Reforma al SAE: un retroceso para la inclusión

El 23 de junio, el Gobierno ingresó con suma urgencia un proyecto de ley para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Permitiría a los establecimientos con sobredemanda volver a seleccionar estudiantes según criterios como el mérito académico, la adhesión al proyecto educativo y entrevistas a las familias. Vale la pena mirar con atención hacia dónde nos lleva.

A mi juicio, es un retroceso respecto de lo que el país avanzó en acceso equitativo a la educación. No digo que el SAE sea perfecto ni que no pueda mejorarse: toda política pública debe estar abierta a cambios que beneficien a las familias y a los estudiantes, y reconozco que la nueva “elección mutua” es voluntaria para cada colegio. Pero la pregunta de fondo sigue en pie: ¿Cuáles serán esos criterios de selección y qué tan objetivos serán en realidad?

Cuando se habla de mérito, de compromiso familiar o de adhesión a un proyecto educativo, la preocupación es evidente: esos criterios pueden convertirse en mecanismos de exclusión para quienes no alcanzan ciertos estándares. En la práctica, pueden terminar discriminando a los estudiantes con mayores necesidades educativas, sociales o familiares, que son precisamente los que más necesitan una oportunidad.

Cuesta conciliar esta propuesta con los principios de inclusión que el sistema ha intentado promover durante años. Chile invirtió tiempo, recursos y esfuerzo en instalar políticas inclusivas, en abrir las escuelas a la diversidad y en reconocer el derecho de todos los estudiantes a una educación de calidad, sean cuales sean sus características o condiciones. ¿Estamos dispuestos a retroceder en ese camino?

La inquietud crece al mirar de cerca las palabras “mérito” y “esfuerzo”. ¿Qué entendemos realmente por mérito? Hay estudiantes que se esfuerzan muchísimo sin un lugar donde estudiar; otros, atrapados en la precariedad económica o social; otros que lo dan todo, pero no tienen en casa el apoyo que sí tienen sus compañeros. ¿Deben quedar en desventaja frente a quienes partieron con todo a favor?

Algo parecido ocurre con la participación de las familias. ¿De qué realidad familiar estamos hablando? Quienes trabajamos en alta vulnerabilidad sabemos que muchas familias enfrentan jornadas extensas, apreturas económicas, problemas de salud y mil situaciones que limitan su presencia en la escuela. Que una familia falte a una reunión o a una entrevista no siempre significa desinterés: muchas veces significa que apenas alcanza a sobrevivir.

Por eso preocupa que variables ligadas al contexto familiar se vuelvan, directa o indirectamente, criterios de selección, afectando sobre todo a estudiantes que no eligieron las condiciones en que nacieron. Y no es un temor abstracto: el proyecto convierte la adhesión expresa de la familia al proyecto educativo en condición para postular a cualquier establecimiento (artículo 7° bis) y habilita entrevistas con los padres y apoderados para verificarla.

Conviene recordar algo que Chile ya vivió: antes del SAE, las entrevistas a las familias fueron una vía de selección que la Ley de Inclusión de 2015 buscó, justamente, cerrar. Es cierto que el rendimiento académico solo pesará desde séptimo básico —mis estudiantes de prekínder no serán medidos por sus notas—, pero sus familias igual serán entrevistadas y deberán “adherir”.

La inquietud es mayor con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Se ha dicho que habrá resguardos para los más vulnerables y para quienes requieren apoyos, pero la letra del proyecto confirma las dudas. La cuota de inclusión que fija —20% de cupos para estudiantes prioritarios y 10% para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes— deja fuera, por su propia redacción, a las necesidades transitorias: trastornos del lenguaje, dificultades de aprendizaje, déficit atencional, que son el grueso del Programa de Integración Escolar. Dicho de otro modo: el sistema resguarda la pobreza y la discapacidad permanente, pero no la necesidad educativa transitoria en sí. Si los colegios podrán seleccionar mirando entrevistas, adhesión o desempeño, ¿Cómo se evitará que terminen dejando fuera a quienes más apoyo necesitan para aprender y participar?

Hay, además, un dato que ordena todo el debate. El propio mensaje del proyecto se apoya, una y otra vez, en el Informe de la Mesa Técnica del SAE de 2025: una instancia transversal, de doce especialistas de distinto signo político, que la actual ministra de Educación integró. Esa mesa recomendó mejorar el SAE dentro de un sistema único, no crear admisiones propias colegio por colegio con entrevistas. El proyecto invoca su respaldo y, a la vez, admite que “ofrece una propuesta propia”: usa su aval para justificarse y, al mismo tiempo, se aparta de lo que ella propuso.

La inclusión no se prueba cuando recibimos a los estudiantes que encajan sin fricciones. Se prueba cuando abrimos espacio a quienes llegan con desafíos, diferencias o necesidades distintas. Por eso toda reforma a la admisión debe mirarse con cuidado, para que no reinstale, con nombres nuevos, las mismas prácticas de selección que el SAE vino a corregir.

La educación debe seguir avanzando hacia la equidad. Mejorar el sistema es necesario; volver a elegir a los que consideramos “más adecuados” no lo es.