¿Lucha de clases? El debate tras las contribuciones

Si respetan los templos y los dioses de los vencidos, los vencedores se salvarán.

Esquilo, Agamenón

En Chile, un hospital provincial de alta complejidad, según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, tiene un valor aproximado promedio de US $250 millones. Pongo esta cifra como marco de referencia para que la ciudadanía pueda visualizar concretamente el tamaño económico de la exención del pago de contribuciones propuesto por el gobierno del republicano José Antonio Kast en el mal llamado Plan de Reconstrucción Nacional.

La exención tributaria del pago de contribuciones a los mayores de 65 años (propietarios de viviendas de alto avalúo fiscal) costará al año aproximadamente US $220 millones a los municipios de Chile. Esta medida, cuesta casi un hospital anual y dará un golpe irreparable a las finanzas comunales de la mayoría de los 345 municipios cuyas finanzas dependen del Fondo Común Municipal.

Dos cuestiones de fondo surgen de esta propuesta. La primera, es que esta ley es absolutamente ideológica y, a pesar de las burlas del alcalde Sichel, es una ley totalmente clasista: con los impuestos de todos, se paga lo que dejan de pagar las mansiones de Chile.

El argumento del ejecutivo es falaz. Quiroz dice (no Kast): debemos pensar en los adultos mayores de Chile. Si este fuera legítimamente el caso, se estaría hablando de una mejora de las pensiones y de los servicios que día a día atienden a nuestros adultos mayores.

En este caso, la pirámide está invertida y para darle mayor fuerza a este argumento, esta medida se potencia con el resto de las rebajas tributarias para los millonarios de nuestro país (rebaja en el impuesto de primera categoría, integración tributaria, impuestos blandos para la repatriación de capitales, etc.). Es la política puesta al servicio de una clase social específica.

Suplir estas exenciones tributarias con cargo al Fisco y a los impuestos generales de la nación a través del Tesoro Público es el mayor atraco producido en democracia. Por lejos.

En simple, cada vez que usted trabaje y reciba su salario, y pague IVA –según la propuesta del gobierno–, parte de ese trabajo remunerado irá a suplir, en alguna proporción, la mantención y los servicios de las comunas más pudientes de Chile.

La segunda cuestión de fondo, es que este debate desnaturaliza lo que significa hacer ciudad. Una vivienda no flota en el éter ni genera riqueza en el vacío. Los altísimos valores de sus plusvalías son proporcionales al valor de uso de una ciudad. Son resultado directo de las inversiones públicas de su entorno: el alumbrado, las áreas verdes, la vialidad y, a propósito de la implementación de la Ley de Seguridad Municipal, la seguridad vecinal con los altos valores de implementación.

¿Quién pagará la cuenta en los barrios donde se deja de pagar contribución? ¿Por qué el IVA de la vecina que compra el pan en Lo Espejo tiene que pagar esa cuenta?

El corazón ideológico de la propuesta de Kast es perverso por estas mismas consideraciones: privatiza la plusvalía de las mansiones, pero socializa el costo de mantener su entorno.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, se estima que Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea recibirán por concepto de compensación estatal (con impuestos generales) cerca de $30.000 millones de pesos anuales y, en cambio, otras comunas (como Lo Prado y San Ramón) cerca de $4 millones. Si nuestras ciudades ya son segregadas y la injusticia territorial es la norma, esta reforma va a profundizar aún más esa situación.

En resumen, no son las izquierdas la que impulsan la lucha de clases, es el Ejecutivo con sus leyes para algunos pocos: solo 1% de la población nacional (incluyendo a sus ministros multimillonarios) serán beneficiarios de esta reforma tributaria regresiva. El resto pagará la cuenta y sufrirá los recortes en las políticas sociales y disminución de capacidades del Estado.

Vamos al caso de Viña del Mar y las contribuciones. Nuestra comuna será una de las más afectadas por esta medida, debido a su singular situación tributaria. Viña del Mar, la Ciudad Jardín, que históricamente ha sido atractiva para adquirir viviendas, recaudó en 2025, $69.042 millones en Impuesto Territorial (contribuciones) y de esos recursos, el 60%, según la Ley de Rentas Municipales, va al Fondo Común Municipal. Esto significa que Viña del Mar aporta $41.425 millones al fondo solidario, siendo su dependencia de dicho fondo cercana al 11%. Por tanto, esta medida, le da en el corazón a la comuna más turística de Chile y afectará, sin dudas, a su industria hotelera y gastronómica.

Con la propuesta de Kast serán 9.929 propiedades que quedarán exentas del pago de contribuciones, generando un perjuicio económico sin precedentes. Sumado esto a la magra licitación del Casino de Viña del Mar, el panorama es desolador para nuestras finanzas municipales.

Finalmente, desde Viña del Mar decimos que, si quieren meterle mano a los bolsillos de los chilenos, que el aporte estatal propuesto por el Ejecutivo vaya directamente al Fondo Común Municipal, sin letra chica, y que dicho aporte no salga del IVA. Si no, en la próxima discusión de la Ordenanza de Derechos, las patentes, los permisos y todos los tributos que una comuna puede gravar irán directamente al alza.