La deuda de los becarios y el debate que no se está dando

El lunes pasado, ante la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara, la ministra Ximena Lincolao resumió su propio informe con una frase que conviene tomar en serio, a saber, que “no hay recorte presupuestario, solo ajustes estratégicos y optimizaciones”.

Tiene razón, al menos en lo grueso. Las becas de doctorado en el extranjero y los programas nacionales siguen operando, y para 2027 el ministerio anunció la intención de aumentar en cincuenta los cupos de la beca nacional de doctorado. Lo que se mantiene suspendido es la convocatoria 2026 de magíster y postdoctorado en el extranjero. 

Lo que sí hubo fue un levantamiento de datos que ordena por primera vez la historia del programa. Entre 2008 y 2026 se adjudicaron 12.589 becas a 11.340 personas, con 688 mil millones de pesos ejecutados y beneficiarios en cuarenta países. Un 33% cumplió del todo sus obligaciones, un 46% está en período de gracia, retribución o con beneficios vigentes, y un 14%, esto es, 1.666 personas, mantiene incumplimiento declarado por cerca de 92 mil millones. El Estado ha recuperado 5.064 millones, un 7,3% de esa deuda, y hay 379 becas judicializadas por unos 15.100 millones. 

La pregunta que emerge de este cuadro no es si el gobierno recorta o no recorta. Es por qué un dato de gestión terminó operando como argumento de política. Tres dinámicas ofrecen algunas pistas.

Primero, la secuencia está invertida. La suspensión de los programas en el extranjero fue defendida en marzo, a propósito del recorte transversal de 3% anunciado para todas las carteras. El informe llegó después, tras las observaciones de la Dirección de Presupuestos y con la suspensión ya operando. Vale decir, el diagnóstico no antecede a la medida, la acompaña. Y una convocatoria cerrada no recupera un solo peso de quien hoy está en incumplimiento, porque afecta a una cohorte que aún no ingresa al sistema y deja intacta la situación que se declara problemática. 

Segundo, la proporción se lee al revés. De las 12.589 becas adjudicadas, un 86% se encuentra en beca cerrada, período de gracia, retribución o cierre. El 14% restante es el que ocupa los titulares. Frente a 688 mil millones ejecutados en dieciocho años, los 92 mil millones en incumplimiento bordean el 13% del total histórico, cifra que ningún sistema de crédito o retribución consideraría una anomalía extraordinaria. Más significativo es el otro número, ya que de lo recuperado solo 78 millones provienen de procesos judiciales concluidos. Eso no describe la conducta de los becarios, describe la capacidad de cobranza de la propia institucionalidad. Presentar como falla de los sujetos lo que es, en buena medida, una falla de diseño administrativo, resulta cómodo pero poco riguroso. 

Tercero, la cifra se tradujo a una imagen. La ministra graficó que recuperar toda la deuda permitiría construir cerca de 2.500 viviendas, nueve Cesfam o entregar 7.500 subsidios habitacionales. Es una imagen eficaz y por eso mismo hay que examinarla. Instala la formación de investigadores en competencia directa con la política social, convierte al becario en un beneficiario sospechoso frente a una familia sin casa, y desplaza la discusión desde qué capacidades científicas necesita el país hacia una contabilidad de agravios. 

Algo análogo, aunque más silencioso, ocurre puertas adentro. El concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027 abrió el 31 de julio y cierra el 3 de septiembre, con un monto máximo anual de 32.284.000 pesos más tres millones de gastos de instalación. Es exactamente el mismo monto de la convocatoria anterior, es decir, un congelamiento nominal que en términos reales opera como reducción sin anuncio.

Con todo, esto ocurre sobre un piso conocido, ya que la inversión en I+D se mantiene en torno al 0,36% del PIB, prácticamente inamovible desde hace dos décadas. 

Y ahí está el punto de fondo. Chile financia investigación casi exclusivamente por concurso. Fondecyt fue establecido en 1981 y comenzó a operar en 1982, o sea, pertenece al mismo ciclo que fragmentó el sistema universitario y trasladó el financiamiento desde las capacidades instaladas hacia los proyectos individuales. El ciclo anterior había construido otra cosa. El Consejo de Rectores en 1954 y Conicyt en 1967 respondían a una lógica de institucionalidad permanente, donde el Estado sostenía cuerpos académicos y no solo iniciativas de dos o tres años. La discusión actual reproduce ese marco sin interrogarlo, de modo que discutimos cupos, áreas prioritarias y tasas de retribución cuando lo que está en juego es si el instrumento concursable puede seguir siendo el eje casi único de una política de Estado. 

Esto importa porque el escenario que viene no es de expansión. El reflujo demográfico, la contracción de matrícula y el estancamiento del gasto en I+D anticipan que una parte del sistema universitario tendrá que redimensionarse en los próximos años, y que las instituciones regionales y de menor escala serán las primeras en hacerlo. Un sistema que financia proyecto a proyecto no amortigua nada en ese cuadro, porque el concurso perdido no se redistribuye, simplemente desaparece junto con la línea de trabajo que sostenía y con la persona que la ejecutaba.

Frente a eso, la agenda pendiente tiene tres piezas. La primera es un componente basal de financiamiento de investigación, con compromisos de desempeño verificables y diferenciados según la posición real de cada institución, cuyo propósito explícito sea proteger capacidad instalada durante la contracción y no premiar una vez más a quienes ya concentran la adjudicación.

Junto con ello, una gobernanza de ANID con contrapesos y participación institucional, que estabilice reglas más allá del ciclo ministerial. El ajuste que viene es un proceso de década, no de presupuesto anual, y las universidades no pueden planificar carreras académicas sobre bases que se redefinen cada marzo según la convicción de quien encabece la cartera.

Y, finalmente, corresponde salir del marco de capital humano. Ese marco supone que el problema es formar suficientes doctores y que el sistema los absorberá después, supuesto que dejó de ser plausible. El país cuenta hoy con 2.013 programas de postgrado, 1.569 magísteres y 444 doctorados, con un crecimiento de 75% en dieciséis años y un alza de 133,7% en los doctorados. Seguir optimizando ese flujo hacia un destino que se estrecha es administrar el problema, no resolverlo. La pregunta debe desplazarse desde cuántos doctores produce Chile hacia qué instituciones pueden sostener investigación de manera continua, con qué financiamiento y con qué vínculo verificable con el Estado y el sector productivo. 

Sin ese desplazamiento, cada gobierno seguirá ajustando enfoques sobre el mismo andamiaje, cada comunidad académica seguirá leyendo ese ajuste como amenaza existencial, y un incumplimiento del 14% seguirá explicando decisiones que nunca fueron sobre ese 14%.