El desafío de la inminente propuesta de reforma a la Ley Indígena

El gobierno del Presidente Kast ha manifestado su intención de reformar la Ley Indígena. El propósito central de la iniciativa, a juzgar por sus lineamientos, parece ser la flexibilización o liberalización del régimen de propiedad de las tierras, permitiendo, bajo ciertas condiciones, su enajenación. 

La premisa del Ejecutivo —profundamente arraigada en el ideario liberal — es que la inalienabilidad de la tierra indígena constituye un cerrojo paternalista que condena a sus titulares a la marginación.

Desde este punto de vista, el individuo indígena es concebido, ante todo, como un agente económico racional que, de ser provisto de títulos de propiedad plenos y transables, podrá acceder al crédito, emprender y, en suma, integrarse a la modernidad. La propiedad individual se presenta, por decirlo de algún modo, como la llave maestra de la emancipación y el progreso.

Sin embargo, se equivoca quien crea que un problema de tan honda raigambre histórica y cultural puede resolverse mediante el solo expediente del derecho civil. El diseño de esta propuesta corre el riesgo de enfrentar un temprano extravío —una pronta y previsible esterilidad de sus objetivos— si su afán modernizador prescinde por completo del factor comunitario que le es consustancial a la tierra indígena.

En efecto, para la cosmovisión mapuche y de otros pueblos originarios, la tierra no es un mero bien raíz. No es, como supone el legislador liberal, una simple mercancía o un factor de producción desprovisto de significado. Es, por el contrario, el soporte material de su identidad, donde se despliega la vida comunitaria, el parentesco y la memoria de un linaje. Transformar esa red de significados en un conjunto de parcelas transables en el mercado inmobiliario equivale a ignorar la sociología más básica del problema.

Cuando las políticas públicas confunden la modernización con la pura y simple atomización individualista, suelen estrellarse contra la realidad de las prácticas sociales. Si la propuesta se limita a ofrecer una vía de escape comercial, sin proveer un estatuto jurídico que reconozca y proteja las formas de propiedad o gestión colectiva, no resolverá el conflicto ni el rezago material. Por el contrario, es probable que termine exacerbando la desintegración del tejido social de las comunidades y alimentando, paradójicamente, las narrativas del despojo.

Nadie duda de que la actual regulación requiere revisiones y que el paternalismo estatal a menudo asfixia a quienes pretende proteger. Pero el gobierno debe comprender que el derecho es un traje que debe considerar la cultura que intenta regular, y no al revés.

La liberalización de la tierra, si se hace de espaldas al ethos comunitario que le da sentido, no será el triunfo del libre mercado, sino apenas el prólogo de un nuevo desencuentro.