Guerra cultural fría

En Chile la discusión sobre el gobierno de José Antonio Kast suele plantearse como una alternativa. O pertenece a la misma familia política de Trump, Milei, Bolsonaro y Orbán; o es una versión pragmática del gremialismo, legalista, técnica y respetuosa de la institucionalidad democrática. Tal vez esta alternativa oculta lo esencial. ¿Y si el gremialismo no fuese la moderación de una orientación de ultraderecha, sino el repertorio institucional que le permite gobernar?

Una cosa es la orientación ideológica; otra, la tecnología política mediante la cual se vuelve efectiva. Las ideologías no llegan intactas al gobierno: se traducen a las tradiciones e instituciones disponibles. Una eventual vía chilena al ultraderechismo no tendría por qué copiar la teatralidad de Trump ni la estridencia de Milei. Podría ser administrativa, legalista y, como suele decirse en Chile, bastante más “fome”.

La tradición gremialista ofrece precisamente ese repertorio. Su fuerza histórica no residió solo en convicciones conservadoras, sino en su capacidad de inscribirlas en reglas, diseños institucionales y mecanismos capaces de sobrevivir a las coyunturas. En su versión contemporánea, puede traducir preferencias normativas al lenguaje de la evidencia, la eficiencia, la productividad o la necesidad nacional. El pragmatismo técnico no elimina la política. Puede volverla menos visible y, por eso mismo, más administrable.

La política científica permite examinar esta hipótesis. La forma caliente de la guerra cultural acusa a las universidades de wokismo, denuncia a los estudios de género o declara inútiles a determinadas disciplinas. Construye un adversario y moviliza públicamente contra él.

Pero también puede existir una guerra fría de la política: el conflicto se enfría en criterios de elegibilidad, prioridades presupuestarias y reglas de asignación. No se intervienen directamente los contenidos; se modifican las condiciones bajo las cuales podrán seguir produciéndose.

Para identificar la novedad hay que distinguir tres procesos.

El primero es la parametrización de la ciencia. Desde hace décadas, la producción académica se convierte en artículos, indexaciones, citas, rankings e indicadores comparables. La literatura científica ha estudiado ese control by numbers: afecta al conjunto de las disciplinas, aunque deforma especialmente a ciencias sociales y humanidades, cuyos libros, archivos, ensayos o intervenciones públicas no siempre caben cómodamente en la unidad estandarizada del paper. La pregunta aquí es: ¿cuánto produces y cómo lo medimos?

El segundo proceso es la exigencia de utilidad. Ya no basta con producir según parámetros estandarizados. Hay que demostrar innovación, transferencia, aplicación, impacto económico o capacidad de resolver problemas. Eleonora Belfiore ha hablado de una economic doxa: una concepción del valor que obliga especialmente a artes y humanidades a justificar su existencia en términos construidos fuera de ellas. Algo semejante ocurre con las ciencias sociales cuando deben presentarse como instrumentos para la productividad, la empleabilidad o la mejor gestión. La pregunta pasa a ser: ¿Para qué sirve lo que produces?

Ninguna de estas dos transformaciones comenzó con el actual gobierno. Son parte de una larga managerialización de las universidades: una disciplina cómo producir; la otra, cómo justificar la producción.

La novedad está en una tercera operación: la priorización político-estratégica de recursos antes destinados a todas las áreas del conocimiento. Ya no se pregunta solamente cuánto produce un campo ni para qué sirve. Se decide previamente si pertenece a aquello que el país considera necesario financiar. Focalizar postdoctorados, becas doctorales y fondos en “áreas prioritarias” puede ser perfectamente defendible. Así se lo hace en relación con proyectos colectivos, como Fondap o Milenio. Los recursos son escasos y ningún Estado puede financiarlo todo de la misma manera. El problema no reside necesariamente en cada prioridad, sino en el efecto acumulativo de la lista y de sus omisiones. La diferencia es crucial: la parametrización disciplina a los campos existentes; la exigencia de utilidad los obliga a traducirse; la priorización estratégica redistribuye el futuro entre ellos.

Las ciencias sociales pueden seguir presentes, pero bajo formas crecientemente instrumentales: capital humano, productividad, seguridad, justicia, políticas públicas. Pierden espacio las preguntas que no solo buscan realizar esos objetivos, sino discutir qué entendemos por productividad, seguridad, justicia o desarrollo.

