CAE: cómo un derecho terminó transformado en un negocio

La reactivación del cobro del CAE no constituye simplemente una medida administrativa; expresa, más bien, la restauración de una concepción de la educación que deja de entenderla como derecho social para volver a situarla en el terreno de la inversión privada. Por ello, el problema de fondo no radica solo en la cobranza, sino en la naturaleza misma del instrumento. 

El CAE fue una de las expresiones más claras de la mercantilización de la educación superior en Chile, pues permitió expandir la matrícula sin alterar la lógica estructural del sistema, trasladando a estudiantes y familias el costo de estudiar bajo la forma de deuda. Los datos oficiales muestran, además, que no estamos ante desajustes marginales, sino frente al agotamiento de una arquitectura institucional profundamente fracturada: al 31 de diciembre de 2024, 966 mil personas se encontraban en etapa de pago del CAE, de las cuales 511 mil estaban con garantía ejecutada o crédito acelerado, mientras que el 42% del valor total de la cartera correspondía precisamente a ese tipo de deuda deteriorada. En estas condiciones, ya no resulta plausible atribuir el problema a conductas individuales, pues cuando más de la mitad de los deudores termina atrapada en el incumplimiento, lo que queda en evidencia no es una suma de fallas personales, sino una falla estructural del modelo.

 Ahora bien, los defensores del modelo suelen insistir en que la tasa actual es “solo” UF + 2%, pero esa afirmación omite lo verdaderamente sustantivo, el CAE continúa siendo una deuda reajustada por inflación, de largo plazo y susceptible de endurecerse severamente ante la mora, lo que desborda con creces la discusión estrictamente nominal sobre su tasa de interés. En los hechos, ha operado como una forma de usura social, no necesariamente por la ilegalidad de su tasa, sino porque convierte el derecho a estudiar en una carga financiera persistente que golpea con mayor fuerza a quienes tienen trayectorias laborales más frágiles. Así, la deuda no solo financia estudios, también condiciona la vida adulta, posterga proyectos y transforma el acceso al conocimiento en una hipoteca biográfica.

La política de cobro anunciada en abril confirma esa racionalidad. La TGR inició acciones respecto de más de 550 mil deudores, y para quienes registran ingresos sobre $5 millones mensuales se abrió derechamente la vía judicial. El ministro de Hacienda celebró, además, que la recaudación diaria hubiera subido de $30 millones a $200 millones tras el endurecimiento del discurso oficial. Esa escena es reveladora: frente a una deuda masiva y socialmente fallida, la respuesta del Estado no ha sido corregir el instrumento, sino intensificar el castigo y exhibirlo como éxito. 

El CAE no constituye únicamente un mal instrumento de financiamiento; expresa, en un sentido más profundo, una mala filosofía pública. En él se condensa la subordinación de la educación superior a la lógica financiera, al tiempo que se naturaliza que miles de jóvenes ingresen a la vida adulta cargando una deuda por el solo hecho de haber estudiado. Por eso, reducir la discusión a su cobranza resulta enteramente insuficiente. 

Lo que debiera cuestionarse es la legitimidad de un sistema que convirtió la deuda en la vía de acceso a la universidad, pues una sociedad democrática no debiera perseguir a generaciones enteras por haber necesitado financiamiento para estudiar; sino debiera más bien interrogar críticamente las condiciones que hicieron posible que un derecho terminara transformado en negocio.