Cultivos editados genéticamente: regulación débil, riesgos invisibles

El Estado chileno, mediante una resolución del SAG, aún en análisis, busca formalizar cómo regular los cultivos desarrollados mediante Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT, por sus siglas en inglés), una biotecnología con alto potencial productivo. Pero el problema no está en la promesa tecnológica, sino en la debilidad del marco regulatorio que se propone.

La norma en consulta consolida un sistema que, en la práctica, ya operaba: decisiones basadas casi exclusivamente en la información entregada por las propias empresas, con escasa verificación independiente y altos niveles de confidencialidad.

En otras palabras, se institucionaliza un modelo donde el regulador confía, pero verifica poco.

Esto no es un detalle técnico. Es un problema de gobernanza. Sin mecanismos robustos de control aumentan los riesgos de errores, omisiones o conflictos de intereses que pueden tener consecuencias ambientales y afectar la confianza pública.

A ello se suma otro vacío crítico: los productos que queden fuera de la categoría de organismos genéticamente modificados (OGM) podrían liberarse sin monitoreo posterior, incluso en escenarios de incertidumbre científica.

La pregunta de fondo es incómoda pero necesaria: ¿está el Estado en condiciones de asegurar que estas tecnologías se están evaluando con el rigor suficiente?

Fortalecer esta regulación no implica frenar la innovación. Implica hacerla creíble. Se requieren ajustes mínimos, pero claves: evaluación basada en riesgo, facultades reales de verificación para la autoridad, transparencia en las decisiones y monitoreo en casos sensibles.

Chile puede liderar en biotecnología agrícola. Pero sin estándares sólidos de control y transparencia, ese liderazgo corre el riesgo de construirse sobre bases frágiles.