Opinión
La experiencia constitucional y jurídica internacional reconoce que la libertad de enseñanza tiene un gran valor, ya que contribuye a la diversidad y el pluralismo del sistema educativo, siempre y cuando esté supeditada al derecho a la educación y al alero del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Cuando la libertad de enseñanza no se consagra al servicio del derecho a la educación, se mantiene un piso fértil para problemas que ya conocemos, como la cátedra de contenidos que atentan contra de los Derechos Humanos, la exclusión arbitraria de estudiantes, la generación de brechas de aprendizaje y la profundización de la segregación en el sistema educativo.
El proceso constituyente continúa: el próximo 7 de junio deberá conformarse el Consejo Constituyente, y la Comisión Experta (constituida por 24 personas nominadas por la Cámara de Diputados y el Senado) deberá entregar su anteproyecto de propuesta de nueva Constitución para ser discutida por los 50 consejeros y consejeras constituyentes electos este domingo; aunque faltan por votar cientos de enmiendas para llegar a un texto definitivo. Queda aún camino por recorrer.
Sin embargo, creemos que la propuesta inicial de la Comisión Experta, en el ámbito de la educación, no persigue cambios significativos en relación a la Constitución vigente, y las casi 40 indicaciones presentadas por la oposición y el oficialismo en esta materia parecen no tener puntos en común. Llama la atención, además, que el borrador cuente con un artículo sobre el Derecho a la Educación y otro sobre la Libertad de Enseñanza, que aparecen muy separados dentro del capítulo de Derechos Fundamentales, como si fueran temáticas completamente independientes entre ellas.
En el escenario actual de alta crispación social y política, vemos con preocupación cómo se mantiene la tensión entre ambos elementos, y creemos urgente resolver este nudo crítico que no supimos abordar en el proceso anterior. La experiencia constitucional y jurídica internacional reconoce que la libertad de enseñanza tiene un gran valor, ya que contribuye a la diversidad y el pluralismo del sistema educativo, siempre y cuando esté supeditada al derecho a la educación y al alero del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Cuando la libertad de enseñanza no se consagra al servicio del derecho a la educación, se mantiene un piso fértil para problemas que ya conocemos, como la cátedra de contenidos que atentan contra de los Derechos Humanos, la exclusión arbitraria de estudiantes, la generación de brechas de aprendizaje y la profundización de la segregación en el sistema educativo.
Parte del problema radica en que se ha subentendido que el Estado tiene un interés particular que se opone al interés de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Dicha noción pone la discusión en un punto muerto y nos impide avanzar en la resolución de este nudo.
Es un error poner en oposición los roles de las familias y del Estado. Madres, padres o tutores legales son los primeros en resguardar el interés superior de la niñez y el Estado es el último responsable en hacerlo, especialmente si los primeros fallan. En el entendimiento de que familias y Estado tienen roles complementarios, el interés del Estado no es más que proteger el interés superior de la niñez, al igual que el de las familias.
Creemos que el cambio constitucional es una oportunidad única y un desafío fundamental para mejorar de forma profunda la educación del país. Sin embargo, necesitamos salir de la confrontación, generar puentes y encontrar los puntos en común que permitan resolver este nudo crítico. Sólo así podremos avanzar hacia una educación más humana, inclusiva y equitativa, que permita impactar de manera positiva las trayectorias de vida de niños, niñas y jóvenes; el propósito, finalmente, de todos y todas quienes trabajamos por mejorar la educación en el país.
