AC contra Grau: derecha abre inédito frente contra un extitular de Hacienda por cuentas fiscales

Con un retraso de dos horas provocado por modificaciones de última hora, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano oficializaron el ingreso de la Acusación Constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El libelo, que cuenta con diez firmas —incluyendo respaldos del PDG, PSC y RN—, se fundamenta en las “inconsistencias” sobre el déficit y la deuda fiscal denunciadas por el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz.

Más allá de la desprolijidad en su presentación, la acción marca un hito de alto riesgo institucional: es el primer intento de destituir a un jefe de las finanzas públicas por diferencias en las proyecciones macroeconómicas y el ejercicio propio de su ministerio.

El peso del precedente histórico

La arremetida cruza una línea roja en la historia política reciente. Desde el retorno a la democracia en 1990, la única AC contra un ministro de Hacienda ocurrió en 1994 contra Alejandro Foxley. Sin embargo, aquel libelo —que fue rechazado— apuntaba a responsabilidades de mando compartidas con el ministerio de Minería por el fraude del Caso Dávila en Codelco, no a un debate técnico.

Acusar hoy a un exministro por los cálculos de su gestión, sumado a la batería de ACs que ya enfrentaron los ministros de Gabriel Boric, consolida, según sus críticos, el uso de esta herramienta como un mecanismo de revancha política.

El tablero político

En el Congreso, la viabilidad de la ofensiva depende de una oposición que opera fracturada y bajo cálculos electorales. Mientras los impulsores libertarios exigen al Senado abandonar su “prudencia dormida”, la UDI optó por no firmar el documento original, aunque su timonel, Guillermo Ramírez, garantizó los votos en la Sala de la Cámara Baja con el fin de trasladarle la presión y el juicio a la Cámara Alta. Renovación Nacional, en tanto, exhibió su división interna tras la firma unilateral del diputado Francisco Orrego, obligando al jefe de bancada, Diego Schalper, a congelar apoyos y convocar un comité de emergencia.

A este cuadro se suma el suspenso del denominado centro político, donde diputadas como Joanna Pérez (Demócratas) mantienen en duda su respaldo, pasándole factura a la derecha por no haber apoyado previamente su comisión investigadora sobre la misma materia fiscal.

El contragolpe

En la oposición, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) desestimó los fundamentos jurídicos de la acción, acusando a la derecha de priorizar un “gustito político” por sobre el debate legislativo y advirtiendo el daño que esto genera al país.

Sin embargo, el blindaje más contundente a Grau no provino de su sector, sino del establishment económico. En una carta publicada en El Mercurio, cuatro exministros de Hacienda de gobiernos de centroizquierda —Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, Mario Marcel y Andrés Velasco— alertaron que la AC “daña a Chile”.

Los extitulares advirtieron que convertir las discrepancias en supuestos y proyecciones fiscales en juicios políticos abrirá “una senda que debilitará nuestra institucionalidad económica”, exacerbando la inestabilidad y tensionando la convivencia democrática.

Anticipando el complejo escenario, el exministro Grau ya configuró su defensa jurídica fichando al abogado constitucionalista Patricio Zapata.

El reloj legislativo comenzó a correr. Tras el ingreso, la Cámara sorteará una comisión revisora de cinco diputados, paso previo a la notificación formal de Grau. De prosperar en la Cámara Baja, la tramitación se extenderá hasta julio, mes en el que el Senado tendrá la última palabra. La resolución no solo definirá el futuro político de Grau, sino que establecerá un nuevo estándar para la responsabilidad política de las proyecciones fiscales de los futuros gobiernos.