Lincolao y la ideología del dato

La forma más eficaz de relegar un saber puede ser no atacarlo. Las nuevas bases del Fondecyt de Postdoctorado permiten destinar hasta el 70% de las adjudicaciones a diez áreas prioritarias. Las humanidades y las artes no figuran como áreas propias; las ciencias sociales aparecen sobre todo cuando se traducen a capital humano, productividad, seguridad, justicia o políticas públicas. Frente a las críticas, la ministra Ximena Lincolao respondió: “Acá no hay ideología, acá solamente hay datos”.

La frase parece tranquilizadora. Nadie estaría diciendo que la filosofía es inútil, que la sociología es de izquierda o que no son rigurosas. Solo se afirmaría que, dadas las necesidades actuales de Chile, otros conocimientos deben recibir prioridad. Pero precisamente ahí está la novedad: después de años de sospechas, ahora estas disciplinas pueden ser relegadas sin atribuirles defecto alguno. No se las descalifica. Se las desprioriza.

Cuatro maneras de sospechar

Conviene mirar las críticas que precedieron este giro. La primera fue utilitarista. Sebastián Edwards propuso en 2024 reducir casi a cero, durante algunos años, las Becas Chile en humanidades para privilegiar ingenieros y científicos aplicados. José Antonio Kast expresó luego la misma gramática con la imagen de investigaciones costosas que terminan en “un libro precioso, empastado” sin generar empleos. El valor del conocimiento queda subordinado al retorno productivo inmediato.

La segunda sospecha fue ideológico-cultural. Kast propuso en 2021 cerrar FLACSO, a la que calificó como reducto de activismo político. Axel Kaiser ha descrito universidades y facultades de humanidades como espacios capturados por activistas de izquierda radical. Edwards, por su parte, distinguió las Humanidades de unas “humanidades” cooptadas por teoría crítica, feminismo radical y otras ideologías.

Pablo Ortúzar ha formulado la intervención más elaborada porque articula esa sospecha con otras dos. En “Ciencia y política” no se limita a denunciar militancia. Sostiene que las ciencias sociales y las humanidades carecen de la unidad epistemológica que permite a las ciencias exactas acumular conocimiento bajo reglas compartidas; que su fragmentación hace más fácil presentar activismo como investigación; y que nociones como revisión de pares u objetividad no pueden reclamar allí el mismo alcance. Añade luego una sospecha institucional: durante el estallido y los procesos constitucionales habría quedado expuesta una academia “altamente militante”, habituada a una cámara de eco, que además “controla y acapara” buena parte de los recursos públicos de sus áreas.

Ortúzar no afirma simplemente que algunos académicos sean militantes. Construye un argumento más ambicioso: la estructura epistemológica de estos campos tendría menos capacidad para separar conocimiento y activismo, mientras su homogeneidad política comprometería los mecanismos que validan y financian la investigación.

En Lo que callan los sociólogos da un paso adicional. Primero reconoce que la sociología es útil porque permite a una sociedad observarse, gobernarse y criticarse. Precisamente desde esa definición afirma luego que “la mayoría de los sociólogos son de izquierda”: existiría una afinidad entre el proyecto de racionalizar reflexivamente el orden social y tradiciones racionalistas ligadas a la izquierda y a sectores ilustrados. El punto problemático no es constatar que muchos sociólogos puedan ser de izquierda. Es convertir esa distribución política en atributo explicativo de la disciplina y, desde ahí, volver sospechosa su observación de la realidad. La sospecha ya no recae sobre una investigación, una escuela o un académico. Recae sobre la sociología.

