Desigualdad en acceso a terapias de reproducción asistida

Chile es un país desigual. Es cierto que esta frase, de conocimiento público, debe tener sustento en evidencia. En esta línea, al pertenecer a la OCDE, existe una métrica que se publica y compara en relación con el resto de los países del grupo: nuestro índice de Gini es el segundo más alto del grupo, solo superados por Costa Rica, de acuerdo con los últimos datos disponibles de 2022. 

Es importante cuantificar la desigualdad, porque a pesar de que algunas estadísticas son intuitivas, al no estar estandarizadas, no permiten realizar comparaciones adecuadas. Se ha cuantificado la desigualdad en distintos indicadores de salud en Chile: mortalidad infantil, distribución de recursos en la atención primaria de salud, mortalidad por algunas patologías y embarazo adolescente, junto a la evaluación de factores asociados a estos indicadores, con interesantes resultados y preocupación en torno al alza de algunos de estos indicadores. 

En relación con el acceso a terapias de reproducción asistida, el panorama también es desigual. A pesar de que no se ha publicado el índice de Gini para esta materia, la concentración de servicios de salud reproductivos en Chile evidencia la existencia de barreras de acceso geográficas a estos centros. Según los registros de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA), de los 11 centros de medicina reproductiva acreditados en Chile, 7 se encuentran en la Región Metropolitana. Del resto, están dos ubicados en la Región de Valparaíso y uno en la Región de Antofagasta y otro en la Región del Biobío. 

Los mismos datos de REDLARA indican que se realizaron 4.887 ciclos de reproducción asistida de alta complejidad a nivel nacional el 2020. Esto posiciona a Chile como el tercer país a nivel latinoamericano con mayor uso de terapias de reproducción asistida (tasa de 0,25 por cada 1.000 habitantes), sin embargo, lejos de Uruguay y Argentina (0,38 y 0,33, respectivamente), que lideran el uso, probablemente debido a la prestación universal de estos servicios en esos países. 

En el caso de Uruguay, desde el 2014 el acceso a servicios de reproducción asistida de baja y alta complejidad está garantizado a nivel nacional. Los servicios de baja complejidad son gratuitos en prestadores públicos y, para el caso de los servicios de alta complejidad, existe un modelo de cobro basado en los ingresos de la mujer y su entorno familiar. 

En Argentina, por otro lado, se asegura el acceso universal y gratuito a terapias de baja y alta complejidad, estableciendo criterios de inclusión claros, basados en la edad, y otorgando acceso a mujeres que hayan criopreservado sus propios óvulos a terapias de alta complejidad cuando lo requieran. 

Lo interesante de ambos enfrentamientos es que se otorga cobertura a los medicamentos, algo que en nuestro sistema de salud es en la gran mayoría de casos costo de bolsillo de los pacientes (out of pocket). 

Además de las barreras geográficas, existen barreras en el financiamiento, dado que a pesar de que algunas prestaciones están codificadas por Fonasa, fundamental para que también las isapres les otorguen cobertura, existen técnicas como la ovodonación que no tienen cobertura alguna –llegando a costar aproximadamente $6 millones, dado que se debe pagar el tratamiento de la donante, la receptora, y una compensación económica a la donante–, y en ocasiones son la única alternativa disponible, dado que muchas mujeres consultan tarde, debido a falta de concientización sobre esta materia. 

La importancia del tema ha llegado al punto tal de que el mundo desarrollado está tomando acciones, en línea con la crisis de natalidad que impacta a este. Las últimas guías de la oficina de asuntos poblacionales de Estados Unidos incluyeron dentro de los servicios recomendados sobre planificación familiar a aquellos de “creación familiar”, además de lo clásicamente recomendado y ya disponible en nuestro país, como el control prenatal, tamizaje de infecciones de transmisión sexual y el uso de anticonceptivos.

Estos servicios complementarían la cartera de prestaciones habituales, dirigidos a familias que busquen asesoría y educación en temas de fertilidad, para permitirles planificar su formación de familia, pero ya no en el sentido de limitarla (como ocurría con el uso de anticoncepción), sino en favorecerla y apoyarlos en el caso de detectar dificultades o requerir acceso a otros servicios, como la adopción. 

Sin duda ha sido un avance generar guías nacionales para la evaluación y manejo de la infertilidad, sin embargo, se debe avanzar en incorporar estas prestaciones al sistema público de salud a nivel nacional, formando unidades de medicina reproductiva al menos presentes en cada capital regional e incorporando estas prestaciones al arancel de Fonasa, de manera tal que las isapres estén obligadas a darles cobertura. Asimismo, disponibilizar estos recursos para mujeres que deseen acceder a servicios de asesoría en la creación de familia, quienes no necesariamente tendrán infertilidad. 

Gracias a la incorporación de estas prestaciones en la modalidad de Pago Asociado a Diagnóstico (PAD), se ha fomentado el acceso a estos tratamientos, incluyendo terapias de baja y alta complejidad, y procedimientos tanto para la mujer como hombres. Sin embargo, excluyen explícitamente los procedimientos con donación tanto de ovocitos (técnica fundamental en mujeres de mayor edad o con algunas patologías que determinan falla ovárica) y de espermios (para mujeres que deseen tener hijos solas, por ejemplo). Asimismo, la gestación subrogada, tema que no ha sido abordado a nivel país. 

El problema de la cobertura a través del sistema PAD, es que las prestaciones tienden a ser infravaloradas en relación con su precio de mercado y, si existen complicaciones, estas deben ser asumidas por la pareja a través de su sistema previsional, o en algunos casos por el centro de salud, lo que ha desincentivado su uso en otras patologías. Por esta razón, algunos centros optan por no atender bajo esta modalidad, disminuyendo el acceso a estas prestaciones y no constituyendo una política pública efectiva para liberar las barreras de acceso a los tratamientos de reproducción asistida. 

Será necesario avanzar en políticas públicas que eliminen las barreras en el acceso a terapias de reproducción asistida y democraticen el acceso a aquellas familias que requieran de su uso para lograr la familia que deseen tener.