Opinión
Vengo del futuro: lo que Chile puede aprender (y evitar) de la Argentina
Chile todavía está a tiempo de plantearse la pregunta antes de que el deterioro se naturalice. Porque las señales ya existen.
No siempre es un anuncio, una amenaza o un tuit recargado de odio. A veces la erosión se materializa a través de resoluciones o meras decisiones administrativas que pasan desapercibidas. Y cuando sus efectos se visibilizan, ya es muy tarde: el daño está hecho.
Esto sucedió a la Argentina y, como hacen los viajeros en el tiempo de la ciencia ficción, es importante advertir que lo mismo puede ocurrir acá. Porque es evitable.
La Argentina atraviesa su propia experiencia. Hay otros actores, otros modos, una historia y contextos sociales diferentes. Pero detrás de los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast transita una lógica política reconocible, como un arma de doble filo: cuando la sociedad está agotada por la inflación, la inseguridad o la sensación de desorden permanente, el shock puede parecer una estrategia razonable, incluso inevitable.
Pero las lecciones argentinas también muestran una advertencia incómoda: los shocks no solo reordenan economías, también reconfiguran democracias. No como un gran quiebre visible, sino de forma paulatina, a través del vaciamiento progresivo de programas que no gustan a las nuevas autoridades. Siguen existiendo en lo formal, pero pierden presupuesto, personal o capacidad de implementación.
En Argentina no se prohibió el acceso al aborto legal ni se derogó la Ley de Educación Sexual Integral, pero sí se redujeron o desfinanciaron programas clave para hacer efectivos esos derechos. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, entre 2023 y 2024 la distribución de anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y test de embarazo cayó un 81%; en 2025. Además, el Estado nacional distribuyó cero preservativos, en un contexto donde los casos de sífilis alcanzaron niveles récord, con más de 46.000 diagnósticos confirmados.
El deterioro también alcanzó al Plan ENIA, reconocido por el UNFPA por haber contribuido a reducir un 50% el embarazo adolescente entre 2018 y 2023. El programa fue desmantelado desde 2024, junto con otros dispositivos territoriales de salud sexual, prevención y acompañamiento.
Mientras las declaraciones incendiarias y la batalla cultural se llevan los titulares, es la gestión silenciosa del presupuesto lo que redefine la vida de millones sin saberlo. En nombre de la eficiencia y la modernización, se altera la ecuación de Estado y mercado. Y la pregunta inevitable es ¿Quién absorbe el costo de esa eficiencia que se traduce en desprotección?
Chile todavía está a tiempo de plantearse la pregunta antes de que el deterioro se naturalice. Porque las señales ya existen. Iniciativas vinculadas a hospitalización domiciliaria, salud mental, prevención del suicidio, cuidados paliativos, salud odontológica, atención de jóvenes vulnerados y apoyo psicosocial en atención primaria están bajo la lupa de la administración Kast, a través de un recorte del 2,5% del presupuesto del sector.
Cuando el Estado se repliega de áreas sensibles —salud sexual y reproductiva, educación, prevención de violencias, cuidados o salud mental— el impacto no afecta a todos por igual. Las personas con más recursos suelen encontrar alternativas. Las más vulnerables quedan expuestas. No hace falta prohibir derechos para volverlos inaccesibles, a veces basta con retirar las herramientas que permitían ejercerlos.
Por eso, el principal aprendizaje que deja la experiencia al otro lado de la cordillera no es partidario o ideológico: es institucional. Si la discusión se agota en las promesas de orden o crecimiento económico sin medir las consecuencias del vaciamiento, el precio que se paga es la disolución de derechos concretos. Y la extinción de la función protectora del Estado.
Monitorear el presupuesto y no solo los discursos; examinar la implementación efectiva y no solo la vigencia de las leyes; y exponer lo invisible antes de que el deterioro se vuelva costumbre. Todo eso es la clave para la supervivencia de los derechos humanos, en particular, aquellos que operan como escudos vitales.
Porque cuando el daño finalmente aparece con claridad, para muchos ya es demasiado tarde.
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