Cuando la política renuncia a construir paz

Durante años, parte importante del progresismo chileno observó con simpatía, incomodidad o silencio a grupos que eligieron la violencia como forma de acción política en La Araucanía.

Y para ser honestos, ese fenómeno no surgió de la nada. Existía una deuda histórica evidente con el pueblo mapuche: despojo, pobreza, abandono y un Estado incapaz de ofrecer soluciones reales. También es cierto que hace décadas el conflicto ayudó a instalar en la discusión pública una realidad que gran parte del país prefería ignorar.

Pero comprender el origen de un fenómeno no significa renunciar a evaluarlo críticamente décadas después.

Porque hoy la pregunta incómoda ya no puede seguir evitándose: después de tantos años de violencia, ¿qué se ha conseguido realmente para las comunidades mapuche?

La respuesta es dura. No existe una solución política al conflicto ni mejoras estructurales suficientes en la vida de la mayoría de las comunidades. Lo que sí existe es más militarización, fragmentación territorial y jóvenes mapuche muertos o presos.

Hace pocos días murió un joven profesional mapuche en medio de este conflicto. Y el posterior comunicado de la CAM, reivindicándolo como un “caído en combate”, reflejó con crudeza hasta qué punto la violencia comenzó a normalizarse como horizonte político y moral.

Porque cuando una causa empieza a acostumbrarse a convertir jóvenes muertos en símbolos de épica, algo se degrada profundamente.

Uno de los mayores errores del progresismo fue haber confundido empatía con silencio. Por miedo a parecer funcional a la derecha, muchos evitaron decir algo evidente: que la violencia terminó atrapando a La Araucanía en un ciclo sin salida.

Como ocurre en conflictos prolongados donde la violencia se normaliza, comenzaron también a consolidarse dinámicas cada vez más difíciles de distinguir del crimen organizado: robo de madera, armas, economías ilícitas y control territorial ejercido mediante la intimidación y la fuerza.

Y sería igualmente deshonesto ignorar que durante años sectores de la derecha también prefirieron reducir un conflicto histórico y político únicamente a un problema de orden público.

Así, el debate terminó atrapado entre quienes romantizan la violencia y quienes creen que todo se resuelve únicamente con militarización.

Y justamente por eso sería un error minimizar uno de los pocos esfuerzos serios que existieron para abrir un camino distinto: la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Impulsada durante el gobierno anterior, con participación de la sociedad civil, la academia y también de sectores de derecha que entendieron que este conflicto no podía seguir administrándose únicamente desde la lógica de seguridad, la comisión representó voluntad política para construir acuerdos.

Y ahí también existe una responsabilidad para quienes hoy representamos al progresismo. Ya no basta únicamente con administrar el Estado o fiscalizar sus fallas. También debemos atrevernos a abrir discusiones incómodas dentro de nuestro propio sector, actualizar diagnósticos y construir una alternativa distinta a caminos que, después de décadas, no han logrado traer paz, desarrollo ni reparación real para La Araucanía.

No basta con administrar el conflicto. Defender una salida democrática exige más coraje político que administrar trincheras desde redes sociales o discursos maximalistas.

Porque abandonar este esfuerzo sería dejar a La Araucanía atrapada entre la violencia, el miedo y la incapacidad política de imaginar algo distinto.

Sin paz será imposible avanzar en desarrollo, reconocimiento y convivencia.

Porque ninguna causa justa puede construir futuro acostumbrándose a enterrar jóvenes.