Opinión
Tras el inicio del proceso constituyente, creciente interés ha suscitado el debate sobre el sistema de gobierno más apropiado para el país. Las posturas en juego entre sectores progresistas parecen apuntar hacia un presidencialismo atenuado o el semipresidencialismo, siendo el parlamentarismo la opción menos popular.
En este debate, algunas posiciones defienden un presidencialismo sin “superpoderes”, reformado para que exista equilibro entre Ejecutivo y Parlamento, y en relación con otras instituciones. Otras, cuestionando el término “hiperpresidencialismo”, invitan a examinar los grados de concentración del poder del Ejecutivo en cualquier régimen. También se ha cuestionado al parlamentarismo unicameral por la posible concentración desmesurada del poder político en una rama, y al semipresidencialismo por los riesgos de la cohabitación si Primer Ministro y Presidente son de distinto color político.
Sin embargo, no deberíamos centrar la discusión exclusivamente en el régimen de gobierno. Un régimen político por sí solo no debe pensarse como solución única a los desafíos sociales e institucionales de nuestra democracia. Además, no existe evidencia concluyente que lleve a inclinarnos fuertemente por un sistema u otro. Cada sistema tiene virtudes y defectos, ninguno posee la “bala de plata”. Del mismo modo, ciertas combinaciones debilitan o fortalecen objetivos democráticos que requiere el país posestallido: un presidencialismo atenuado podría no ser tan eficiente sin que este incorpore mecanismos de democracia directa, un parlamentarismo unicameral sí podría desconcentrar poder dentro de un federalismo solidario; o bien, no sabemos exactamente cómo el principio de plurinacionalidad, ampliamente apoyado por los convencionales, permeará a las instituciones políticas.
Parece más adecuado centrar el análisis en el ecosistema institucional que queremos. Las implicancias de la elección de un régimen de gobierno dependerán de la interacción de este con otras necesarias reformas a instituciones como, por ejemplo, la presencia de mecanismos de democracia directa, la función y composición de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, el rol de las Fuerzas Armadas y la subordinación de estas al cuerpo civil, o la existencia de mecanismos de descentralización política en los distintos territorios, entre otras. Asimismo, tampoco debemos perder de vista la relación entre régimen de gobierno y el cumplimiento de los derechos sociales, de participación, derechos de propiedad, rol del Estado, la corrección de desigualdades entre hombres y mujeres y el reconocimiento a los pueblos originarios y minorías sexuales.
En este momento es importante seguir discutiendo sobre el régimen de gobierno, pero más lo es observar la imagen completa de lo que implica la elaboración de una nueva Carta Magna. Al respecto, la reflexión debiera estar guiada en torno a qué problemas buscamos resolver como país mediante la nueva Constitución y cuáles son los diseños institucionales que nos permitirán superar dichos problemas bajo el nuevo conjunto de reglas.
Pongamos el foco en el vínculo entre reformas políticas y derechos, y no en elementos institucionales por separado. Esto exige analizar los niveles de coherencia del ecosistema institucional que esté moldeando la Convención, identificar posibles efectos no deseados de ciertas combinaciones institucionales, y también en función de los derechos que se quieren consagrar. En este sentido, más que defender posiciones atrincheradas sobre régimen de gobierno, es necesario ponerse a conversar sobre el “ecosistema” institucional que el Chile democrático necesita.
