Violencia juvenil: Chile responde mal

En las últimas semanas, los hechos violentos cometidos por adolescentes y jóvenes han copado la agenda pública chilena.

Según cifras del Ministerio Público, en promedio, 1.700 adolescentes fueron imputados en causas por robos violentos desde el 2020. Más aún, se han registrado hechos de alta connotación y consecuencias especialmente dramáticas que involucran a jóvenes, como lo ocurrido en una encerrona en San Bernardo hace unos días. Esto ha conmocionado al país y ha impulsado a las autoridades a reaccionar.

Ejemplo de ello es el proyecto de ley del Registro Único de Vándalos e Incivilidades, que busca que quienes cometan delitos contra la infraestructura pública, atentados y algunos ilícitos relacionados con la ley de drogas, pierdan beneficios sociales como la gratuidad en educación, la PGU y el subsidio de arriendo.

Asimismo, la propuesta de ley “Escuela protegida” plantea medidas como la revisión de mochilas, sanciones por movilización, restricciones en la vestimenta y la pérdida de gratuidad universitaria para estudiantes condenados por ciertos delitos.

Además, nuevamente se pone sobre la palestra la idea de aumentar las penas para adolescentes y rebajar la edad de responsabilidad penal.

Tenemos un problema que, sin duda, debe abordarse con urgencia. Sin embargo, el país no está en condiciones de asumir el costo de iniciativas que, según la evidencia disponible, sabemos que no funcionarán.

Lamentablemente, medidas disuasivas como el registro de incivilidades están destinadas al fracaso, porque el delito no es una decisión puramente racional que pueda influenciarse fácilmente mediante la reducción de incentivos o la imposición de castigos.

Estrategias situacionales pueden aliviarnos por momentos, pero no abordan la raíz del problema. Debemos estar conscientes de que el delito cometido por jóvenes es un fenómeno complejo, en el que convergen factores de distinta naturaleza. Entre ellos, los aspectos sociales —es decir, dónde y cómo crecen y se desarrollan nuestros niños y adolescentes— son especialmente relevantes. 

Si realmente queremos prevenir, necesitamos priorizar la infancia con seriedad. Que a diciembre de 2025 existieran más de 16 mil niños viviendo bajo algún sistema de cuidado alternativo es solo la punta del iceberg de las condiciones que enfrentan muchos niños y niñas en nuestro país.

Pero cuando la conducta transgresora aparece, como sociedad también tenemos un rol central: responder a ella de manera que podamos evitar nuevas víctimas, logrando, al mismo tiempo, que ese niño o adolescente asuma responsabilidad sin profundizar su exclusión social.

Gracias a la última reforma en justicia juvenil, desde 2024 Chile ha comenzado a implementar estrategias en esta línea, como la justicia restaurativa, en sintonía con las tendencias internacionales y respaldada por una amplia evidencia. Esto a través de programas de mediación penal, que no solo promueven la responsabilización y desistimiento delictual de los jóvenes, sino también la participación y reparación del daño causado a la víctima. 

Ahora está en manos de las autoridades y de los operadores del sistema penal generar las condiciones para propiciar su desarrollo al máximo, y lograr la mayor cobertura posible, especialmente con aquellos adolescentes y jóvenes que comienzan sus primeras manifestaciones de conductas infractoras y violentas.