Caso Australis: la eficiencia como privilegio y la reforma procesal civil como deuda país

Pocos litigios privados han despertado en Chile tanto interés público como la disputa entre el grupo chino Joyvio y los antiguos controladores de Australis Seafoods.

Razones sobran: una compraventa de acciones por más de 900 millones de dólares, la acusación de haber ocultado al comprador una sobreproducción de salmones que inflaba el valor de la empresa, informes periciales enfrentados sobre cuánto valía realmente la compañía, pretensiones que sumadas rozaban los mil millones y un elenco de abogados musculoso e hiperbólico.

Un conflicto, en suma, de enorme complejidad jurídica, económica y probatoria, seguido en tiempo real por la prensa.

El desenlace estuvo a la altura de la expectación. El tribunal arbitral descartó el dolo y rechazó resolver el contrato, sin embargo, ordenó restituir unos 217 millones de dólares —cerca de 300 con intereses— por una vía que los vendedores estimaron jamás pedida ni debatida.

Sobrevino entonces lo inédito: la Corte de Apelaciones de Santiago anuló íntegramente el laudo, primera vez que ello ocurre bajo la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. En el intertanto, el caso alcanzó tal exposición que dos eminencias del arbitraje mundial, Yves Derains y José María Alonso —convocadas, es verdad, por la parte vencida en el laudo—, dictaminaron públicamente que la sentencia arbitral no sobreviviría al escrutinio de casi ninguna jurisdicción del planeta.

Pocas veces un pleito entre privados ha sido diseccionado con tanto entusiasmo; pocas veces unos demandantes han visto evaporarse 300 millones en 37 páginas.

Pero hay un aspecto que ha pasado inadvertido y quizás sea el más importante en la óptica país: el calendario. La solicitud de arbitraje se presentó en enero de 2023. El laudo se dictó en agosto de 2025. La Corte resolvió la nulidad en junio de 2026. Tres años y medio en total, incluida la revisión judicial, para uno de los conflictos más complejos que recuerde nuestra plaza.

Se podrá discutir —y se discutirá— la corrección del laudo y de su anulación; lo que no admite discusión es que el sistema procesal elegido por las partes tramitó un litigio descomunal en un tiempo razonable.

La pregunta surge sola: ¿Qué habría ocurrido si exactamente ese mismo conflicto hubiese debido sustanciarse íntegramente ante la justicia civil ordinaria?

Las cifras permiten aventurar una respuesta. Según datos del propio Poder Judicial, las causas civiles ordinarias que terminan por sentencia definitiva demoran en promedio 808 días a nivel nacional y 981 días en Santiago: casi tres años, solo en primera instancia, y contando por igual pleitos simples y complejos.

La apelación agrega su propio calvario: la Corte de Apelaciones de Santiago, que conoce cerca de un tercio de las apelaciones del país, ha llegado a resolver recursos civiles con más de dos años y medio de retraso, y la duración total de un juicio civil, con todas sus etapas, se ha estimado en siete a ocho años. Agréguese la casación y las incidencias que un caso de mil millones de dólares habría multiplicado y la conclusión es inevitable: la controversia de Australis, en sede ordinaria, habría consumido fácilmente una década.

Diez años de incertidumbre para las partes y los mercados, de honorarios y de desgaste institucional, con más de tres millones de causas esperando turno en los tribunales del país.

Nada de esto es un reproche al arbitraje. Al contrario: el caso demuestra su enorme valor como herramienta para resolver conflictos sofisticados ante jueces especializados, con procedimientos flexibles y plazos acotados, y su aporte a la vida económica.

El problema es otro y es más incómodo: no puede aceptarse que la eficiencia del arbitraje sea, en buena medida, el reflejo de lo deficiente que resulta la justicia estatal. Cuando la rapidez deja de ser un atributo del sistema y pasa a ser un servicio que se contrata, algo anda mal.

La lentitud de la justicia civil tampoco es un problema que afecte únicamente a quienes litigan. Una justicia que tarda años en resolver controversias encarece el crédito, aumenta el costo de hacer negocios, desalienta la inversión y debilita la confianza en el cumplimiento de los contratos. La eficiencia judicial no es una aspiración corporativa de abogados o jueces: es una condición para el desarrollo económico y para el funcionamiento mismo del Estado de Derecho.

Porque un arbitraje de esta magnitud cuesta mucho dinero: honorarios de árbitros, peritos internacionales, batallones de abogados. Las grandes empresas pueden pagarlo. No puede hacerlo la PYME que espera años el pago de sus facturas, ni la familia enredada en una disputa de herencia, ni el proveedor que litiga contra quien le incumplió un contrato. Para ellos solo existe el Código de Procedimiento Civil de 1903 —el mismo año en que los hermanos Wright hicieron volar el primer avión—, con sus juicios escritos, sus notificaciones rituales y sus años de espera.

No debe extrañar, entonces, que apenas un 25% de los chilenos confíe en las instituciones de justicia, frente a un promedio de 54% en los países de la OCDE: la mayor brecha de todo ese estudio.

Lo más frustrante es que la solución existe y lleva años esperando. El proyecto de nuevo Código Procesal Civil ingresó al Congreso en 2012 (Boletín N.º 8197-07, ingresado al Congreso Nacional el 13 de marzo de 2012) y fue aprobado en general por el Senado en 2021, junto con los proyectos de mediación y de reforma orgánica que completan el paquete. Promete juicios orales y concentrados, jueces en contacto directo con las partes y la prueba, mediación gratuita, más tribunales y una reducción de los tiempos de tramitación de hasta 60% en los juicios ordinarios. Chile ya recorrió con éxito ese camino en materia penal, de familia y laboral. El trabajo técnico está hecho; los boletines duermen en el Congreso sin urgencia ni prioridad. Tras 14 años de tramitación, lo que ha faltado no es reflexión, sino decisión política.

Por eso el caso Australis, más allá de sus protagonistas, debería leerse como un experimento involuntario que el país haría mal en desaprovechar: la prueba de que un litigio extraordinariamente complejo puede resolverse en tiempo razonable cuando el diseño procesal lo permite.

El verdadero desafío de un Estado moderno no es que los grandes arbitren rápido, sino ofrecer a todos sus ciudadanos una justicia civil eficiente, técnicamente sólida y oportuna. No es tolerable que la justicia rápida sea un privilegio que se compra. Mientras el Congreso no concluya la Reforma Procesal Civil, seguirá pendiente entre nosotros la promesa que los barones ingleses arrancaron a su rey hace más de ocho siglos:

“A nadie venderemos, a nadie negaremos ni retardaremos el derecho o la justicia” (Carta Magna, 1215, cláusula 40)