¿Dónde construimos el puente? Hannah Arendt, los cabildos y el sentido de la política

En un reciente artículo académico sobre el pensamiento de Hannah Arendt, me propuse rescatar una idea que el canon suele despachar a la ligera como “ingenua” o, derechamente, “embarazosa”: el sistema de consejos.

Para ilustrar su vigencia frente a la crisis de la política representativa, y entender de qué estamos hablando en términos prácticos, conviene partir de una situación cotidiana que la propia filósofa plantea: imaginemos una reunión municipal en la que se discute dónde colocar un puente.

Al respecto, es preciso trazar una frontera analítica nítida. Por cierto, el rigor de la decisión técnica resulta insoslayable cuando nos enfrentamos a un problema de mero conocimiento objetivo; después de todo, la ingeniería estructural del puente no es materia de opinión ciudadana, sino de exactitud y cálculo. Sin embargo, el asunto deviene eminentemente político cuando de lo que se trata ya no es de una certeza determinable, sino de un ejercicio de interpretación: decidir dónde será mejor ubicado para dotar de equilibrio a la comunidad.

Ante esta encrucijada, la disyuntiva puede resolverse clausurándola desde arriba –una imposición puramente burocrática– o abriéndola mediante el debate. Un vecino, por ejemplo, podría argumentar que la obra debe instalarse lejos para evitar la contaminación acústica, mientras otro podría defender una ubicación distinta apelando a una mejor conectividad urbana. Ambas posturas son válidas; no reflejan un error de cálculo ni una contradicción ingenieril, sino una disputa por el sentido, esto es, una deliberación viva sobre lo que resulta genuinamente mejor para ese grupo humano en particular.

Como vemos, todo asunto social abriga, en potencia, esta “doble cara”. Determinar cuántos metros cuadrados necesita una persona para vivir dignamente es, en efecto, un problema técnico que podemos conocer con certeza; pero obligar a un grupo de pobladores a mudarse de un barrio que aman a cambio de un baño extra en la periferia, es una cuestión plenamente política y, por tanto, sujeta a discusión.

Aquí radica –digámoslo así– el nudo ciego de nuestras democracias representativas contemporáneas: su tendencia irrefrenable a tramitarlo todo bajo una lógica estrictamente instrumental, vaciando a los asuntos públicos de su indispensable deliberación. Nos enfrentamos a un sistema ahogado por una creciente oligarquización, donde una clase dirigente profesionalizada se escinde de los ciudadanos. A esto se suma una asfixiante burocratización institucional y la hegemonía de un prejuicio tecnocrático (la llamada “racionalidad delgada”) que reduce la política a una simple maximización de utilidades, relegando a la ciudadanía al rol de espectadora pasiva.

Ahora bien, frente a esta evidente crisis, el objetivo no es desechar la democracia representativa ni rendirse ante la quimera, a menudo paralizante, de una democracia directa pura. De lo que se trata, si se quiere usar una imagen gráfica, no es de botar el agua sucia con el niño adentro, sino de habilitar dos recipientes paralelos que dialoguen: las instituciones de la representación tradicional, por un lado, y el sistema de consejos, por el otro.

Para el caso chileno, la historia reciente nos ofrece un espejo nítido. Durante el estallido social de octubre de 2019, un fenómeno que a menudo queda ensombrecido por la espectacularidad de otros eventos fue precisamente la eclosión de cabildos y asambleas territoriales. En esos espacios se evidenció una notable vocación cívica y capacidad asociativa: las personas, justamente, deliberaban. Se reunían, como los vecinos del puente arendtiano, para ejercer esa deliberación colectiva sobre el destino común. El desafío estructural, no obstante, reside en que esta energía social, al carecer de anclajes formales que metabolicen la deliberación en el tiempo –esa nueva “forma-institución” arendtiana–, corre el constante riesgo de disiparse o ser cooptada por agendas polarizantes. Tal y como ocurre hoy en buena parte de las democracias occidentales, que lucen saturadas de tensiones, pero políticamente estériles.

Para constatar que la respuesta institucional a este déficit no es una mera abstracción teórica, basta observar la política comparada. En la actualidad, el uso de asambleas ciudadanas integradas por sorteo actúa como heredero directo del sistema de consejos de Arendt. Un ejemplo empíricamente documentado ha sido la experiencia de la República de Irlanda. A través de la Convención Constitucional (2012-2014) y la Asamblea Ciudadana (2016-2018), que sesionaron en recintos de Dublín, decenas de habitantes elegidos por estricto sorteo demográfico deliberaron sobre temas altamente complejos. Así, lograron procesar debates históricos, como el matrimonio igualitario o la derogación de la enmienda sobre el aborto, cuestiones que el parlamento tradicional (el Oireachtas), atrapado en sus lógicas electorales, había sido incapaz de resolver. Al quebrar la dinámica de las élites partidistas, estas asambleas crean un microcosmos deliberativo que complementa de forma virtuosa a la democracia representativa.

Por ello, el “gobierno de consejos” no debe leerse como un programa utópico ni como el reemplazo absoluto del parlamento. Es, más bien, un complemento institucional necesario. Reivindicar esta forma de autogobierno implica crear espacios permanentes –cavidades de libertad ciudadana– donde la opinión privada logre transmutarse en juicio público. Instancias que permitan oxigenar la política y asegurar que el poder, tal como exige el ideal republicano de potestas in populo, emerja efectivamente desde abajo.

Porque decidir sobre un puente, un barrio o la ciudad no es un trámite administrativo; es, ni más ni menos, la práctica viva de construir un mundo en común.