El Ozempic chileno de la ciencia

Hay decisiones que no hacen ruido. No paralizan ciudades ni generan protestas. Se toman entre planillas y balances, con una lógica que, vista desde fuera, parece responsable: ajustar donde se puede. El problema es que no todos los ajustes son equivalentes. Recortar investigación y desarrollo en un país que ya invierte apenas el 0,34% de su PIB en ese ítem, frente al 2,7% que promedia la OCDE, no es prudencia fiscal. Es otra cosa.

El recorte en discusión supera los $170 mil millones, lo que equivale a entre el 10% y el 15% del presupuesto total del sistema científico. Solo eso ya debería ser suficiente para preocuparse. Pero el daño no está solo en el monto, sino en dónde cae: sobre becas de postgrado, programas de inserción de investigadores, y los grandes consorcios asociativos (PIA, Anillos, Milenio) que son, precisamente, la columna vertebral del sistema. No se está recortando la grasa. Se está cortando músculo, y eso en ciencia no es trivial.

Quienes trabajamos en ciencia lo vemos todos los días: estudiantes que dudan en postular, investigadores jóvenes sin horizonte claro, equipos que empiezan a desarmarse y sabemos que los efectos de estos cortes no se sienten de inmediato. El laboratorio no cierra mañana. La universidad no colapsará la próxima semana. El sistema absorbe el golpe durante un tiempo, y esa capacidad de absorción es, paradójicamente, lo que lo hace tan vulnerable a los recortes: porque permite que parezca que no pasa nada, hasta que ya es tarde. El capital humano, los investigadores formados, los equipos consolidados, las redes internacionales no se reconstruyen en un presupuesto. Tarda años. A veces, simplemente no vuelve.

¿Es inevitable este ajuste? Parcialmente, sí. En contextos de restricción fiscal, la ciencia siempre cae en la categoría de gasto “discrecional”: sus retornos no son inmediatos y su lobby político es débil. Eso tiene lógica desde Hacienda, pero es una mala lógica desde la política científica. Lo que resulta más difícil de defender es el diseño del ajuste. Porque un buen recorte, si tal cosa existe, distinguiría entre programas de bajo impacto y aquellos que son estructurales. Este no lo hace. Elimina indiscriminadamente, y esa indiscriminación tiene consecuencias concretas.

Chile gradúa entre 2.500 y 3.000 doctores al año. Formar a uno cuesta entre $80 y $120 millones. Si se suprimen 500 becas anuales, el ahorro inmediato es real, pero la renuncia es mayor: entre $40.000 y $60.000 millones por cohorte en capital humano que el país deja de construir. Y eso asumiendo que ese doctor formado en el extranjero tendría dónde insertarse al volver, lo cual, si se recortan también los programas de reinserción, tampoco está garantizado. El problema no es sólo cuántos se forman; es qué les espera cuando terminan.

Nuestro país produce del orden de 15.000 a 20.000 publicaciones científicas al año, gran parte de ellas sostenidas por los programas asociativos que hoy están en riesgo. Cuando estos programas desaparecen, no se pierde solo el financiamiento de un proyecto específico. Se pierde la estructura de colaboración que lo hace posible: los equipos interinstitucionales, las alianzas internacionales, la masa crítica. Eso no se recupera publicando una nueva convocatoria.

El contraste con el gasto en defensa es elocuente: Chile destina entre el 1,8 y el 2,0% del PIB: entre cinco y seis veces lo que invierte en I+D. No se trata de contraponer ambas necesidades, sino de evidenciar que las restricciones no son parejas. Hay áreas que se protegen y áreas que se ajustan, y la ciencia está sistemáticamente en el segundo grupo, desde hace mucho tiempo.

Un presupuesto no es solo contabilidad; es una declaración de prioridades. Y este ajuste declara, aunque no lo diga con esas palabras, que Chile puede darse el lujo de ralentizar su sistema científico. Tal vez pueda. Pero no sin consecuencias. En unos años, cuando el país vuelva a preguntarse por qué no logra diversificar su economía o por qué el talento formado aquí termina trabajando afuera, la respuesta no estará en una sola decisión grande. Estará, entre otras cosas, en este recorte que hoy no hace ruido.

Es el momento en que las autoridades universitarias y especialmente las Rectoras y los Rectores de nuestras universidades, desde sus respectivas experiencias académicas, desde las aulas y laboratorios, desde sus líneas de investigación y desde su experiencia personal en programas de postgrado, puedan plantear con claridad que estas malas decisiones atentan contra el desarrollo de nuestro país.