Chile duerme mal y paga caro: el impuesto oculto de la fatiga

La última Encuesta Nacional de Salud 2016-17 reveló un dato que debería haber encendido todas las alarmas: el 63,2% de la población adulta presenta algún trastorno del sueño. Uno de cada cinco chilenos padece insomnio crónico. Casi uno de cada cinco reporta somnolencia diurna excesiva al menos tres días a la semana. Tras el estallido social de 2019 y la pandemia, esas cifras solo empeoraron: estudios focalizados encontraron que más de un tercio de las personas evaluadas presentaba insomnio clínicamente significativo.

Pero esta no es una columna sobre higiene del sueño ni sobre el uso del celular antes de dormir. Esta es una columna sobre economía política.

Cuando un país tiene trabajadores que promedian 1.919 horas laborales al año —222 más que el promedio de la OCDE—, cuando un santiaguino gasta 84 minutos diarios solo en llegar a su trabajo en transporte público (el equivalente a 14 días completos al año), y cuando el 62% de los mineros del cobre opera bajo turnos de 12 horas durante siete días consecutivos, el problema del sueño deja de ser individual. Se convierte en un fallo de infraestructura nacional, tan grave como un puente caído o una carretera sin pavimentar.

La corporación RAND estimó que el sueño insuficiente le cuesta a Estados Unidos el 2,28% de su PIB anual. Un modelo econométrico reciente aplicado a Argentina calculó una pérdida del 1,27%. Si aplicamos un parámetro conservador del 1,5% al PIB chileno de 2025, la cifra resultante es de aproximadamente 5.360 millones de dólares anuales. Para dimensionarlo: es más que todo el presupuesto nacional de ciencia e innovación. Es más que lo que el Estado gasta en seguridad pública.

¿Dónde se pierde ese dinero? En todas partes, de manera silenciosa y acumulativa. En el trabajador que llega agotado y rinde la mitad, pero permanece sentado frente a su escritorio simulando productividad. En las 214.274 personas que sufrieron accidentes laborales en 2022, de los cuales más del 13% se atribuyen directamente a la fatiga según investigaciones de la propia Superintendencia de Seguridad Social. En los siniestros de tránsito que costaron al país 4.156 millones de dólares en 2024 —1,31% del PIB—, de los cuales al menos un quinto está asociado a la somnolencia al volante. En el 37% de las licencias médicas que se emiten por trastornos mentales —depresión, ansiedad, burnout—, condiciones que tienen al insomnio como compañero casi universal y como factor que perpetúa la incapacidad.

A estos factores se suma uno que rara vez se menciona en el debate laboral: la contaminación del aire. Santiago, y varias ciudades del sur de Chile, presentan episodios críticos de material particulado fino (PM2,5) durante otoño e invierno, precisamente cuando los trabajadores pasan más tiempo en recintos cerrados con ventilación deficiente. Metaanálisis recientes han demostrado que la exposición crónica a PM2,5 se asocia significativamente con mayor riesgo de insomnio, menor eficiencia del sueño y agravamiento de la apnea obstructiva del sueño. 

Y hay algo peor: no lo estamos midiendo. El sistema de registro de accidentes laborales en Chile no incluye la fatiga como variable causal. No existe un protocolo obligatorio de pesquisa de trastornos del sueño en la atención primaria de salud. La apnea obstructiva del sueño, que afecta desproporcionadamente a los trabajadores mineros por turnos, permanece subdiagnosticada mientras agrava silenciosamente la hipertensión, la diabetes y el riesgo cardiovascular de quienes sostienen el motor exportador del país.

Esta discusión no ocurre en el vacío. Chile hoy debate también la implementación gradual de la jornada de 40 horas y la persistente insuficiencia de los salarios. El sueldo mínimo, que apenas supera los 500 mil pesos, obliga a cientos de miles de trabajadores a extender sus jornadas con horas extra, segundos empleos o trabajos informales de plataforma para llegar a fin de mes. La ecuación es perversa: se trabaja más para ganar lo mínimo, se duerme menos por trabajar más, y se rinde peor por dormir menos. El resultado es un círculo vicioso donde la baja productividad justifica los bajos salarios, y los bajos salarios perpetúan la sobreexplotación del tiempo biológico.

Quienes se oponen a la reducción de la jornada argumentando pérdidas de competitividad ignoran que un trabajador crónicamente fatigado ya está produciendo muy por debajo de su capacidad. La verdadera ganancia de productividad no vendrá de exprimir más horas, sino de garantizar que las horas trabajadas se sostengan sobre cerebros descansados y cuerpos recuperados.

La Ley de 40 horas, que en abril de 2026 redujo la jornada a 42 horas semanales, es un avance necesario pero insuficiente si no se acompaña de un rediseño cronobiológico del trabajo. Reducir la jornada semanal sin regular los turnos excepcionales de la minería, sin promover el teletrabajo para acortar los tiempos muertos de traslado, y sin incorporar la medicina del sueño en la salud ocupacional, es como bajar el volumen de la alarma sin apagar el incendio.

Chile necesita reconocer que el sueño no es un lujo ni una debilidad. Es la línea de producción donde se consolida la memoria, se repara el sistema inmune, se regula el metabolismo y se restaura la capacidad de tomar decisiones complejas. Es, en definitiva, la infraestructura biológica sobre la cual se construye toda productividad genuina en una economía que aspira a basarse en el conocimiento y la innovación.

Seguir ignorando esta crisis es elegir, por omisión, un modelo de desarrollo que exprime a sus trabajadores hasta el agotamiento y luego paga las consecuencias en hospitales, tribunales y morgues.

La evidencia científica y económica ya está disponible. Lo que falta es la voluntad política de actuar sobre ella. Y esa decisión no puede seguir esperando otra noche más.