Los costos campesinos que no se exportan

Desde finales del gobierno anterior, y quedamos cortos, comenzaron a conocerse decisiones que, vistas por separado, podrían parecer simples ajustes administrativos.

La suspensión del ingreso de nuevas usuarias al Programa Mujeres Rurales INDAP–PRODEMU, la propuesta del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para modificar las reglas de comercialización e intercambio de semillas corrientes y campesinas, y la revisión de distintos instrumentos públicos con incidencia en el mundo rural, podrían interpretarse como medidas independientes, propias de la modernización del Estado.

Sin embargo, en conjunto, otra lectura posible por quienes sobrellevan las consecuencias de estas decisiones es que forman parte de un proceso más profundo y complejo de descampesinización, en tanto estrategia política que intenta, y en gran parte lo logra, invisibilizar y vaciar de significado social histórico las ruralidades del país.

Al mismo tiempo, las familias campesinas deben decidir: incorporarse y adaptarse a categorías estatales, mantenerse al margen con tendencia a desaparecer o transitar entre ambas en una situación permanente de contradicción.    

El campesinado no desaparece porque disminuye el número de explotaciones agrícolas. Desaparece cuando dejan de reproducirse las condiciones sociales, políticas, económicas y ecológicas que hacen posible su existencia. No es solo pérdida de tierras o migración hacia las ciudades. También ocurre cuando la viabilidad equivale a exportar; cuando las nuevas generaciones abandonan el campo por falta de acceso a agua; cuando las semillas dejan de circular libremente y se burocratiza el proceso; cuando las mujeres pierden espacios de organización; cuando se debe iniciar actividades en SII en localidades sin acceso a internet; cuando la modernización del Estado no avanza junto a la alfabetización tecnológica necesaria para responder a ella; y cuando las políticas públicas dejan de reconocer en el pequeño campesinado las funciones sociales que trascienden la producción de alimentos.

Sería injusto analizar al campesinado con lentes ajenos para intentar reconocer su carácter estratégico. El VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal registra 138.628 Unidades Productivas Agropecuarias y 36.928 Unidades de Autoconsumo. La estructura productiva es de pequeña escala: al menos 92,6% de las UPA se ubica bajo 100 hectáreas. Su valor social y estratégico radica en que sostiene una base extensa y diversa de producción alimentaria: el censo identifica 45.508 UPA con hortalizas, 45.442 con frutales, 28.141 con leguminosas y tubérculos y 33.040 con cereales.

Además, en el rubro apícola, alrededor del 90% de los productores pertenece a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, lo que da cuenta de su relevancia para la producción de miel, la polinización de cultivos y la conservación de la biodiversidad.

A ello se suma que la institucionalidad pública reconoce a la agricultura familiar campesina e indígena como proveedora principal de alimentos frescos para el consumo interno, especialmente en hortalizas, cultivos tradicionales y ganadería caprina y ovina, además de resguardar biodiversidad cultivada, semillas locales y conocimientos productivos acumulados durante generaciones.

Es más, paradójicamente, mientras organismos internacionales como la FAO sostienen que fortalecer la agricultura familiar es condición indispensable para enfrentar el cambio climático, la inestabilidad internacional causada por las guerras y los eventuales cierres de fronteras producto de pandemias, en Chile comienzan a acumularse señales que apuntan en otra dirección. 

¿Los programas pueden ser mejores? Por supuesto, pero esa mejora debe partir reconociendo y sosteniendo las virtudes.

Cabe señalar que la evaluación y seguimiento de políticas y programas es una deuda del Estado en su conjunto, no solo las competentes al mundo rural.

El caso del Programa Mujeres Rurales ilustra bien esta tensión. Durante 34 años ha acompañado a miles de mujeres campesinas mediante un enfoque integral que combina capacitación técnica, fortalecimiento organizacional, desarrollo personal, inversión productiva y acceso a comercialización.

En más de tres décadas ha beneficiado a más de 35.000 mujeres, alcanzando una cobertura anual cercana a las 3.000 participantes, distribuidas en 15 regiones del país.

La decisión de suspender el ingreso de nuevas participantes durante 2026 puede parecer menor desde una perspectiva presupuestaria, pero las políticas públicas también deben construir instituciones y capacidades territoriales. Cuando dejan de renovarse, comienzan a desaparecer. 

Algo similar ocurre con la propuesta del SAG sobre comercialización de semillas. Toda regulación destinada a garantizar calidad y trazabilidad puede sonar legítima. Sin embargo, cuando una regulación desconoce las particularidades de las semillas campesinas y de quienes históricamente las han conservado, corre el riesgo de favorecer únicamente a quienes poseen los recursos económicos y técnicos para cumplir con requisitos complejos. 

Ninguna de estas decisiones de manera aislada debería provocar la desaparición del campesinado chileno. El problema aparece cuando comienzan a acumularse en un contexto adverso: concentración de la propiedad agrícola con un coeficiente de Gini de 0,979; un 77,1% de los productores naturales ya supera los 50 años; un incremento de hasta 268% en el precio de fertilizantes estratégicos durante la crisis de insumos de 2021; una megasequía que desde 2010 mantiene un déficit de precipitaciones cercano al 30% en gran parte de la zona centro-sur; y una creciente presión sobre la tierra conforman un escenario complejo.

Cuando el éxito se mide por el crecimiento de las exportaciones, la agricultura familiar inevitablemente aparece como residual. Por ello, la discusión no debería reducirse a cuánto cuesta mantener un programa.

Necesitamos políticas y programas que reconozcan que la agricultura cumple también funciones sociales, territoriales y ecológicas que el mercado no remunera, pero de las cuales depende buena parte del bienestar colectivo.

Toda política pública debe evaluarse y mejorarse. Pero evaluar no puede convertirse en sinónimo de reducir. Modernizar no puede significar homogeneizar. Regular no puede implicar desplazar a quienes históricamente han sostenido la diversidad agrícola del país.

No se requieren grandes reformas para expulsar población. Generalmente avanza de manera silenciosa, acumulando pequeñas decisiones y acciones que, consideradas individualmente parecen incluso algunas razonables.

Solo cuando se observan en conjunto se advierte que desaparecen las condiciones materiales que hacen posible la permanencia del campesinado.

Y esa no es una pérdida que afecte únicamente a quienes viven en el campo. Son costos no valorados que pocas veces forman parte de las evaluaciones, pero que, a largo plazo, terminan definiendo qué comemos, cómo ocupamos nuestro territorio y cuánta autonomía alimentaria estamos dispuestos a conservar como país.