporados en la demanda, esta trabajadora figura en 2026 como trabajadora social del Programa Mi Vivienda, con un sueldo bruto de $ 1.304.167 y contrato hasta el 30 de abril.

Fuentes cuestionó la versión de que se tratara solo de una continuidad laboral. Según dijo, la funcionaria habría prestado funciones en 2025, pero no estaba trabajando en noviembre ni diciembre, y luego volvió a figurar contratada tras la salida de Medel. “No quiero especular o atribuir mala fe”, dijo. Aun así, sostuvo que “ese es un hecho objetivo”: que el municipio no desmintió la contratación de la profesional.

La Municipalidad de Paillaco negó las acusaciones. En su defensa, argumentó que el conflicto ya estaba zanjado por el avenimiento anterior, que Medel había firmado un finiquito, y que no existieron reclamos formales ni denuncias durante el período de trabajo. Sobre la supuesta pareja del director de Dideco, afirmó que ingresó al municipio en noviembre de 2022, que sus funciones eran distintas a las de Medel y que fue recontratada “por el perfil”. Consultado directamente sobre si ella es pareja de Cumián, Gabriel Catalán, abogado y director de Asesoría Jurídica del municipio, respondió: “Desconozco eso”.

El caso fue cerrado mediante un nuevo avenimiento, aprobado por el tribunal el viernes 24 de abril, con el pago de una suma no precisada y sin reconocimiento de los hechos por parte del municipio.

Aguas Quietas busca mantenerse a flote en la lista del MOP

Treinta y seis especialistas llevan meses trabajando en un estudio que debe responder una pregunta con muchas capas: si es viable construir en Valdivia una pista de aguas quietas con estándar internacional para remo y otras disciplinas acuáticas. La consultoría está a cargo de CHGT Ingeniería, tiene un contrato por $ 610.858.238, un plazo de 445 días y contempla cinco etapas. Va en la segunda, correspondiente al análisis de factibilidad técnica, económica, legal, ambiental, territorial y social, con un avance de 38,2%.

El proyecto no es solo una pista. Lo que se evalúa es un parque náutico completo, con espacios para almacenar embarcaciones, zonas de administración e instalaciones para deportistas, jueces y público. La pista misma debe cumplir las exigencias de World Rowing en largo, ancho, profundidad y ausencia de oleaje o corrientes. Según sus impulsores, si se concreta, sería una infraestructura única en el hemisferio sur. En una ciudad donde el remo forma parte de la identidad deportiva, eso no es un dato menor.

Aunque se trata de infraestructura deportiva, su ejecución depende del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Arquitectura, en coordinación con la Dirección de Obras Hidráulicas y el Instituto Nacional de Hidráulica. No del Ministerio del Deporte. Para el diputado Matías Fernández, eso lo pone en una fila distinta, donde compite con otro tipo de obras por atención y presupuesto.

Fernández planteó el tema ante la ministra del Deporte, Natalia Ducó, según dijo, para instalar una alerta. “Este es un proyecto que está asociado a Obras Públicas”, explicó a Aquí Los Ríos. Su preocupación es que, en medio del recorte presupuestario del 3%, los ministerios deban repriorizar no solo programas o gastos internos, sino también obras. “Cuando pierden prioridad ciertos proyectos asociados a obras públicas, pierden eventualmente la oportunidad de financiamiento”, comentó Fernández, comparando el caso con el puente Cochrane.

De concretarse el proyecto, Valdivia contará con la única pista de estas características en el hemisferio sur.

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