La cuarta sospecha es institucional. Ya no se pregunta qué producen estas disciplinas, qué ideología contienen o cuán científicos son sus métodos, sino quién controla los mecanismos que validan el conocimiento y distribuyen recursos. Ortúzar sostuvo que una academia “altamente militante”, habituada a funcionar como cámara de eco, puede reproducir su homogeneidad mediante evaluaciones, nombramientos y concursos, hasta “controlar y acaparar” buena parte de los fondos de sus propias áreas. La sospecha tuvo una traducción política concreta cuando diputados de RN propusieron restringir temporalmente el acceso de exautoridades a Fondecyt después de las adjudicaciones obtenidas por Lucía Dammert y José Miguel Ahumada. No se había acreditado irregularidad alguna en los procesos de evaluación; la cercanía de ambos con el gobierno anterior bastó para poner bajo sospecha al sistema. El movimiento vuelve a ser generalizante: de la posibilidad de redes, afinidades o conflictos de interés se pasa a dudar de la imparcialidad de las instituciones académicas en su conjunto.

Aunque tienden a hermanarse, las críticas difieren. Comparten sí una operación: generalizan. De algunos trabajos considerados irrelevantes se pasa a la inutilidad de campos completos; de investigadores militantes, a la ideología de una disciplina; de controversias metodológicas, a su cientificidad; de posibles redes o sesgos, a la captura de sus instituciones. Del caso se pasa al campo. La carga de la prueba se invierte: las ciencias sociales y las humanidades deben demostrar permanentemente que sirven, que no son ideología, que son ciencia y que sus instituciones son legítimas.

Cuando ya no hace falta criticar

Pero la política actual cambia esa gramática. Ya no necesita afirmar que estas disciplinas son inútiles, izquierdistas, mala ciencia o espacios capturados. Puede reconocer su valor y concluir, sin embargo, que otros conocimientos son más necesarios. Las cuatro sospechas anteriores identificaban un defecto. La quinta prescinde de la acusación y reduce directamente sus posibilidades futuras.

“La mayoría de los sociólogos son de izquierda” es una afirmación generalizante cuyo autor resulta visible. “Los datos indican que Chile necesita otras ciencias” parece una constatación que nadie decidió. En la primera se ve desde dónde se habla; en la segunda parece hablar la realidad misma, el dato decide.

La ideología del dato

Pero ¿puede un dato decidir una prioridad? Puede mostrar cuántos doctores no encuentran empleo, dónde faltan especialistas, cuánto dinero existe o qué formación demanda el mercado. No puede decidir cuánto pluralismo disciplinario debe preservar Chile, qué saberes necesitaremos dentro de veinte años ni qué entendemos por utilidad pública.

Los mismos datos admiten políticas distintas. Ante doctores desempleados puede reducirse su formación, pero también mejorar su inserción, ampliar la investigación o aumentar su presencia fuera de las universidades.

Un dato describe una situación. Una prioridad jerarquiza fines. Entre ambas operaciones hay necesariamente política.

La literatura especializada lo ha mostrado: ningún dato llega desnudo. Antes hubo que decidir qué contar, cómo clasificar y para responder qué pregunta. Borges lo comprendió en Funes el memorioso: recordar cada detalle del mundo no equivale a pensar. La información no elimina la necesidad de seleccionar, abstraer y juzgar.

Que una ministra de Ciencia presente una decisión sobre qué conocimientos financiar como ajena a valores y opciones políticas porque “solo” responde a datos no refuta la necesidad de las ciencias sociales y las humanidades. La demuestra.

Son precisamente esos saberes los que, entre muchas otras cosas, preguntan quién construyó una categoría, qué deja fuera un indicador, qué horizonte temporal se eligió, qué concepto de desarrollo organiza una prioridad y qué decisión desaparece cuando una política se presenta como simple obediencia a los hechos.

Ahí está la ideología del dato. No en los datos mismos, que son indispensables, sino en la pretensión de que pueden ahorrarnos el juicio político. El dato informa; no jerarquiza fines. Describe restricciones; no decide qué sociedad queremos.

La paradoja es entonces notable: al afirmar que para decidir el futuro de la ciencia no hacen falta ideología, valores ni política, sino solamente datos, Lincolao ofrece involuntariamente uno de los mejores argumentos sobre la necesidad de las disciplinas que su política desprioriza. Necesitamos ciencias sociales y humanidades, entre otras cosas, para que nadie pueda convertir una decisión política en la voz de la realidad y luego asegurar que él simplemente estaba escuchando.