Opinión
Francisco Paredes/AgenciaUno
Esta discrepancia en la tasa de cotización plantea un escenario preocupante en términos de tasas de reemplazo y, en última instancia, el riesgo de mayores niveles de pobreza entre la población adulta mayor. Además, la volatilidad económica y los retiros de fondos de las AFP han exacerbado la situación, sugiriendo la necesidad de medidas correctivas.
El sistema de pensiones chileno se encuentra en un momento crítico de revaluación, considerando los objetivos primordiales establecidos por la OCDE. Estos objetivos buscan asegurar que las pensiones proporcionen un nivel de vida digno, sean equitativas y ofrezcan un ingreso de reemplazo cercano a los ingresos obtenidos durante la vida laboral. Sin embargo, se ha identificado un desajuste en la tasa de cotización, un elemento esencial para alcanzar estos propósitos.
En la actualidad, la tasa de cotización en Chile se ubica en un 12,8 %, significativamente por debajo del promedio OCDE, de 18,2 %. Esto tiene consecuencias importantes, ya que la tasa de cotización es la base sobre la cual se construirán las futuras pensiones. Bajo este desafío es importante considerar la contribución del empleador, que en Chile es solamente del 1,6 %, en comparación con el promedio OCDE, del 11,1 %.
Esta discrepancia en la tasa de cotización plantea un escenario preocupante en términos de tasas de reemplazo y, en última instancia, el riesgo de mayores niveles de pobreza entre la población adulta mayor. Además, la volatilidad económica y los retiros de fondos de las AFP han exacerbado la situación, sugiriendo la necesidad de medidas correctivas.
En respuesta a esto, tanto el Gobierno como la oposición han unido fuerzas para abordar el problema. Se ha acordado un aumento del 6 % en la tasa de cotización a cargo de los empleadores, acercándola a un 70 % del promedio OCDE, mientras que la tasa de cotización global se encontraría levemente sobre la tasa promedio. Sin embargo, surgen diferencias en cuanto a la asignación de este incremento.
El Gobierno propone destinar la totalidad del 6 % a un seguro social que complementaría las cotizaciones individuales. Esta propuesta tendría un impacto positivo en las pensiones, incrementándolas en una Unidad de Fomento por cada década de cotización, así como también incrementaría de forma inmediata las pensiones de miles de chilenos que actualmente se encuentran jubilados. Vale la pena resaltar que el 80 % de los afiliados a las AFP reciben pensiones por debajo del sueldo mínimo.
En contraste, la oposición sostiene que los fondos deben mantenerse como ahorros personales, argumentando además que las AFP son eficientes administradoras de recursos. A pesar de estas opiniones divergentes, ambas partes reconocen la urgencia de fortalecer el sistema previsional.
Esta discusión ha evolucionado desde un inicial apoyo al seguro social (6-0) hacia un equilibrio a favor del sistema de capitalización individual (0-6), pasando por propuestas intermedias (4-2) y tensiones políticas. La incertidumbre persiste en cuanto al curso que tomará esta deliberación y el resultado impactará en la vida de miles de personas, influenciando la posición de Chile en relación con los países OCDE en términos de seguridad social.
En última instancia, esta conversación trasciende las diferencias políticas y busca construir un futuro más sólido y justo para las generaciones venideras. El objetivo es claro: mejorar las pensiones, reducir la desigualdad y proporcionar una base financiera sólida para los jubilados chilenos. A medida que la discusión continúa, la esperanza es que se logre un acuerdo que asegure la seguridad financiera en la jubilación y permita a Chile mantenerse alineado con los estándares internacionales.
