La historia rima: mitos y evidencia sobre la tierra indígena

Dicen que la historia no se repite, pero rima. En la cuenta pública, el Presidente Kast esbozó cambios a la política indígena que resuenan con varios momentos críticos del pasado.

En el siglo XIX se alimentó en Santiago el mito de que las tierras de la frontera estaban abandonadas para justificar la invasión militar; un argumento similar de improductividad de las tierras en comunidad sirvió para justificar la división masiva de tierras comunitarias del Decreto Ley 2,568 de 1979.

Hoy el presidente insiste en el mismo punto, que las tierras entregadas a las comunidades están abandonadas, y, una vez más, no se entrega evidencia. Una investigación de nuestra coautoría, recién aceptada en la revista Nature Sustainability, demuestra lo contrario.

Usando datos satelitales para el total de compras de CONADI a través del artículo 20B entre 2001 y 2022, mostramos que en los predios se observa un activo cambio en el uso de suelo después de su entrega a comunidades mapuche. Aumentan los pastizales y disminuyen las plantaciones forestales, consistente con las preferencias de una sociedad de raíces ganaderas. El cambio, que suele tomar algunos años, es más pronunciado cuando las tierras quedan cerca de las comunidades beneficiarias, una dimensión concreta donde la política puede mejorar.

Otro eje del anuncio es la intención de relajar las restricciones de arriendo e hipoteca. La historia vuelve a rimar. En 1943 se levantaron, por primera vez desde la incorporación de la frontera, las restricciones para comprar tierras indígenas. Los registros de ventas que hemos reconstruido revelan que siguió una avalancha de transacciones y una grave pérdida patrimonial para el pueblo mapuche. La situación fue tan crítica que en 1947 el Congreso restituyó las restricciones e incluso anuló ventas del período, reconociendo tácitamente el error.

Conviene entender por qué estas restricciones importan. El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas nació en 1993 a partir del reconocimiento de que el patrimonio territorial indígena, base de la persistencia de los pueblos, había sido gravemente mermado por la acción del Estado. El restituir y preservar la propiedad indígena es fundamental en diversos tratados internacionales suscritos por Chile.

Desde entonces se han comprado más de 200.000 hectáreas por más de mil millones de dólares. ¿Qué sentido tiene engrosar ese patrimonio por un lado si lo dejamos escurrir por el otro? La ley halló una solución ingeniosa: un mercado de tierras entre indígenas que permite transar y beneficiarse del intercambio sin que la tierra salga del patrimonio.

En otro estudio reciente, financiado por el BID, mostramos que el sistema funciona. Usando información de miles de registros de propiedades, combinados con datos satelitales, encontramos que las restricciones no afectan mayormente la productividad, pero sí son fundamentales para conservar las tierras bajo propiedad mapuche.

Si bien el diseño grueso de la ley funciona, es ampliamente reconocido que hay espacios de mejora. La Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó el año pasado un informe con respaldo transversal y múltiples propuestas. La agilización de la entrega de derechos de goce y un ordenamiento en el sistema de compras, anunciados por el presidente, no amenazan el patrimonio indígena y son bienvenidos transversalmente. El arriendo podría flexibilizarse extendiendo el plazo a 25 años, como sugiere el informe.

La hipoteca, en cambio, es difícil de concebir como la plantea el presidente sin abrir una vía de pérdida patrimonial; la falta de crédito se atiende mejor potenciando los programas de INDAP.

Celebramos que la política indígena vuelva al centro del debate, porque varios ajustes son necesarios. Pero llamamos a no decidir sobre mitos repetidos en momentos clave de nuestra historia. Que las tierras están abandonadas, que las restricciones sobran, que solo han perpetuado y agudizado el conflicto.

Antes de legislar hay que leer con cuidado la historia y considerar la evidencia rigurosa. Nosotros aportamos desde la academia, pero corresponde al gobierno de turno hacer políticas basadas en la evidencia sistemática y no en casos anecdóticos.