Opinión
Pese al resultado del plebiscito de entrada, la Constitución vigente ha demostrado una fuerza electoral impensada. No con el plebiscito de 1980, sin registros electorales ni mínimas normas que reflejaran transparencia en el acto, pero sí en sus reformas en 1989, que según algunos autores la dotó de la legitimidad necesaria. La última sería la del 4 de septiembre: desde la formalidad de la letra de la ley, la Carta Magna se encuentra plenamente vigente tras el arrollador triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida. ¿Y qué ocurriría si nuevamente se rechaza la nueva propuesta constitucional? La Constitución de 1980 renacería de las cenizas en las que se encuentra desde la firma del primer acuerdo constitucional.
En el estudio de nuestra historia institucional, se suele señalar que tras la abdicación de Bernardo O’Higgins en el año 1823, la República vivió una época de aprendizaje político o de ensayos constitucionales que ya se había iniciado en los años 1818 y 1822 con las autoritarias constituciones del período del Director Supremo.
En 1823 se redacta la llamada Constitución “Moralista”, no porque consagrara un Estado católico sino por la irrestricta fe de la que en esa época gozaban los textos jurídicos para crear ciudadanía mediante los llamados Códigos de Conducta.
En 1826 se intenta el modelo federal, y dos años después se redacta la reconocida Constitución de 1828, que limitaba la autoridad del gobernante y entregaba vasto poder a las asambleas provinciales. Esta última fue reformada en 1833 mediante el mecanismo de la Gran Convención, por lo que se entendió que era un nuevo texto constitucional.
La Constitución de 1833 duró más de 90 años. Fue reformada en múltiples ocasiones, en especial para disminuir las atribuciones del Ejecutivo, aumentar las del Congreso Nacional y ampliar el catálogo de las libertades públicas, hasta que Alessandri y los militares impusieron la de 1925, aunque esta entró en vigencia propiamente tal en 1932, tras años de turbulencia política que incluyó una dictadura y diferentes golpes de Estado.
En su caso, la mayoría de las reformas a la Constitución de 1925 significaron un aumento en las atribuciones del Poder Ejecutivo, pese al fuerte contrapeso que ejercieron los partidos políticos al régimen presidencial.
Políticamente hoy nos encontramos en un período de ensayos constitucionales, aunque distante en sus características del que se vivió en el período 1818-1833.
Es que nos encontramos con una Constitución que, según la mayoría de nuestros actores políticos, está muerta. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria, menos el Republicano y el PDG, firmaron un acuerdo para nuevamente tratar de reemplazar la Carta Fundamental vigente.
Cabe advertir, sin embargo, que la Carta Magna vigente no está electoralmente muerta. Pese al resultado del plebiscito de entrada, la Constitución vigente ha demostrado una fuerza electoral impensada. No con el plebiscito de 1980, sin registros electorales ni mínimas normas que reflejaran transparencia en el acto, pero sí en sus reformas en 1989, que según algunos autores la dotó de la legitimidad necesaria. La última sería la del 4 de septiembre: desde la formalidad de la letra de la ley, la Carta Fundamental se encuentra plenamente vigente tras el arrollador triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida. ¿Y qué ocurriría si nuevamente se rechaza la nueva propuesta constitucional? La Constitución de 1980 renacería de las cenizas en las que se encuentra desde la firma del primer acuerdo constitucional.
¿Desde cuándo que estamos en esta etapa de ensayos constitucionales?
El primer intento de un ensayo constitucional propiamente tal proviene de la ex Presidenta Bachelet. Días antes de culminar su segundo período, la ex Mandataria envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional que reemplazare a la Constitución aún vigente y que terminó siendo desechado por la administración de Sebastián Piñera.
Posteriormente vino lo que todos conocemos: un estallido social que logró ser finalmente encauzado en sus múltiples expresiones mediante el primer acuerdo constituyente.
De ahí que viniera el arrollador triunfo inicial del Apruebo en el plebiscito de entrada y la elección de la Convención Constitucional. Tras la elaboración del texto, y su rechazo en las urnas, estamos ad portas de un segundo proceso para la conformación de una nueva Constitución, mediante la elección de un Consejo Constitucional por voto obligatorio.
Lo que es claro es que el de aprendizaje político del siglo XIX fue transitando a un proceso de maduración política que hoy no alcanzamos a visualizar. Hoy nos encontramos en una fragmentación del sistema de partidos a partir de la reforma electoral que reemplazó al sistema electoral binominal, lo que impide instaurar una cultura política de la negociación y el acuerdo.
Si el primer acuerdo constitucional le otorgó demasiadas posibilidades de representación a los independientes y sus aspiraciones identitarias, este nuevo acuerdo les entrega extrema representación a los partidos políticos, cerrados en sí mismos y sin conexión con la ciudadanía. El reflejo máximo de ambos extremos: si Elsa Labraña lo fue en la ceremonia de inauguración de la Convención al golpear la mesa de la relatora del Tricel, el extremo opuesto en esta ceremonia de instalación será Hernán Larraín, representante máximo de la elite política chilena de los últimos 30 años.
