El factor protector de la infancia que Chile no está aprovechando

La semana pasada UNICEF publicó un informe que debería incomodarnos, y mucho. Chile quedó último en bienestar infantil entre 37 países de altos ingresos. De acuerdo al estudio, el 58% de los niños y adolescentes de entre 5 y 19 años presenta sobrepeso, solo el 25% de los adolescentes del quintil menos acomodado logra competencias básicas en matemáticas y lectura (contra 67% del más acomodado) y un 13% de los estudiantes de 15 años declaró haber omitido comidas por falta de dinero. Son cifras dolorosas, que nos hablan de un país que falla en garantizar condiciones mínimas de desarrollo para sus niñas y niños.

Lo que el informe no mide, y que ha estado ausente también de la discusión pública al respecto, es el papel que juega la participación infantil en este bienestar. No se trata de un detalle menor, pues la evidencia acumulada en los últimos años muestra que la participación significativa de las infancias está consistentemente asociada con mejores resultados de bienestar, desarrollo socioemocional y protección frente a distintos tipos de riesgo. La participación infantil, por lo tanto, no solo es un derecho asegurado por la Convención de los Derechos del Niño o un factor protector en sí mismo. La participación es un factor capaz de asegurar el éxito del resto de los factores protectores de la infancia.

Sin embargo, hay una condición que toda esta investigación subraya para que la participación infantil tenga estos efectos protectores: debe ser significativa y no meramente simbólica. No basta con preguntar a niñas y niños su opinión para luego ignorarla, ni con incluirlos en procesos diseñados exclusivamente por adultos. La participación que produce efectos es aquella en que tienen agencia real sobre los temas que les conciernen y les importan.

Desde Momento Ciudadano trabajamos en promover esto el año pasado con Multiplicar las Voces, un proyecto en que más de 1.300 niñas y niños de todo el país comunicaron a las candidaturas presidenciales y parlamentarias, con sus propias palabras y dibujos, lo que les preocupa del Chile que habitan y lo que proponen para aquel que quieren construir. Lo que encontramos no fue solo que tenían cosas importantes que decir (eso ya lo sabíamos) sino que nuestro país es una tierra más fértil de lo esperado para lograr esa participación. En las 16 regiones, junto a aliados como la Defensoría de la Niñez, Fundación Colunga, World Vision Chile, Fundación Arcor y la Organización de Estados Iberoamericanos, encontramos instituciones públicas, organizaciones comunitarias y escuelas de diversos tipos dispuestas a implementar estos espacios de participación, comunidades receptivas a lo que emanaba de ellos, y niñas y niños con una capacidad notable para articular lo que viven, lo que les preocupa y lo que proponen. La pregunta no era si querían participar. La pregunta era si los adultos estábamos dispuestos a escucharlos en serio.

El informe de UNICEF duele, sin duda, pero debemos leerlo como una invitación a preguntarnos qué estamos haciendo mal y qué podríamos hacer distinto. Una respuesta parcial, pero concreta, es tomarse en serio la participación infantil como política pública. No como un gesto de buena voluntad hacia niñas y niños, ni como una actividad extracurricular para cuando hay tiempo y recursos, sino como estrategia deliberada para mejorar su bienestar, reconociéndolos, al mismo tiempo, como sujetos de derecho y agentes de sus propias trayectorias. Diseñar espacios donde su participación sea genuina y mecanismos que permitan a sus voces producir efectos concretos no es una tarea sencilla ni barata, pero la evidencia sugiere que es una de las inversiones más rentables que puede hacer una sociedad que se toma en serio el bienestar de la infancia. La experiencia chilena muestra que las condiciones para hacerlo existen. Lo que falta es la decisión política de convertirlo en prioridad.