Opinión
Nos preguntamos por qué el alcalde de Concón no adoptó la decisión que ahora toma la Seremi Minvu de la Región de Valparaíso, ya que, si el edificio se llegara a demoler, los ingentes gastos saldrían de la caja fiscal, aunque en rigor correrían por cuenta de los contribuyentes que pagan impuestos.
Recientemente la funcionaria que ejerce el cargo de Seremi Minvu de la Región de Valparaíso resolvió que este hotel de 10 pisos ya construido se debe demoler, conforme a un fallo de la Corte Suprema, indicando que esa tarea la ejecutará el Serviu de dicha región, señalando que ella adoptó esa decisión rigiéndose por las atribuciones que le entrega el artículo 157° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), agregando que los dueños del edificio tienen 10 días para impugnar lo establecido por ella.
Ahora corresponde que el proceso de demolición se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y los dirigentes gremiales de la construcción pusieron el grito en el cielo, alegando que en Chile no existe la “certeza jurídica” y que, por ello, había que poner atajo a la perversa burocracia que impide el crecimiento económico, dando a entender entonces que los fallos de los tribunales de justicia son arbitrarios porque afectan al sector que ellos representan.
Pues bien, sin darle la más mínima importancia a sus sollozos, tenemos el deber de señalar que el artículo 148° de la misma ley le entrega atribuciones al alcalde de Concón para que proceda en los mismos términos, pero con una pequeña diferencia: quien asume los millonarios costos de la demolición es el privado que invirtió una suma del orden de los US$ 75 millones para construirlo.
Recordemos que el proyecto se ejecutó en la zona Litoral Marítimo, amparado en el permiso de edificación N° 007 del 10 de enero de 2011, en cuyo formulario el director de Obras Municipales (DOM), posteriormente destituido, consintió con su firma que la estructura tendrá 4 pisos (sic), con el pueril e impropio argumento de que los 6 pisos restantes estarían bajo el suelo natural del terreno localizado en la avenida Borgoño 18.115. Según disposición del Ministerio de Transportes, el titular del mismo tenía la obligación de contar con un Estudio de Impacto sobre el Transporte Urbano (EISTU) previo a la aprobación del permiso de edificación, lo que no ocurrió. Este negocio se regía por el Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar del año 1980, pues en aquella fecha no existía en Concón un PRC.
Por lo anterior, nos preguntamos por qué el alcalde de Concón no adoptó la decisión que ahora toma la Seremi Minvu de la Región de Valparaíso, ya que, si el edificio se llegara a demoler, los ingentes gastos saldrían de la caja fiscal, aunque en rigor correrían por cuenta de los contribuyentes que pagan impuestos. ¿Habrá existido un amistoso acuerdo entre el gobierno central y el gobierno local para cargarle la mano a la inerme ciudadanía? Esta situación es irrelevante, pues, por el daño ambiental implícito que se produciría si se aplica la decisión de la mencionada Seremi, con un costo aproximado de US$ 4 millones, según empresas expertas en derrumbes, lo más lógico y prudente es que el edificio se mantenga tal como está actualmente.
Se afirma lo anterior porque en Chile existe la costumbre institucionalizada de que los edificios ilegales no se demuelen y ejemplos al respecto hay varios, como el caso de la torre de 19 pisos en la comuna de Recoleta que el alcalde Jadue quería demoler, lo que fue impedido por un fallo de la Suprema, instancia que, en todo caso, validó la postura del alcalde, en orden a que la DOM no puede cursar una recepción final. Pero lo más grotesco se observa con los 85 guetos verticales en Estación Central, todos declarados ilegales por el Minvu y por la propia Contraloría: el exalcalde Delgado, desacatando los dictámenes del ente fiscalizador, estuvo de acuerdo en que el DOM cursara las recepciones finales para la inmensa mayoría de esos edificios.
Finalmente, buscando una solución posible para evitar un elefante blanco sobre los roqueríos en Concón, dado que el edificio no se demolerá, sería necesario un acuerdo entre las partes, de tal forma que la DOM respectiva curse una recepción final por los primeros pisos de la estructura, luego respetando la limitada altura fijada en el PRC de Concón, con lo cual el hotel podría funcionar ahí, traspasándose el dominio de todos los m2 de los pisos superiores al municipio, para que este los destine a sus propias funciones o las que estime conveniente según sus necesidades. Como ahí hay muchos m2, previas remodelaciones internas, en esos pisos se podrían habilitar viviendas para familias vulnerables, con lo cual sería una realidad el concepto de “integración social” que promueve el Gobierno.
