Bancada PS rompe los tiempos de la oposición y anuncia ofensiva ante el TC contra Ley Miscelánea

La ofensiva contra la megarreforma del Gobierno sumó este lunes un inesperado frente interno en la oposición. Mientras el comité de senadores del Socialismo Democrático confirmó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la invariabilidad tributaria de la Ley Miscelánea —megarreforma o “Plan de Reconstrucción Nacional”—, la bancada de diputados del Partido Socialista redobló la apuesta y anunció que también acudirá al órgano constitucional para frenar lo que denominó la “Ley de los Súper Ricos”. La decisión, sin embargo, desordenó a la propia oposición: desde el Frente Amplio llamaron públicamente a “no ponerse ansiosos” y recordaron que la estrategia conjunta recién será resuelta este jueves.

El anuncio del PS se produjo antes de que la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, pudiera formalizar la definición en la reunión con abogados constitucionalistas convocada para este jueves, instancia en la que los partidos opositores esperaban acordar una acción común.

“Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria una vez que esto sea despachado a ley. No tenemos inconveniente en hacerlo y así lo hemos refrendado. Por nuestra parte, es un hecho”, afirmó el jefe del comité socialista, Juan Luis Castro.

El senador sostuvo que no existe un verdadero clima de acuerdo con La Moneda y calificó la iniciativa como “una reforma regresiva y prácticamente una contrarreforma respecto a los ingresos tributarios del país”. Además, adelantó nuevas indicaciones en materia de empleo y medioambiente, aunque admitió que un entendimiento global con el Ejecutivo es improbable.

La bancada PS endurece el tono

Horas después, la bancada de diputados socialistas endureció aún más el mensaje.

En una declaración pública anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para “frenar la Ley de los Súper Ricos”, acusando que el proyecto pretende “amarrar sus efectos por 25 años” e impedir que futuras mayorías democráticas puedan modificar la política tributaria.

“La democracia consiste en que el pueblo pueda decidir su destino. Ninguna mayoría parlamentaria puede clausurar esa facultad por 25 años”, sostuvo el comunicado.

Los diputados afirmaron que la reforma podría aumentar el déficit fiscal, elevar la deuda pública y abrir espacio para nuevos recortes sociales. Además, acusaron que el Ejecutivo intenta “blindar una reforma hecha a la medida de los súper ricos” sobre la base de proyecciones económicas que califican de inciertas.

“Chile no puede quedar amarrado durante un cuarto de siglo a una reforma injusta, regresiva y hecha para beneficiar a los súper ricos”, concluye la declaración.

El FA toma distancia

La decisión del Socialismo Democrático no fue recibida con el mismo entusiasmo por el Frente Amplio.

La senadora Beatriz Sánchez llamó a respetar el diseño acordado entre todas las fuerzas opositoras y recordó que el requerimiento necesita al menos 13 firmas de senadores para ser presentado.

“Nos gusta ser bien respetuosos de los procesos colectivos. Espero que el jueves tomemos la determinación final como oposición en conjunto”, afirmó.

Consultada sobre el anuncio anticipado del Socialismo Democrático, respondió: “Yo llamaría a no ser ansiosos o ansiosas en este tema. Hay que tomarlo con calma”.

El senador Diego Ibáñez reforzó el mensaje.

“Hacemos un llamado a toda la oposición a actuar colectivamente, a que nadie se ponga ansioso, porque aquí las cosas se tienen que hacer bien”, sostuvo.

Agregó que será la mesa de partidos la que definirá este jueves el momento y la forma en que se presentará el requerimiento, insistiendo en que “no podemos hacer las cosas a la rápida”.

Mirosevic: “Si el Senado no lo frena, tendrá que hacerlo el TC”

El senador Vlado Mirosevic (PL) respaldó la ofensiva y afirmó que, si la mayoría oficialista aprueba la iniciativa, el Tribunal Constitucional deberá intervenir.

“Si no somos capaces con la mayoría en el Senado de frenar esta locura, tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien lo haga”, dijo.

Según explicó, la oposición objetará tanto la invariabilidad tributaria como el mecanismo de compensaciones para empresas cuyos proyectos con Resolución de Calificación Ambiental sean posteriormente invalidados por la justicia, advirtiendo que podría implicar costos fiscales millonarios.

Quiroz: “Estamos bastante tranquilos”

Desde el Ejecutivo minimizaron la amenaza.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la constitucionalidad del proyecto y aseguró que el Gobierno enfrenta con tranquilidad un eventual requerimiento.

“Estamos bastante tranquilos respecto de la constitucionalidad de ambas normas. Eso se tendrá que ver en la sede que corresponde”, afirmó.

El secretario de Estado insistió en que el Ejecutivo mantendrá abierto el diálogo, pero reiteró que el “corazón” de la reforma —la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración y la invariabilidad tributaria— no será modificado, más allá de ajustes como reducir el plazo de invariabilidad de 25 a 20 años.