Opinión
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La ilusión del progreso sin ciencias ni pensamiento crítico
Aceptar sin contrapeso que el 70% de los recursos públicos se concentre de manera arbitraria en “ejes prioritarios” aplicados, mientras se deprime el financiamiento basal y la investigación abierta, equivale a validar consecuencias que después no podremos revertir.
En las últimas semanas han circulado numerosas cartas y columnas de opinión en respuesta a las últimas decisiones de la ministra Lincolao en la cartera de Ciencia. Quienes trabajamos a diario en el sistema científico y universitario compartimos, sin embargo, una certeza amarga: las expresiones de indignación no van a detener una agenda guiada por una lógica de eficiencia corporativa.
La administración actual opera bajo una premisa preocupante: considerar a la ciencia como un simple insumo de producción a corto plazo y a las universidades como proveedoras de servicios técnicos. Para avanzar en esta visión no solo se ha marginado a las humanidades y asfixiado a las ciencias sociales; se ha excluido también a las ciencias matemáticas y físicas de los focos prioritarios, una decisión que evidencia una profunda incomprensión de los procesos de innovación y que amputa la base fundamental de cualquier desarrollo tecnológico e industrial sostenible.
Lo más alarmante de esta coyuntura no es solo la impunidad con la que actúa la autoridad, al omitir la gobernanza histórica del Consejo de Rectores (CRUCH) y adoptar medidas unilaterales sin participación territorial ni académica. Es también la propia pasividad del mundo universitario. Como comunidad nos hemos acostumbrado a resistir en silencio, adaptándonos burocráticamente a las bases de concurso de turno y asumiendo la precarización como un costo inevitable del ejercicio científico.
Aceptar sin contrapeso que el 70% de los recursos públicos se concentre de manera arbitraria en “ejes prioritarios” aplicados, mientras se deprime el financiamiento basal y la investigación abierta, equivale a validar consecuencias que después no podremos revertir.
La primera es la ilusión de la innovación sin ciencia básica. Pretender que Chile desarrollará tecnología de punta, inteligencia artificial o transición energética amputando las matemáticas y la física pura es un sinsentido conceptual. Sin investigación fundamental no existe frontera del conocimiento, sino mera adaptación de tecnología importada.
La segunda es la degradación de la misión universitaria. Ningún proyecto industrial prospera en el vacío social. Desmantelar las ciencias humanas y sociales priva a la nación de la ética, la historia, la gobernanza, el análisis territorial y la licencia social indispensables para cualquier transformación productiva. La universidad deja de ser el espacio donde una sociedad se piensa a sí misma para transformarse en un apéndice de la planificación industrial inmediata.
La tercera es la captura reduccionista de la agenda científica. Permitir que la autoridad determine unilateralmente qué disciplina es útil y cuál no, sin contrapesos institucionales ni evidencia técnica, responde a una mirada cortoplacista que ignora la naturaleza misma del descubrimiento. Las mayores innovaciones de la humanidad no surgen de la urgencia inmediata, sino del cruce impredecible de temporalidades múltiples, donde la investigación libre siembra hoy el conocimiento que sostendrá al país mañana.
La indignación pasiva no es neutral; en la práctica, actúa como complicidad. No es posible seguir respondiendo con cortesía burocrática a decisiones que desmantelan la arquitectura intelectual de la nación. Las universidades y el sistema de CTCI constituyen el patrimonio cognitivo y democrático de todo Chile, no un recurso de corto plazo.
Ha llegado el momento de romper la inercia en facultades, centros de investigación y asociaciones gremiales. La ciencia y la universidad no se defienden solicitando concesiones; se defienden ejerciendo con firmeza su rol crítico y exigiendo una rectificación inmediata a esta política de reasignación presupuestaria.
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