El delito es la guerra con otro nombre

El delito es una cuestión antigua, como la condición humana. Sin embargo, merece un análisis especial cuando irrumpe en crecimiento sostenido. Cuando la guerra es vencida por la paz, el delito es su rémora. De allí que el aumento del delito coloca en jaque la paz. Anuncia el inicio de la guerra. La guerra del delincuente contra el ciudadano.

Como botón de muestra, a continuación se señalan las muertes violentas provocadas por terceros: 

En 2022, hubo 477 homicidios más que en 2018. En efecto, la tasa de homicidios de 845 el 2018 aumentó a 1322 el 2022. Hubo 416 homicidios más que en el 2021. La incidencia actual determina que en Chile la tasa de homicidios es de 4 muertos diarios. El 2024, sin temor a equivocarnos, las cifras se verán incrementadas no obstante la baja en un 3% el 2023.

El gobernador regional de Santiago señaló una “pandemia” de homicidios para el 2024. Ya van 19 en 10 días. Si desde siempre los medios de comunicación nos anunciaban cada año nuevo quién era y dónde nacía el primer chileno, “hoy nos anuncia el primer homicidio del año”. En solo seis años, desde 2017 a 2022, los homicidios cuantificados por Carabineros aumentaron en un 40%. El incremento no es solo en cantidad, sino en modus operandi. Es cada vez más frecuente el sicariato (homicidios por encargo). Además del uso de armas de alto calibre. Homicidios cometidos desde vehículos en movimiento. También la desaparición forzada de los cuerpos. Sea que se les descuartice, se les abandone en sitios eriazos o se dispongan de otro modo sus restos. Evitando –a mayor ignominia– que puedan ser identificados.

De lo que hablamos es de terror y horror cotidiano: la guerra. Pero, en la guerra la muerte es una baja enemiga. Lo ajeno, trofeo de guerra. Sin embargo, en la paz: homicidio y robo. En esto radica la gravedad. El robo y el homicidio son tales en un estado de paz. Pero, cuando se hacen cotidianos y pandémicos, nos coloca en un estado de guerra, del cual pretendemos defendernos con los medios de la paz. En 2023, se produjo la muerte por homicidio de 38 niños. El año 2022, 47 niños muertos. En dos meses, diciembre 2023 y enero del año 2024, son 7 niños asesinados. El último, un niño de 12 años, el jueves 25 de enero de 2024: 19 disparos en tres segundos, uno de los cuales mató al menor.

La guerra, al decir de Carnelutti, es la invasión del dominio ajeno. Por eso las formas primordiales de delito son el homicidio y el robo. Agresión al dominio sobre el cuerpo de la persona humana, en un caso y de las cosas en el otro. La incidencia de estos delitos hoy en Chile impide la convivencia. Menos tener confianza en el porvenir. En democracias débiles, esta es herida mortal. En economías estancadas, consolidación de ruina.

Hasta ahora abundan declaraciones, normas de parche en urgencia, pero la formulación y ejecución de un Plan Coordinado Nacional eficiente y desplegado en toda la República frente a esta situación de vida o muerte, pareciera definitivamente parcial. Véase solamente el “Centro de Prevención Estratégica para la Prevención de los Homicidios, contenido en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del delito 2022-2026”. Ante los números es un fracaso. Pero no lo es desde ahora. Lo es desde su primera formulación el año 2004. Año en que la incidencia del homicidio era mínima en Chile. Esto solo se produce por mera improvisación política, jurídica y moral.

Pero ampliemos la mirada. Desde luego, es imperativo reconocer que las nuevas formas de criminalidad del horror son importadas en esta magnitud intolerable por agentes extranjeros venidos irregular, si no ilegalmente a Chile, y otros chilenos, que ya operando en pañales, se han sofisticado. Tales delitos de ocurrencia son el tráfico de drogas, lavado de activos, asociación ilícita, trata de personas, contrabando, corrupción, robos con violencia, tráfico de armas. Estos están asociados al asesinato junto a otros que comprometen gravemente la seguridad pública. A nivel nacional e internacional. 

Algunas reflexiones

La participación de chilenos en pandillas con extranjeros habría de considerarse una agravante especial y calificada, para aquellos como para estos.

Es indispensable crear una institucionalidad propia que establezca a lo menos cárceles migrantes. En efecto, lo grave es el verdadero contagio delictivo al estar en los mismos recintos penales colapsados delincuentes migrantes con delincuentes chilenos. Es allí el cultivo de las formas bestiales de delito. Allí comenzó la verdadera pandemia. Las cárceles de la zona norte están sobrepobladas en un 130%. A nivel nacional hay 1600 bandas desde las cárceles, donde a lo menos 600 están plenamente operativas.

Se hace imperativo, respecto de estos delitos graves, que las garantías procesales deban suspenderse e invertir la carga de la prueba.

Debe modificarse todo el régimen de juzgamiento y penitenciario en la Justicia Penal Juvenil.

