Lo que no derriba el terremoto, lo derriba el abandono interinstitucional

El 9 de junio de 2026, un nuevo incendio sacudió el Barrio Yungay en Santiago. No es el primero ni será el último. Mientras las llamas consumen cités y casonas que sobrevivieron un siglo de historia urbana, la pregunta que nadie responde con claridad es: ¿quién tiene la obligación de cuidar viviendas antiguas en zonas de valor arquitectónico? La respuesta importa: llevamos más de 25 años vivenciando incendios de viviendas y la muerte de inquilinos e inquilinas institucionalmente desamparados y abusados por propietarios e intermediarios.

Al día siguiente, como integrante de ViviendaMigrante, visité a parte de las familias afectadas. Detrás del dolor de perder algo material queda el trauma del fuego y la incerteza sobre dónde vivir. El problema no son solo fallas estructurales del inmueble patrimonial: también son acciones humanas que afectaron a las casi 50 familias que habitaban ese lugar. Todos coinciden en que la latencia al incendio es constante, y que las únicas autoridades que aparecen rápido son Bomberos y Carabineros, lo que reafirma que Chile mantiene una excelente estrategia de emergencia pero escasas acciones preventivas.

El Barrio Yungay es Zona de Conservación Histórica con alta concentración de Inmuebles de Conservación Histórica (ICH). Su parque edificado es mayoritariamente anterior a 1960: cités, casas de madera, muros de adobe, instalaciones eléctricas obsoletas y techumbres que acumulan décadas de cavidades sin sellar. Es, en términos técnicos, un polígono de alto riesgo de incendio nunca tipificado como tal. La propia Municipalidad reconoció que en la comuna ocurre «al menos un incendio por semana». Esa recurrencia no ha derivado en prevención activa ni en educación del riesgo.

La población que habita estos inmuebles es predominantemente inquilina, de ingresos medios y bajos, en muchos casos migrante. Las y los inquilinos viven en habitaciones diseñadas para otras funciones que hoy alojan familias completas en unidades de 20 m² o menos. Los cités son arrendados por propietarios ausentes que no invierten en mantención y no son fiscalizados. Los factores de riesgo se combinan de manera letal: estructuras de madera sin compartimentación, cableado de tela sin protección diferencial, densidad muy superior al diseño original y ausencia total de detección de incendios.

Hay incendios que no se producen por accidente. Se producen por desidia acumulada, por políticas habitacionales que nunca llegaron, por propietarios que alquilan sin invertir y por un Estado que protege el patrimonio en el papel pero lo abandona en los hechos. Chile protege su patrimonio construido a través de tres vías paralelas que no se coordinan: la Ley de Monumentos Nacionales, los Instrumentos de Planificación Territorial y las normas técnicas de construcción. El resultado es un sistema fragmentado: el Municipio puede declarar un inmueble como ICH pero sin obligación de mantención exigible al propietario; el CMN puede protegerlo pero aumentando los costos sin beneficio compensatorio; MINVU puede planificar, pero sus programas no alcanzan a los inmuebles en arriendo.

Lo que arde en el barrio Yungay no es solo madera de 100 años: es la evidencia de una injusticia sociohabitacional que afecta a muchos cascos históricos de Chile. El mismo diagnóstico aplica a Valparaíso, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Calama, Arica. Ciudades cuya historia extractiva construyó un parque habitacional denso, antiguo y hoy abandonado a la lógica del rentismo sin responsabilidad.

Lo que se necesita no son más diagnósticos. Se necesita voluntad política articulada: un registro único de propietarios de inmuebles patrimoniales habitados; un catgastro de manzanas e inmuebles incendios; la definición de un polígono de resguardo por incendios; inspecciones preventivas en las Direcciones de Obras Municipales; reforma de la Ley de Arrendamiento para proteger a los inquilinos durante obras de seguridad; y un fondo específico para mejoramiento de vivienda antigua en arriendo. La experiencia post-incendio de Viña del Mar en 2024 lo confirmó: reconstruir es más lento, más caro y más complejo que prevenir.

Lo que no derriba el terremoto o el incendio, lo derriba el abandono interinstitucional. Y cuando derriba, siempre derriba sobre los mismos: los grupos más vulnerables.