Infraestructura desde el territorio, la deuda pendiente con las regiones

Durante años se ha entendido la infraestructura como una herramienta para impulsar crecimiento económico. Carreteras, puertos, aeropuertos, embalses o redes energéticas fueron concebidos desde la lógica de aumentar productividad y conectar mercados. Y aunque esa mirada permitió avances importantes, hoy resulta insuficiente para enfrentar los desafíos del desarrollo territorial.

La infraestructura no solo moviliza carga o personas. También determina oportunidades. Define qué territorios logran integrarse al desarrollo y cuáles quedan rezagados. Influye en la competitividad regional, en el acceso a servicios, en la resiliencia frente a eventos climáticos y, finalmente, en la calidad de vida de las comunidades.

Chile sigue siendo un país centralizado -no solo desde el punto de vista político o administrativo-, sino también en la forma en que planifica sus inversiones. Muchas veces las regiones continúan esperando proyectos habilitantes que permitan desplegar su potencial productivo, logístico o turístico. Y cuando esas iniciativas finalmente avanzan, lo hacen fragmentadas, sin visión sistémica y baja articulación territorial.

El norte del país requiere infraestructura habilitante para consolidar la industria minera del futuro y el desarrollo energético asociado al hidrógeno verde. La macrozona centro-sur necesita fortalecer corredores logísticos y ferroviarios que permitan mejorar competitividad y reducir presión sobre las ciudades. El extremo austral enfrenta desafíos críticos de conectividad, energéticos y resiliencia climática. En paralelo, los territorios costeros demandan obras para adaptarse frente al aumento de amenazas naturales y eventos extremos.

Sin embargo, seguimos enfrentando procesos de evaluación y toma de decisiones excesivamente sectoriales. La infraestructura suele analizarse proyecto a proyecto, cuando en realidad los territorios funcionan como sistemas interdependientes.

Avanzar hacia una mirada territorial implica comprender que las inversiones públicas generan efectos acumulativos. Un puerto sin conectividad terrestre adecuada pierde eficiencia. Un parque industrial sin seguridad hídrica limita su desarrollo. Un aeropuerto regional sin planificación urbana asociada puede transformarse rápidamente en un nuevo foco de congestión.

Por eso resulta fundamental fortalecer una planificación de largo plazo, con mayor coordinación intersectorial y con capacidades regionales más robustas para priorizar inversiones estratégicas. 

La infraestructura debe entenderse como una herramienta de cohesión territorial y no únicamente como respuesta reactiva a los déficit acumulados. Esto exige incorporar variables sociales, ambientales y de adaptación climática desde las etapas tempranas de planificación.

Pero también requiere generar acuerdos políticos amplios que permitan dar continuidad a proyectos que trascienden los ciclos de gobierno.

Chile necesita volver a pensar su infraestructura desde una lógica de desarrollo del país. Y ese desarrollo será sostenible si las regiones dejan de observar las oportunidades desde afuera y pasen a ser protagonistas de una estrategia territorial integrada, generando motores de equidad, competitividad y cohesión social para las próximas décadas.