Las humanidades enfrentan una dificultad aún mayor. Su aporte rara vez puede presentarse como innovación tecnológica o respuesta inmediata a una emergencia. No se dice necesariamente que sean falsas o inútiles. Se sugiere algo más silencioso: que hay otros saberes más urgentes.

Ahí comienza a adquirir sentido la idea de una guerra cultural tecnocratizada. Habermas llamó “conciencia tecnocrática” a la operación mediante la cual conflictos sobre fines y valores aparecen como problemas técnicos sobre medios. La pregunta política —¿Qué conocimientos queremos producir y qué sociedad queremos construir?— puede sustituirse así por otra aparentemente instrumental: ¿Cómo asignar eficientemente recursos escasos? Pero la segunda termina respondiendo la primera. Boltanski permite dar un paso más. Su “dominación por la realidad” describe la fuerza que adquiere una preferencia cuando deja de presentarse como elección y aparece como exigencia de las cosas mismas. Escasez, innovación, productividad, seguridad o competencia tecnológica parecen simplemente obligar a priorizar.

“Menos ciencias sociales” sería una consigna ideológica, polémica y fácilmente impugnable. “Chile necesita más ciencia estratégica” reclama otra autoridad: la de la evidencia y la necesidad. La selección permanece, pero quien selecciona se vuelve menos visible y reprochable.

La investigación sobre instrumentos de política pública muestra, además, que estos no son recipientes neutrales. Una clasificación, una regla de elegibilidad o una fórmula de financiamiento no se limitan a ejecutar decisiones: distribuyen recursos, organizan actores y contribuyen a producir la realidad sobre la que después actúan.

Una prioridad científica puede, en ese sentido, ser performativa. Los campos favorecidos reciben becas, investigadores, infraestructura y redes; fortalecidos por esas decisiones, pueden mostrar posteriormente su capacidad como evidencia de que eran efectivamente estratégicos. Los postergados pierden recursos y su debilitamiento puede terminar pareciendo confirmación de su menor importancia.

No se trata de convertir toda focalización en guerra cultural ni de imaginar una conspiración contra las ciencias sociales y las humanidades. La cuestión interesante no está en las intenciones secretas, sino en las afinidades y efectos acumulativos: quién obtiene becas, proyectos y puestos; qué departamentos pueden renovarse; qué preguntas conservan instituciones capaces de sostenerlas; quién podrá formar a quienes vienen después.

Ahí está la diferencia entre una política científica sectorial y una guerra cultural tecnocratizada. La primera prioriza reconociendo abiertamente los costos y preservando suficiente pluralismo. La segunda convierte una determinada jerarquía cultural en resultado aparentemente inevitable de criterios técnicos. No necesita intervenir universidades ni vigilar contenidos. Gobierna sus condiciones de reproducción. Su eficacia consiste en desacoplar el efecto cultural de su justificación cultural. El efecto puede ser fortalecer unos saberes y debilitar otros. La justificación permanece fiscal, productiva, científica o administrativa. 

Por eso esta modalidad puede resultar incluso más eficaz que la guerra cultural estridente. El ataque frontal identifica al adversario y puede movilizar su defensa. La censura reconoce que un saber es peligroso. La priorización tecnocrática hace algo diferente: entrega el mensaje de que es prescindible. Quien es censurado puede denunciar al poder. Quien es considerado irrelevante debe comenzar por demostrar que merece existir.

En Fahrenheit 451, Ray Bradbury imaginó un régimen que quemaba libros. La modalidad fría no necesita hogueras. Los libros pueden permanecer en los estantes mientras disminuyen las becas, los puestos y las instituciones que permiten leerlos, discutirlos y producir otros a partir de ellos. No se prohíbe una pregunta. Se reducen las condiciones para que mañana exista alguien capaz de formularla.

Por eso el debate sobre Kast no se resuelve escogiendo entre ultraderecha y herencia pragmática del gremialismo. Una expresión designa una orientación; la otra, el repertorio que puede volverla institucionalmente eficaz. La herencia gremialista no necesariamente modera la radicalidad. Puede enseñarle a hablar el idioma que las instituciones chilenas consideran razonable.

Esa sería la vía chilena: menos gritos, más criterios; menos enemigos declarados, más prioridades; menos guerra cultural caliente, más guerra fría de la política. No haría falta quemar libros. Bastaría con decidir, bajo la autoridad de la necesidad nacional, qué saberes merecen tener futuro.