Ley de Fertilizantes: modernizar sin paralizar al agro

El próximo 28 de agosto no será un día cualquiera para el campo chileno. Entrará en vigencia la Ley N° 21.349, una normativa largamente esperada que viene a ordenar la cancha en la composición, etiquetado y venta de fertilizantes y bioestimulantes.

Sin embargo, quienes conocemos de cerca el sector sabemos que las buenas intenciones de un texto legal no siempre conversan bien con el barro del campo o la realidad del laboratorio. Por eso, la consulta pública que abrió el SAG para modificar tres de sus resoluciones clave, que dan operabilidad a la Ley, no es un simple papeleo burocrático; es, de punta a cabo, un baño de realidad indispensable.

Lo que está haciendo el SAG no es cambiar las reglas del juego a última hora, sino corregir los puntos ciegos antes de que el barco zarpe. Al escuchar a los gremios, la academia y la industria, la autoridad tropezó con una gran verdad: nuestra ley se diseñó basándose en el modelo europeo, el Reglamento 2019/1009, que es altamente exigente.

El detalle es que Europa se tomó una década entera para discutirlo y cuenta, además, con una red de laboratorios de última tecnología para sostenerlo.

Chile, en cambio, pretendía exigir ese mismo estándar en un muy corto periodo de tiempo. Intentar aplicar esa matriz hiperregulada en nuestra realidad local era una receta segura para la parálisis, el desabastecimiento de insumos y una ola de rechazos y judicialización por meros trámites.

El cambio en las llamadas “tolerancias analíticas” es el mejor ejemplo de este necesario cable a tierra. Suena muy bien en teoría exigir que el contenido de un saco de fertilizante coincida al milímetro con lo que dice la etiqueta. Pero ignorar que las materias primas orgánicas cambian por su propia naturaleza, o que nuestros laboratorios comerciales tienen límites técnicos lógicos, era una trampa.

Sincerar esos márgenes de error aceptables es lo que permitirá fiscalizar con justicia, sin ahogar económicamente a un sector que ya produce con los costos y los márgenes al límite.

La llegada oficial de los bioestimulantes es, sin duda, una tremenda noticia para la sustentabilidad y el manejo de los cultivos frente al cambio climático. Sacarlos de la misma caja de los plaguicidas es un acierto gigante. Sin embargo, la exigencia original de declarar en la etiqueta el género, la especie y la cepa exacta de cada microorganismo terminaba siendo inviable para los desarrollos biológicos locales. El SAG entendió a tiempo que no se puede asfixiar la innovación con burocracia antes de que logre nacer.

Eso sí, flexibilizar la marcha blanca no significa, bajo ningún punto, bajar la guardia frente a la inocuidad. Las tuercas que se están ajustando en los límites de metales pesados (como el plomo o el cadmio) y patógenos como la salmonella deben ser intransigentes. Cuidar la limpieza de nuestros suelos no es solo un deber ambiental, es nuestro mejor escudo comercial y de proyección hacia el futuro.

Un solo error en la inocuidad y arriesgamos la reputación de la fruta chilena en esos mismos mercados internacionales que hoy nos miran con lupa.

El SAG prevé publicar las resoluciones definitivas en julio, dejándonos apenas un mes de colchón antes de la vigencia total de la ley en agosto. El tiempo apremia y el verdadero partido se jugará en la cancha operativa.

El gran desafío país ya no está en el papel, sino en ver si nuestra red de laboratorios dará abasto para procesar la enorme montaña de análisis que exigirá el nuevo Registro Único Nacional.

Todavía estamos a tiempo de blindar el sistema. Esta consulta pública es la ventana ideal para aportar desde la experiencia técnica y el sentido común agrícola.

Solo una regulación que dialogue de verdad con la realidad de nuestros campos será capaz de proteger el suelo, asegurar los alimentos y mantener al agro chileno compitiendo con fuerza hacia el futuro.