La universidad después del Informe Yale 2026

La confianza que la sociedad tiene en las universidades viene cayendo hace años. No se trata sólo de un fenómeno exclusivamente nacional. Se trata de una crisis global. Y una de las causas tiene que ver con cierta ideologización que ha ido alejando a las personas: desde la gran institución occidental prestigiosa por su objetividad, a un brazo de determinadas corrientes políticas de moda. Este fenómeno no se limita a una determinada corriente política. 

Para analizar este fenómeno, resulta especialmente interesante el reciente Report of the Yale Committee on Trust in Higher Education, publicado este año durante el mes de abril. La sola decisión de la Universidad de Yale de crear una comisión destinada a estudiar la pérdida de confianza social en la educación superior constituye una señal de alerta, y de honestidad. Cuando una de las universidades más prestigiosas del mundo se pregunta por qué la sociedad confía menos en las universidades, es porque no se trata de un problema imaginario. 

La conclusión principal del informe es tan sencilla como profunda: las universidades han comenzado a olvidar su rol en la sociedad, que fue lo que les otorgó el prestigio que gozaban.

Durante décadas, Yale entendió que su tarea consistía en crear, preservar y transmitir conocimiento mediante la investigación y la enseñanza. Sin embargo, en 2016 amplió su declaración institucional para incluir objetivos como “mejorar el mundo”, formar “líderes globales” y construir una comunidad “ética, interdependiente y diversa”. Todas estas metas pueden parecer encomiables y pocos estarían en contra. El problema, advierte la comisión, es que ninguna de ellas explica lo que hace que una universidad sea verdaderamente una universidad y, desde allí, su real aporte a la sociedad. 

Existen múltiples instituciones, incluyendo el mismo rol del Estado, que están mejor capacitados para cumplir con esos fines añadidos en la misión institucional de Yale, que se corresponden con muchos de los nuevos idearios, explícitos o tácitos, de diversas universidades, públicas y privadas, de nuestro país. 

La conclusión a la que llega Yale es relevante, porque toda idea sobre cómo mejorar el mundo supone necesariamente una determinada concepción del bien, de la justicia y de la sociedad. Cuando universidad adopta oficialmente una visión sustantiva acerca de cómo debe organizarse la vida social, inevitablemente deja de ser percibida como un espacio común para transformarse en un actor político más.

El resultado ha sido especialmente visible en Estados Unidos. El informe reconoce la creciente percepción de que determinadas posiciones ideológicas dominan la vida universitaria, especialmente en las instituciones de élite académica. La consecuencia no ha sido una mayor confianza pública, sino precisamente todo lo contrario, ha aumentado la sospecha de que la universidad ha dejado de buscar la verdad para convertirse en un instrumento de activismo político.

La respuesta que propone la comisión de Yale es interesante. No consiste en imponer una nueva ortodoxia ni en expulsar a quienes piensan distinto. Consiste en volver a la misión académica tradicional y reforzar simultáneamente la libertad de expresión y la libertad académica, e impulsarlas como cuestiones diferentes. 

La comisión reafirma, entre otras cosas, por ejemplo, el derecho de cualquier expositor invitado a hablar en el campus, cualquiera sea su posición política o intelectual al tiempo que restringir la “cancelación” a priori debido a sus ideas políticas religiosas o de otra índole. Del mismo modo, reconoce el derecho de estudiantes y profesores a protestar pacíficamente, negando la legitimidad de interrumpir las conferencias, impedir el acceso a edificios o silenciar mediante funas y gritos a quienes sostienen opiniones diferentes a la mayoría.

La distinción que realiza respecto de la libertad académica es igualmente relevante. La libertad académica no es simplemente libertad de opinión o de expresión. Se refiere principalmente a la investigación, la docencia y la producción de conocimiento sin temor a represalias institucionales o gubernamentales. Dicho de otra manera, protege la búsqueda de la verdad, no la mera expresión de preferencias ideológicas personales, cuestión que sí responde a la libertad de expresión, pero que no responde al mismo ámbito de protección jurídica que la libertad académica, precisamente por los espacios en que una y otra se concretan. 

Esta reflexión resulta especialmente pertinente para Chile.

Los episodios ocurridos en distintas universidades durante los últimos años, desde interrupciones de conferencias hasta intentos de impedir la presencia de determinadas figuras públicas, muestran que nuestras instituciones no son inmunes a un fenómeno que atraviesa buena parte del mundo occidental. La cancelación, la polarización y la creciente incapacidad para convivir con el disenso afectan también nuestra vida universitaria.

Pero el informe de Yale permite advertir algo más profundo. La solución no consiste en eliminar los proyectos institucionales ni los idearios universitarios y pretender una neutralidad o asepsia moral. Por el contrario, una universidad necesita saber quién es y cuál es su misión. La autonomía universitaria no desaparece porque una institución tenga una identidad definida. Una universidad católica, liberal, laica o confesional tiene derecho a organizarse conforme a su propio proyecto educativo dentro del marco constitucional y legal.

Lo verdaderamente incompatible con la universidad no es la existencia de un ideario, sino la subordinación del conocimiento a finalidades políticas exógenas. Cuando la investigación deja de orientarse hacia la búsqueda de la verdad y del conocimiento, y pasa a depender del cumplimiento de agendas ideológicas, la universidad pierde aquello que la distingue de cualquier otro actor social, pierde su aporte único y exclusivo a la sociedad, compite con otras instituciones que cumplen ese rol, como los partidos políticos, o se subordinan a ellos. De este modo, aquello que la hacía única, y por ende admirable en aquello que era su aporte propio, desaparece, entonces, la confianza social también desaparece. 

La lección más importante que podemos sacar del Informe Yale 2026 es precisamente que la universidad no existe para gobernar la sociedad, ni para dirigirla moralmente, ni para representar una determinada sensibilidad política. Su existencia, histórica y actual, pues estamos hablando de la misma institución, se debe a la búsqueda de la verdad, a conservar y transmitir el conocimiento científico y a aportar a la sociedad desde esa vereda.

En tiempos de polarización excesiva, parece ser que la mejor forma de servir a la sociedad sea, y siga siendo, para las universidades, seguir siendo eso: universidades y no campos de batalla política.