Opinión
La desigualdad es un problema que podemos y debemos resolver. Necesitamos un amplio acuerdo social que nos comprometa a combatirla, derribando así uno de los mayores obstáculos para el desarrollo humano y la dignidad.
Hace casi dos décadas, las Naciones Unidas establecieron el Día Mundial de la Justicia Social, reconociendo la necesidad continua de erradicar la pobreza, fomentar el empleo pleno y trabajo decente, promover la igualdad de género y asegurar el acceso equitativo al bienestar y la justicia social para todos. Se entendió entonces que el desarrollo social y la justicia son pilares fundamentales para la paz y la seguridad a nivel global, y que estos ideales solo pueden alcanzarse si se respetan plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Reflexionando sobre la justicia social hoy, evoco la marcha masiva del 25 de octubre de 2019, un momento en el que la ciudadanía expresó las profundas preocupaciones derivadas de las persistentes deudas sociales en nuestra población. Reconocimos entonces las desigualdades arraigadas y exigimos reformas sociales. Las autoridades de la época declaraban que “la multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza”.
En aquel momento, todos parecíamos compartir un diagnóstico común sobre las urgencias y estábamos comprometidos a abordarlas. Sabíamos que las pensiones eran indignas, la salud estaba en crisis, la educación no alcanzaba para todos, la vivienda era un derecho esencial, y que debíamos cuidar el medio ambiente y enfrentar el cambio climático. Las cifras respaldaban nuestras percepciones: una brecha social insostenible estaba presente en nuestro país.
El informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señalaba que el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. Éramos un país donde nuestra libreta de ahorro emocional y de confianza se había agotado.
Sin embargo, más de cuatro años después de aquella protesta, es legítimo cuestionarnos cuánto hemos progresado en la resolución de estas deudas sociales y en la realización de la justicia social prometida. Parece que aún estamos lejos de lograr una verdadera equidad y justicia social.
Los recientes incendios en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana vuelven a poner de manifiesto la realidad de muchos compatriotas que, en cuestión de minutos, perdieron todo: sus hogares, sus pertenencias, su historia. Barrios enteros desaparecieron, dejando a las personas sin recursos y con la necesidad de una igualdad de oportunidades para reconstruir sus vidas. Una vez más, la naturaleza golpea con mayor fuerza a aquellos que menos tienen, a aquellos que a menudo son solo cifras en estadísticas globales.
Hoy, queremos enfatizar el poder de la solidaridad para generar oportunidades equitativas para todos. No podemos permitir que el lugar de nacimiento, la residencia, el género o el grupo étnico de una persona determinen su acceso a educación de calidad, atención médica básica, empleo digno, protección social adecuada, vivienda decente, agua potable, participación política o el derecho a vivir sin miedo a la violencia.
La desigualdad es un problema que podemos y debemos resolver. Necesitamos un amplio acuerdo social que nos comprometa a combatirla, derribando así uno de los mayores obstáculos para el desarrollo humano y la dignidad. Es hora de mirar nuestras desigualdades con empatía, de ponerles rostro, nombre y vida, en lugar de reducirlas a meras estadísticas. Cuando lo hagamos, como país, habremos avanzado verdaderamente en humanidad y solidaridad, y finalmente estaremos más cerca de alcanzar la justicia social tan anhelada y esquiva para Chile.
