Menos caricaturas, más evidencia

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló recientemente que el recorte al sistema sanitario “es contra los operadores políticos, la ineficiencia y el fraude social”. Por su parte, la ministra de Salud, May Chomali, manifestó que “algunos alcaldes habrían utilizado recursos para fines distintos de aquellos para los que estaban destinados”. Ambas declaraciones comparten un mismo problema: buscan explicar una discusión presupuestaria compleja mediante sospechas generales. Y eso no contribuye al debate, lo empobrece, porque una cosa es perseguir irregularidades, algo que exige máxima severidad, y otra muy distinta es instalar sospechas sobre quienes sostienen diariamente el sistema de salud.

La pregunta de fondo no es si debemos hacer más eficiente el gasto público. Por supuesto que sí. Chile enfrenta importantes desafíos fiscales y todos los niveles del Estado tenemos la responsabilidad de contribuir a una gestión responsable de los recursos públicos. Por eso, esta columna no busca levantar una oposición al Gobierno ni desconocer la necesidad de enfrentar el déficit fiscal. Lo que busca es algo más simple: que esta discusión se construya sobre un marco de evidencia y colaboración.

Un buen recorte es aquel que elimina gastos innecesarios, corrige ineficiencias o pone fin a programas que no están cumpliendo sus objetivos. Cada peso que se desperdicia es un peso que deja de llegar a un paciente. Pero, para recortar bien, primero hay que saber dónde está el problema. La evidencia debe venir antes que el prejuicio.

Por ejemplo, en Puerto Varas este año el financiamiento de la Atención Primaria de Salud fue reducido en aproximadamente $230 millones. Y cabe preguntarse, bajo la lógica de los ministros citados: ¿qué operadores políticos justifican ese recorte? ¿qué gastos desviados fundamentan esa decisión? ¿por qué no se considera que estos programas son rendidos y, en nuestro caso, aprobados por la Contraloría General de la República?

Es más, como municipio ya subsidiamos nuestra red de Atención Primaria con cerca de $1.200 millones de recursos propios para mantener la continuidad y calidad de las prestaciones que reciben nuestros vecinos y no somos una excepción. A lo largo del país, numerosos municipios están financiando con recursos propios prestaciones, programas y servicios que responden a necesidades crecientes de la población, desde salud mental hasta cuidados de larga duración. El riesgo de un mal diagnóstico es evidente: terminar recortando precisamente aquellos espacios donde el sistema ya está sobrepasado.

La salud pública necesita transparencia, control y eficiencia, pero también requiere diagnósticos rigurosos. Si queremos corregir ineficiencias, hagámoslo. Si queremos perseguir irregularidades, hagámoslo con toda la fuerza de la ley. Lo que no podemos hacer es reemplazar la evidencia por la sospecha. Los desafíos fiscales del país no se resolverán enfrentando al gobierno central con los municipios, sino construyendo mejores soluciones entre ambos porque, al final, lo que está en juego no es una discusión política, sino la salud de millones de chilenos.