Debe modificarse manifiestamente la formación de los jueces. Con magistrados y tribunales especializados.

Se debe transformar al Ministerio Público en una institución en terreno 24/7. El Ministerio Público debe estar inserto y con oficinas operativas en puertos. Aeropuertos y comisarías relevantes. Con fiscales adjuntos in situ asumiendo en forma inmediata la dirección de las investigaciones y denuncias. Todo esto antes que el parte policial, escrito a mano, llegue dieciochescamente a las fiscalías locales.

Debe utilizarse de manera seria a Carabineros de Chile con capacidad discrecional de disparo en el uso de armas de fuego. Carabineros, preparados suficientemente, debe tener plenas garantías en su uso absoluto en lugares donde existen enquistadas las bandas criminales. El uso del arma de servicio no es excusa. Es obligación. Más allá de la Ley 21.560 denominada Ley Naín-Retamal. El cambio es cultural.

La fuerza de dotación actual de Carabineros en todo el territorio nacional es de 53.450 miembros. Muy mal pagados. Igual que Gendarmería de Chile, con 20 mil funcionarios a nivel nacional. Esto es un riesgo inminente de captura en uso de medios de corrupción, por las bandas narcocriminales y los reclusos. Carabineros es la última fuerza de paz. Las organizaciones criminales y bandas narco son de acreditado conocimiento por todo dirigente social de base. Se sabe dónde están. Por otra parte, dentro de las cárceles colapsadas existe secuestro extorsivo incluso entre los propios delincuentes y manejo de negocios desde el interior de los recintos carcelarios por la disposición infinita de celulares.

Se requiere, por otra parte, a la base social organizada. En vínculo permanente con el Ministerio Público. Juntas de vecinos, clubes deportivos, asociaciones de adultos mayores, etc. 

En lo relativo a la presencia militar, hasta hoy están en zonas declaradas en Estado de Excepción Constitucional. En estas se ha limitado a su sola presencia, como en fiesta de gala. Esto aparece como una eventual pantomima. Las Fuerzas Armadas ni siquiera están autorizadas, en esta burla, a practicar un control de identidad.

A nivel urbano, deben encapsularse los lugares de residencia y operación de los mismos narcos en los “territorios”, así denominados por los delincuentes –que con el idioma y la música crean realidad– en el reconocimiento de que no hay Estado, pues donde existe Estado hay comunas y regiones, no territorios.  

Por otra parte, los enemigos del Estado han considerado violación de derechos humanos la persecución real del delito. Una parte de la clase política se ha adherido a esta versión que nos deja en la indefensión. Esa clase política ve al Estado como enemigo en el uso legítimo de la fuerza. Con lo que terminan negando el bien común de todos. De allí que absurdamente se persiguen estos y otros delitos con balas de goma. Pareciera, sin embargo, que están positiva, aunque tardíamente, despertando a la realidad. Esperamos que no sea una postura solo táctica y meramente política. Es la politización de estas materias la que se transforma en cómplice del crimen organizado. 

Debe crearse. A saber: 

Un órgano de seguridad estratégica, con funciones de contrainteligencia, para delitos de secuestro extorsivo, tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de armas, entre otros. Dicho órgano debe tener:

Capacidad de operaciones especiales. Es decir, aparatos operativos en caso de amenaza interna.

Entendamos de una buena vez, la corrupción es una amenaza interna, por donde también ingresa el narcotráfico. La narcopolítica y otras manifestaciones delictuales. La ruta del dinero sucio. 

Debe crearse un Servicio Nacional de Reinserción Social, distinto de Gendarmería, para imputados que cumplen su condena en el medio libre, y cuyo número es casi dos veces superior a los privados de libertad.

Digámoslo fuerte y claro: no hay crimen organizado sin corrupción. Se trata de un funcionario público o autoridad política o administrativa que permite activa o pasivamente el ingreso del crimen organizado, aún en las formas más cándidas, silentes y apócrifamente inofensivas. Se requiere que los delitos cometidos en ejercicio de la función pública merezcan siempre prisión preventiva efectiva, sin beneficio. 

El abuso a la confianza pública ha de considerarse siempre un delito gravísimo, pues la extensión del mal causado es a la democracia. El otorgamiento actual de pensiones fraudulentas en beneficio de delincuentes del estallido es corrupción. Reiteramos. No hay crimen organizado sin corrupción.

Cada día que pase sin formularse y ejecutarse un Plan Nacional Global, con auditorías trimestrales, con altura, intensidad e integridad necesarias para una verdadera defensa ante la guerra, con eventual cierre parcial de fronteras asociado, será la ruina de todos. En el derecho público, la soberanía es un atributo del poder del Estado. Es la soberanía del Estado de la República de Chile la que está en entredicho.

Si no existe una reacción articulada, no será extraño despedirnos definitivamente del Chile que conocimos. Chile podría terminarse como lugar seguro para todos y para siempre. El camino es arduo. El tiempo mínimo. El delito no toma vacaciones.