Opinión
«Digo responsablemente que la Convención está bajo ataque», tuiteó el convencional Jorge Baradit a finales de julio. El escritor sustentó sus dichos en el supuesto desprestigio de los diarios hacia la asamblea y en el ‘show’ que la televisión habría estado difundiendo a partir de manifestaciones de convencionales de derecha. Sus palabras fueron recogidas por un artículo de Ciper titulado “‘La Convención Constitucional está bajo ataque’, ¿verdad o fake news?”. Según el documento, el espacio de deliberación estaría siendo víctima de un ‘ataque completo’ que buscaría su descrédito. La ofensiva estaría ligada al ‘duopolio periodístico’ y a grupos coordinados a través de redes sociales.
La presidenta de la instancia, en tanto, Elisa Loncon, eligió un tono con menos matices bélicos para referirse a lo que –a su juicio– acontece con el pleno que dirige. La doctora en literatura espetó que «se ha hecho uso de la mentira para invalidar el trabajo de la Convención Constitucional».
Si, tal como señala Baradit o como sugiere el informe de la PUCV, la Convención se encuentra bajo ataque, debido, entre otras cosas, a las mentiras y las fake news que se han dicho acerca del trabajo que realizan, habría que preguntarse si las otras instituciones no están siendo víctimas de lo mismo. Durante los últimos años, y sobre todo tras el 18 de octubre, tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial han sido absorbidos por torbellinos de falsedades que en varias ocasiones les han ocasionado un profundo descrédito y un abismal daño institucional.
La semana pasada, sin ir más lejos, las redes sociales festinaron con un video editado en el cual el ministro de Economía, Lucas Palacios, aseguraba que una familia podía vivir con un poco más de trescientos mil pesos. En un sinnúmero de instancias anteriores los usuarios sensatos de las plataformas han debido mantener quietos sus pulgares mientras averiguan si tal o cual noticia corresponde a la realidad o no. La proliferación de este tipo de artimañas se puede evidenciar a través de los múltiples espacios que, tanto medios tradicionales como emergentes, han dedicado para desmentir o a matizar las informaciones equívocas.
De lo anterior se desprende algo evidente: la Convención no está bajo ataque, sino que simplemente vivencia una práctica constante que ha arremetido contra la totalidad de las instituciones. Quien sugiera lo contrario, debiera dar por hecho, entonces, que el Gobierno del Presidente Piñera o el Congreso, se encuentran bajo la misma agresión, pues las noticias falsas y los insultos que han recibido han sido incluso más crudos que los que han afectado a la asamblea.
Por otro lado, el hecho de que existan grupos organizados, que efectivamente quieran que la Convención fracase y que hagan uso de las plataformas digitales para lograr dicho objetivo, no dista de lo que ocurría anteriormente. Nadie en su sano juicio podría asegurar que durante los meses posteriores al octubre chileno no hubo agrupaciones coordinadas para embestir, ya sea mediante un agudo escrutinio o derechamente a través de mentiras o ambigüedades malintencionadas, la institucionalidad del país.
Ciertamente, y con el objetivo de matizar lo que algunos interpretan como «ataques», no es preciso homologar lo que la mayoría de los medios de comunicación difunde con arremetidas arteras contra la Convención. Las noticias y opiniones publicadas en la prensa no son más que el resultado de lo que estas instituciones deben hacer. Los énfasis de los cuales los medios dispongan y las interpretaciones que elijan seguir, no deben ser comprendidas como embestidas malintencionadas, sino más bien como un severo escrutinio a la asamblea. La prensa debe ser acuciosa con el poder, y el pleno dirigido por Loncon no tiene por qué ser la excepción.
La Convención solo está vivenciando lo que el resto de las instituciones venía experimentado hace tiempo; por un lado, la constante y extendida arremetida de las noticias falsas y, por otro, el profundo escrutinio que, como parte de su obligación, debe llevar a cabo la prensa. La Convención no está bajo ataque.
