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Los patriotas de Miami Opinión Archivo

Los patriotas de Miami

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Álvaro Ramis Olivos
Por : Álvaro Ramis Olivos Teólogo, doctor en filosofía, Presidente Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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Este gobierno llegó al poder hablando de patria, de bandera y de Fuerzas Armadas. Su patriotismo se muestra exigente con los migrantes pobres y con los tratados de derechos humanos, y complaciente cuando quien pide algo es poderoso y despacha desde Florida.


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El 22 de septiembre, en Nueva York, el presidente Kast anunció que Chile dejaba de ser observador del Escudo de las Américas y pasaba a integrarlo como miembro pleno, en una reunión del bloque presidida por Donald Trump. La iniciativa había nacido el 7 de marzo en Trump National Doral, un resort de golf de propiedad del presidente estadounidense a minutos de Miami, y Kast asistió a esa cumbre cuando todavía era presidente electo. Lo de septiembre fue la formalización de un compromiso adquirido medio año antes en casa del anfitrión.

El gobierno insiste en que no hay motivo de alarma porque no se firmó un tratado ni se cedieron facultades. A mi juicio, la falta de tratado agrava el asunto, porque deja el compromiso fuera del Congreso y sin reglas de salida, sujeto a lo que decida quien convoca. Y lo que se convoca está escrito en la declaración de marzo, que obliga a los aliados a contener las influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio. En Cancillería todos saben a qué país se refiere esa frase.

El daño mayor se juega en la economía. La política exterior chilena ha estado siempre amarrada a la política de desarrollo de un país que vive del comercio global, y buena parte de la posición que Chile alcanzó en la región se explica por haber cultivado al mismo tiempo buenas relaciones con Washington y con Beijing. Somos uno de apenas seis países con tratados de libre comercio con ambos, cerca del 40% de las exportaciones va a China y Estados Unidos sigue siendo el mayor inversionista. Esa doble entrada le ha permitido a un país pequeño negociar mejores condiciones con cada uno. Cuando un país necesita autorización para elegir socio, llega debilitado a cualquier mesa.

Esa autorización ya se viene exigiendo desde hace tiempo. En enero se canceló el observatorio de Cerro Ventarrones, acordado entre la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Astronómico Nacional de China, luego de que la embajadora estadounidense advirtiera que podría servir para seguir satélites. Se trataba de una inversión cercana a los 80 millones de dólares en el país que concentra buena parte de la observación astronómica del planeta. Después vino el Chile-China Express, un cable de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong que evitaba las rutas bajo influencia estadounidense. Washington respondió revocando las visas del ministro de Transportes, del subsecretario de Telecomunicaciones y de su jefe de gabinete, junto con las de sus familiares directos, y en marzo el embajador Brandon Judd dio el proyecto por terminado, como si la decisión le correspondiera a él.

Todo eso ocurrió antes del Escudo y frente a un gobierno que se resistía. Con la adhesión, la cláusula sobre influencias extranjeras pasa a ser un compromiso asumido por Chile. Las licitaciones de datos, los proyectos de litio, los puertos o los centros de cómputo con capital asiático quedarán bajo una sospecha que administra otro gobierno. Habrá menos oferentes y peores condiciones, y la política industrial se diseñará pensando en cómo se leerá en Florida.

El frente militar suma otro riesgo. La Marina estadounidense hunde embarcaciones pesqueras frente a Ecuador con el visto bueno de ese gobierno, sin que se exhiban pruebas de que transporten droga. Cabe preguntarse si alguien quiere ver lo mismo frente a Coquimbo, Antofagasta o Arica. Las propias Fuerzas Armadas chilenas se han mostrado reacias a participar en operaciones conjuntas de ese tipo y quienes conocen el tema saben que a los carteles se los enfrenta con inteligencia financiera, levantamiento del secreto bancario y cooperación entre la PDI y el FBI, mucho más que con operaciones pensadas para las redes sociales.

Creo que estamos ante la amenaza más grave a la soberanía chilena en 100 años. La crisis del Beagle en 1978 y las pretensiones argentinas sobre el Atlántico Sur fueron serias, pero se trataba de disputas territoriales con un rival identificable, y en ningún momento pusieron en duda la capacidad de Chile para decidir con quién comercia, qué infraestructura construye o a quién considera su enemigo. La intervención estadounidense de 1970-73 fue gravísima, aunque se hizo contra un gobierno constitucional que defendió su autonomía hasta el final. Lo inédito de hoy es que un gobierno electo cede esa autonomía por iniciativa propia.

El destinatario de esa cesión tampoco es el Estado norteamericano, que tiene Congreso, tribunales y una burocracia con memoria institucional. Kast se subordina a Mar-a-Lago, es decir, a la persona de Trump y a su entorno. El Escudo se lanzó en un negocio privado del presidente, sus integrantes fueron invitados por afinidad con él y funciona con la lógica de una corte, donde la lealtad se demuestra con gestos y la protección dura mientras el jefe esté conforme. Cuando Trump deje el poder, Chile seguirá vendiendo cobre a Asia desde el Pacífico, con menos socios y una reputación de neutralidad que costará años recuperar.

Este gobierno llegó al poder hablando de patria, de bandera y de Fuerzas Armadas. Su patriotismo se muestra exigente con los migrantes pobres y con los tratados de derechos humanos, y complaciente cuando quien pide algo es poderoso y despacha desde Florida. Durante décadas Chile supo decir que no cuando le convenía, y eso le dio respeto y oportunidades. Kast renunció a esa capacidad sin que nadie se lo pidiera.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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