Opinión
La crisis de las isapres puede ser una enorme oportunidad para que el Presidente reconstruya su liderazgo, convocando a un acuerdo político transversal entre Gobierno y oposición para buscar fórmulas ante la crisis, sin que ello implique la desaparición del sistema privado. El momento actual da signos de ciertas condiciones favorables para los acuerdos, sobre todo tras los acercamientos entre el mundo público y privado para la aprobación del royalty a la minería, los avances en la discusión del sueldo mínimo y, también, los avances para alcanzar un acuerdo en materia tributaria.
Una de las premisas fundamentales para el funcionamiento de una democracia saludable es el concepto de rendición de cuentas (accountability). Este principio se basa en que quienes gobiernan son responsables ante la ciudadanía y las instituciones de contrapeso acerca de sus acciones u omisiones.
El fallo judicial sobre las isapres y las medidas adoptadas por el Gobierno nos traen de regreso a este concepto, sobre todo porque la estrategia ha estado basada en respetar el fallo de la Corte Suprema, junto con proponer un proyecto que registra una posición de omisión en que, a juicio de sus críticos, la idea central sería dejar caer al sistema privado para construir sobre esa base un sistema 100% estatal.
En una reciente columna, los académicos Mauricio Villena y Andrés Hernando proyectaron los efectos del desplome del sistema de isapres: pérdida de miles de empleos de personas que trabajan en el sistema privado de salud (y en las aseguradoras), interrupción de los tratamientos por parte de los usuarios, junto a las implicancias que traería el traslado de más de 3 millones de personas del sistema privado al sistema público de salud. Asimismo, ambos economistas realizaron una certera comparación de la crisis actual con la difícil decisión que tuvo que adoptar el expresidente Obama en los Estados Unidos para salvar a la banca en medio de la crisis subprime, moviéndose más allá de sus fronteras ideológicas.
Curioso es el hecho de que desde La Moneda la estrategia haya sido la de adoptar una política de trinchera o electoralista, anclada en los principios ideológicos del núcleo más de izquierda de la coalición gobernante, pese a que este sector ha ido perdiendo fuerza dentro del Comité Político tras las constantes derrotas electorales desde el plebiscito de salida. Esto es doblemente curioso porque, hace tan solo unos días, el Presidente Boric solicitó expresamente al Consejo Constitucional electo y en especial a la derecha radical (Partido Republicano) moderación, llamando a no cometer los mismos errores de su sector en el proceso anterior.
Sin embargo, detrás de toda crisis hay una oportunidad. Hoy en día el Gobierno goza de una baja popularidad según los múltiples sondeos de opinión pública. Principalmente por su desempeño en medio de la crisis de seguridad y el estado actual de la economía, temas que resultan incómodos para un sector que llegó al Gobierno prometiendo principalmente redistribución, junto con transformaciones políticas y culturales.
La crisis de las isapres puede ser una enorme oportunidad para que el Presidente reconstruya su liderazgo, convocando a un acuerdo político transversal entre Gobierno y oposición para buscar fórmulas ante la crisis, sin que ello implique la desaparición del sistema privado. El momento actual da signos de ciertas condiciones favorables para los acuerdos, sobre todo tras los acercamientos entre el mundo público y privado para la aprobación del royalty a la minería, los avances en la discusión del sueldo mínimo y, también, los avances para alcanzar un acuerdo en materia tributaria. Esta oportunidad permitiría retomar con mayor fuerza el control de la agenda y de la discusión pública.
Sea por omisión o por buscar un acuerdo para salvar el modelo existente, el Mandatario tendrá que rendir cuentas al país sobre el rumbo que tome. No obstante, es importante que el Gobierno salga de la trinchera ideológica y adopte una posición más dialogante con el propósito de recuperar el liderazgo que ha ido perdiendo conforme avanza al tiempo. Si el sistema colapsa, el Jefe de Estado no estará libre de dar explicaciones a 3 millones de personas y también a miles de trabajadores y sus familias sobre por qué el Gobierno decidió abandonarlos y no hacer nada para salvar sus empleos. A simple vista, el respetar un fallo y proponer una ley que signifique dar la eutanasia al sistema no será una explicación válida para todas esas personas que atraviesan momentos de gran incertidumbre y que tan solo verán a un Presidente que quiere quedar bien con sus cercanos y no con quienes padecen el costo de la crisis.
