Millones de pesos gastados sin sentido

Cada año, en el marco de los Programas de Integración Escolar (PIE), se realizan valoraciones de salud destinadas a determinar el ingreso de estudiantes con necesidades educativas especiales y, con ello, su acceso a los apoyos correspondientes.

Para cumplir con ese requisito, equipos médicos contratados para este efecto se trasladan a los establecimientos y realizan evaluaciones generales de salud. En teoría, estas debieran considerar visión, audición, estado nutricional, crecimiento y eventuales derivaciones a especialistas. Es decir, debieran asemejarse a un control integral que respalde, con seriedad, decisiones que afectarán la trayectoria escolar de niños, niñas y adolescentes.

El problema es que, en la práctica, una parte importante de estas evaluaciones termina reducida a procedimientos breves, estandarizados y poco profundos. Quienes conocen su aplicación en las escuelas saben que muchas veces se resuelven en pocos minutos, sin el tiempo ni las condiciones para reunir antecedentes suficientes. En esas circunstancias, cuesta sostener que se trate de un proceso diagnóstico robusto. Más que una evaluación integral, se transforma en un trámite administrativo. Y, además, en uno que cuesta millones de pesos.

No se trata de un detalle menor. Este procedimiento implica un gasto significativo de recursos públicos que no guarda proporción con la calidad del proceso realizado. Son recursos que podrían destinarse de manera mucho más pertinente al fortalecimiento de los apoyos directos en las escuelas: materiales especializados, mejor infraestructura, apoyos técnicos o estrategias pedagógicas inclusivas que impacten efectivamente en el aprendizaje.

Por eso urge revisar la normativa vigente. No parece coherente sostener un modelo que exige validación médica como condición para acceder a apoyos educativos, especialmente en un sistema que debiera tener un foco pedagógico e inclusivo. Persistir en esta lógica responde a un enfoque biomédico que reduce las necesidades educativas a criterios clínicos e invisibiliza el papel central de los profesionales de la educación y de los equipos interdisciplinarios en su identificación y abordaje.

Lo que se requiere es avanzar hacia un modelo centrado en lo educativo, donde las decisiones sobre ingreso y permanencia en el PIE se basen en evaluaciones pedagógicas integrales, contextualizadas y realizadas por profesionales idóneos del ámbito educacional. Mantener el diagnóstico médico como requisito excluyente no solo limita, sino que también posterga apoyos oportunos, introduce barreras de acceso y desplaza la atención desde lo pedagógico hacia la lógica de la certificación.

Si de verdad se quiere fortalecer la inclusión, el esfuerzo del Estado no debiera concentrarse en reproducir exigencias formales de dudosa utilidad, sino en asegurar apoyos pertinentes y de calidad dentro de las escuelas. La pregunta de fondo es simple: si el objetivo es responder mejor a las necesidades de los estudiantes, ¿por qué seguir gastando millones en un mecanismo que muchas veces no mejora esa respuesta? Una política pública no se justifica por su burocracia, sino por su capacidad real de generar inclusión y mejores oportunidades educativas.