Con los niños no

Hace algunos años, sectores conservadores y de derecha instalaron una consigna que ocupó titulares, redes sociales y espacios públicos: “Con mis hijos no te metas”. La utilizaron para oponerse a políticas de educación sexual integral, prevención de la violencia y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Incluso recorrieron el país con un bus naranja defendiendo la idea de que determinados temas no debían ser abordados desde las escuelas ni desde las políticas públicas.

Hoy, varios de esos mismos sectores parecen haber olvidado el sentido de aquella frase.

Durante las últimas semanas hemos visto cómo se ha instalado con fuerza en la opinión pública un relato sobre supuestas desapariciones y eventuales redes de tráfico de niños de origen haitiano. La gravedad de una acusación de esta naturaleza exige toda la atención del Estado y de la justicia. Si existieran antecedentes que acreditaran hechos de esta magnitud, sería indispensable investigarlos hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, resulta preocupante observar cómo la discusión pública ha avanzado mucho más rápido que los hechos. Antes de que existan investigaciones concluyentes, antes de que se presenten pruebas contundentes y antes de que las instituciones competentes puedan establecer responsabilidades, ya se ha construido una narrativa que señala a una comunidad específica [cuál, nombrala] como responsable de estos hechos. 

El propio Gobierno ha debido aclarar que no existen denuncias formales que permitan sostener las afirmaciones que han circulado. Pero, esa aclaración no alcanza la misma cobertura que las acusaciones iniciales, porque cuando un tema se repite una y otra vez en programas de televisión, radios, portales digitales y redes sociales, se instala como verdad.

Y ese es precisamente el problema porque cuando se habla constantemente de niños haitianos desaparecidos, de posibles redes de tráfico, se termina construyendo una asociación peligrosa entre migración haitiana, irregularidad y delito. Aunque, no existan pruebas concluyentes, el mensaje ya fue recibido por una parte importante de la ciudadanía.

La lógica es conocida: no es necesario demostrar un hecho cuando basta con instalar la sospecha porque el rumor, la especulación y la insinuación terminan ocupando el lugar de la evidencia. Luego, cuando aparecen los desmentidos o las aclaraciones, el daño ya está hecho.

Lo más preocupante es que esta narrativa se instala sobre una comunidad que ha debido enfrentar enormes desafíos para integrarse a nuestro país.

Entre 2016 y 2017, Chile recibió una importante ola migratoria proveniente de Haití. Miles de familias llegaron enfrentando barreras idiomáticas, culturales, económicas y climáticas. El desarraigo ya era una experiencia suficientemente difícil. Aun así, estas comunidades construyeron redes de apoyo, mecanismos de cuidado mutuo y formas de organización que les permitieron abrirse espacio en una sociedad que muchas veces las observó con distancia e incluso con prejuicio.

Durante años, organizaciones sociales, establecimientos educacionales, municipios y servicios públicos trabajaron para garantizar que los menores migrantes pudieran acceder a la educación, la salud y otros derechos fundamentales, independientemente de la situación administrativa de sus familias. El objetivo era claro: que ninguna niñez fuera castigada por su origen.

Las propias comunidades haitianas fueron protagonistas de ese esfuerzo. A través de organizaciones comunitarias, iglesias, fundaciones y redes de apoyo acompañaron procesos de integración, traducción, regularización migratoria y reunificación familiar. Fueron ellas las que ayudaron a miles de familias a enfrentar las dificultades propias de llegar a un país nuevo.

Por eso resulta especialmente relevante escuchar lo que esas organizaciones tienen que decir hoy.

Diversas agrupaciones de la comunidad haitiana han señalado públicamente que durante todos estos años no han recibido denuncias de padres, madres o tutores respecto de supuestas desapariciones sistemáticas de niños en procesos de reunificación familiar. Se trata de organizaciones que han estado en contacto directo con las familias, que conocen sus trayectorias y que han acompañado permanentemente a quienes llegaron a Chile buscando mejores oportunidades.

Incluso figuras reconocidas de la comunidad haitiana han salido a cuestionar y desmentir las versiones que se han difundido. Han advertido que la instalación de estos relatos sin evidencia suficiente no solo genera alarma, sino que además profundiza la estigmatización de una población que ya ha debido enfrentar múltiples formas de discriminación.

Sin embargo, esas voces rara vez ocupan el mismo espacio mediático que las acusaciones iniciales. 

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué ocurre cuando los niños son utilizados para construir una narrativa política?

Chile conoce demasiado bien las verdaderas vulneraciones que afectan a la infancia. Durante décadas se trabajó para abandonar expresiones como “prostitución infantil” y comenzar a hablar correctamente de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. No fue un cambio de lenguaje solamente. Fue el reconocimiento de una realidad brutal: ningún niño o niña es responsable de su explotación.

Investigadores, profesionales de las ciencias sociales, organizaciones de protección de la infancia y comunidades completas dedicaron años a denunciar situaciones reales y comprobadas de abuso, explotación y vulneración de derechos. También, hemos conocido las profundas falencias de los sistemas de protección institucional, primero bajo el Sename y posteriormente bajo Mejor Niñez.

Esos son problemas reales. Esas son las tragedias que exigen respuestas urgentes, recursos públicos y voluntad política.

Por eso resulta tan inquietante que la discusión pública se desvíe hacia relatos construidos sobre sospechas, rumores o antecedentes aún no acreditados, especialmente cuando ello contribuye a señalar a una comunidad específica como potencial responsable de delitos gravísimos.

Resulta paradójico que quienes durante años levantaron la consigna “Con mis hijos no se metan” sean hoy capaces de utilizar la imagen y el sufrimiento de niños para alimentar discursos sobre migración, inseguridad o control fronterizo. Los infantes dejan de ser sujetos de derechos y pasan a convertirse en instrumentos de una estrategia comunicacional que busca generar temor y reforzar prejuicios.

La protección de la infancia exige responsabilidad. Exige investigaciones rigurosas, instituciones sólidas, evidencia y políticas públicas efectivas. También, exige prudencia comunicacional porque cuando los medios privilegian el impacto por sobre la verificación y cuando la Derecha descubre que el miedo moviliza más que los hechos, quienes terminan pagando el costo son las personas más vulnerables.

Los niños no pueden ser utilizados para ganar una discusión política. Tampoco pueden convertirse en la excusa para criminalizar o estigmatizar a comunidades migrantes que han debido esforzarse durante años para construir una vida digna en nuestro país.

Si realmente creemos que la infancia debe estar en el centro de nuestras preocupaciones, entonces debemos defenderla sin distinciones, sin instrumentalizaciones y sin dobles estándares.

Porque la protección de los niños y niñas no puede transformarse en espectáculo mediático, ni en propaganda política, ni en una herramienta para sembrar miedo.

Y porque, al final del día, la consigna correcta sigue siendo la misma: con los niños no.