Temporales, municipios, adaptación y megarreforma

El temporal de julio no fue el final. El 2 de agosto, el Senapred reportó dos muertos en Panguipulli, seis mil aislados y diez alertas rojas. El balance previo sumaba trece fallecidos. Frente a esas cifras, el lenguaje no es inocente: “desastre natural” borra responsabilidades. Detrás de esa fórmula “técnica” se esconde una “política” que reparte presupuestos y muertos.

Conviene nombrar el momento: Antropoceno. La actividad humana es hoy una fuerza geológica que altera ciclos del carbono, nitrógeno y agua. El “telón de fondo estable” ya no existe. Un temporal no es una causa aislada, sino un nodo donde convergen megasequía, deforestación, urbanización de quebradas, vivienda precaria y océano más cálido. Leerlo linealmente es el error que impide adaptarse.

Chile es estructuralmente vulnerable: la Ley 21.455 reconoce que el país cumple siete de los nueve criterios de vulnerabilidad de Naciones Unidas: costas bajas, zonas áridas y semiáridas, cobertura forestal expuesta al deterioro, propensión a desastres, sequía y desertificación, contaminación atmosférica urbana y ecosistemas de montaña.

Adaptarse no es una virtud cultural, es una capacidad estatal. Requiere drenaje, relocalización, planes reguladores, catastros y municipios con equipos técnicos. Todo se paga con recursos públicos. Países Bajos destina 29.000 millones hasta 2050 a un fondo permanente; Francia planifica sobre +4 °C al 2100 con 1.560 millones en su primer año. Ambos declaran que es insuficiente. La correlación es clara: los Estados que se toman en serio la adaptación son los que más recaudan. Chile recaudó 20,6% del PIB en 2023, trece puntos bajo la media OCDE.

Contra esa evidencia, el 16 de julio el Senado aprobó la megarreforma de Kast, con márgenes mínimos y 56% de rechazo ciudadano. Rebaja el impuesto de primera categoría del 27% al 23%. Pero lo central no solo es la rebaja, sino la invariabilidad: un blindaje que “congela” las condiciones tributarias de grandes proyectos por hasta veinte años, reservando el tramo más largo para inversiones sobre 350 millones de dólares. Mientras Francia planifica con +4 °C, Chile fija su horizonte en una tasa: 23% hasta 2046. Uno se construye sobre la evidencia; el otro la excluye por diseño, reviviendo el DL 600 de la dictadura.

El capítulo ambiental acorta de dos años a seis meses el plazo para invalidar autorizaciones y permite indemnizar al empresario si un tribunal revoca una RCA. El control judicial se vuelve pasivo fiscal: anular un error genera una deuda. El incentivo se invierte contra el Estado.

El golpe más directo impacta el financiamiento de los municipios. La ley 21.364 les exige planes de emergencia y reducción de riesgo; son ellos quienes evacúan, albergan y catastran. La reforma afecta sus ingresos al eximir de contribuciones a las viviendas de mayor valor de adultos mayores, sin distinguir ingresos —una pérdida que, según proyecciones, alcanzaría el 35% del aporte al Fondo Común Municipal, equivalente a unos US$ 70 millones anuales. 

La compensación, aprobada vía presupuesto general por $190 mil millones, no repone la totalidad de lo perdido y, más relevante aún, reemplaza un mecanismo de solidaridad territorial (el FCM, que redistribuye en función de las necesidades de cada comuna) por asignaciones que se definen desde el nivel central, atadas a la recaudación previa de cada municipio. Eso no es una simple baja de recursos: es la institucionalización de la desigualdad, porque premia a las comunas que ya tienen mayor base imponible y castiga a las que más necesitan, justo cuando dos temporales consecutivos exigían todo a los municipios. La oportunidad abierta en medio de la emergencia para fortalecer el financiamiento local terminó consagrando una lógica regresiva. Debilitar al municipio es desarmar el territorio donde la crisis se administra.

Blindar la inversión, encarecer el control y adelgazar al municipio responden a una misma reconfiguración. Bourdieu describió al Estado con dos manos: la derecha es el control y el castigo, la izquierda son las políticas sociales. La adaptación climática es trabajo de la mano izquierda, y es esa la que se desmonta.

Chile consagró el principio de no regresión. Un municipio sin recursos para catastrar es una regresión, aunque no se toque una norma ambiental. Chile y Colombia pidieron en 2023 una opinión consultiva a la Corte IDH; en 2025 la Corte reconoció obligaciones exigibles de adaptación (OC-32/25). Ese año, la CIJ declaró que incumplirlas es un ilícito internacional. El Estado que cosolicitó esa jurisprudencia es el que hoy congela su recaudación y debilita a sus municipios.

Los dos temporales no son un paréntesis: son lo que se aproxima. Cada factura se paga con gasto público en adaptación —drenaje, relocalización, catastros, equipos municipales—, exactamente lo que la reforma limita. Un gobierno que asiste zonas anegadas mientras debilita las herramientas para evitarlas no está desatento: está tomando una decisión fundada en el mismo sesgo ideológico que lo lleva a creer que reducir la base imponible de quienes más tienen terminará aumentando la recaudación. Esa convicción, sin embargo, contradice la evidencia empírica. Pero no es un error de cálculo: es una opción política que, bajo la apariencia de certeza, externaliza el costo del “desastre” hacia los territorios más frágiles.

Lo aprobado en julio —quiero decir— no es un ajuste fiscal: es una reconfiguración del Estado que desmantela la capacidad material de Chile para adaptarse a la crisis climática. Se legisla como si el Antropoceno no existiera. La invariabilidad colisiona con la variabilidad del clima. Es una renuncia deliberada a cuidar. El clima ya cambió. Lo que se decide mal es quién pagará la factura. Y la decisión de blindar hoy la inversión a costa de “achicar” al Estado no es solo injusta con los vivos: es una condena intergeneracional. Quienes firman esa invariabilidad estarán muertos cuando el costo llegue —con intereses— a quienes no han nacido, que no eligieron heredar un Estado desmantelado para enfrentar el siglo más incierto de la historia humana y no-humana.