La motosierra como ideología

Hay ideologías que se declaran y hay ideologías que viven con nosotros. Las primeras generan debate, producen adversarios y generalmente se analizan minuciosamente. Las segundas son más eficaces porque nadie las reconoce como ideologías, sino que se presentan como hechos que no tienen otra alternativa. Son la verdad.

El nuevo gobierno como, quizás cualquier otro, opera bajo ambas ideologías. Se llama, con distintos nombres según quién hable, crecimiento, inversión, estabilidad fiscal, clima de negocios y el manoseado neoliberalismo. Sin embargo, se presenta no como el programa de un partido ni la agenda de un sector, sino como un marco dentro del cual todos los partidos y todos los sectores hablan y formulan preguntas.

No estamos debatiendo el rol del Estado y sus responsabilidades con la sociedad, sino que debatimos sobre la austeridad del Estado y recortar gasto público a toda costa. En ese sentido el consenso está dado antes de que empiece la política. Esto tiene consecuencias que raramente se analizan en la idea de democracia o incluso en la idea de futuro. Cuando la racionalidad dominante es económica suele pasar que todo aquello que no sea capaz de traducirse en ese lenguaje tiende a volverse ilegible para el Estado. Temas como derechos sociales, no discriminación o la felicidad no tienen una traducción evidente al lenguaje del PIB, de la tasa de retorno o indicadores de competitividad. Entonces, sistemáticamente, quedan fuera de lo que se considera urgente.

Los primeros retrocesos en materia de derechos LGBTIQ+ y de otros grupos, por ejemplo, ilustran este mecanismo con precisión. Un programa de formación en diversidad para funcionarios públicos sin presupuesto: restricciones presupuestarias. Detener el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos: priorización. Una reforma a la ley antidiscriminación detenida: no es urgente.

Cada decisión se enuncia en un lenguaje técnico, administrativo y supuestamente neutral. Pero esto es solo una fórmula para no decir que es una decisión política donde se prioriza qué tipo de ciudadanos y ciudadanas importa y cuánto. Este lenguaje es precisamente la operación ideológica más eficaz para generar un consenso. No se necesita que nadie declare que los derechos sociales son prescindibles, sino que basta con que el marco desde donde se habla no tenga categorías para procesarlos como una urgencia o una necesidad real de las personas. El resultado es lo que vemos y seguiremos viendo: retrocesos sin debate y discriminación totalmente naturalizada.

Lo notable es que este consenso atraviesa todo el espectro político. Muy pocos levantan la voz. Mientras el debate público esté organizado en torno a variables económicas, los derechos que no se expresan en esas variables serán sistemáticamente tratados como secundarios. El campo intelectual y mediático, que podría hacer visible este mecanismo también formula sus preguntas dentro del consenso, también mide la urgencia de los temas con los mismos indicadores, también considera que ciertos asuntos son materia seria y otros son “nichos de activismo”.

Romper ese círculo requiere algo más que denunciar retrocesos concretos, requiere nombrar el marco que lo hace posible y los invisibiliza. Requiere nombrar la ideología y, partir de ello, preguntarnos qué tipo de democracia estamos construyendo cuando algunos derechos caben en el presupuesto y otros no.

Esa pregunta no tiene respuesta técnica, sino que necesita una respuesta política y, mientras no la hagamos, el consenso seguirá operando en silencio que es donde más le conviene.